A la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que apenas hace un mes tiene adscrito el Instituto Andaluz de la Juventud, se le han atragantado al menos dos de los nuevos nombramientos al frente de los organismos que dirigen las políticas públicas dirigidas a los jóvenes andaluces. José Antonio Aybar, nuevo coordinador provincial del IAJ en Granada, ha sido acusado este fin de semana de tener “pasado LGTBIfóbico” mientras que este martes ha trascendido que Adela Jiménez, recientemente al frente del IAJ en Sevilla, fue condenada por la justicia por una deuda de 170.000 euros.
Respecto a Aybar, que salía al paso el domingo con un tuit en el que presume de la relación con su pareja homosexual, la asociación Adriano Antinoo ha reclamado su dimisión o cese por tener actuaciones “incompatibles con la función institucional que debe desarrollar frente al IAJ”. La asociación LGTBI se refirió a un vídeo en el que se ve a Aybar escupiendo en una manifestación del Orgullo en que es abucheado con otros militantes de la formación naranja y a unos comentarios que hizo sobre la organización de los actos, también del Orgullo, en Granada en 2019, aún con gobierno local socialista, a través de redes sociales.
Adelante Andalucía se sumaba este lunes a la petición de cese de Aybar. Para la parlamentaria granadina y portavoz de Igualdad, Ana Villaverde, su nombramiento “deja en evidencia las contradicciones del Gobierno andaluz y, en concreto de Ciudadanos” pues, a su entender, “los mismos que exigen participar de pleno derecho en las movilizaciones a favor de los derechos del colectivo Lgtbi, no solo tienen en su seno a personas claramente homófobas en sus opiniones y en su comportamiento”.
Por su parte, según adelanta este martes Diario de Sevilla, la nueva responsable del IAJ en Sevilla, Adela Jiménez, fue condenada en febrero de 2018 por un juzgado de primera instancia a abonar a otra persona más de 170.000 euros en un pleito de reclamación de cantidad, cuya sentencia fue publicada en BOJA. Jiménez ha dicho al periódico que se trató de un asunto “particular” y “cerrado”, y que nada tiene que ver con su trayectoria política, ligada a Ciudadanos.