La Unidad de Salud Mental Comunitaria de Osuna representaba a las claras el éxito en la gestión pública de la sanidad, descentralizada y enfocada en un servicio cercano para la ciudadanía. Un modelo por el que Andalucía llevaba apostando décadas y que, ahora, se está dejando caer por parte de la clase política dirigente en nuestra comunidad autónoma.
En el nacimiento y consolidación de aquella Unidad de Salud Mental, ubicada en el Hospital de Osuna y cerrada ahora desde el pasado 30 de diciembre, fueron partícipes activos los Ayuntamientos de la comarca de la Sierra Sur, con sus alcaldes y alcaldesas al frente, respaldados por profesionales sanitarios de esos municipios que, generosamente, dieron mucho más que lo que se les exigía desde su puesto de responsabilidad.
De ahí surgió una Unidad que ha sido, durante mucho tiempo, modelo para la implantación de las políticas de salud mental. Porque dicho servicio no terminaba en la planta del hospital. Lejos de eso, los Ayuntamientos implicados y el propio área sanitaria consiguieron habilitar incluso viviendas aledañas al centro sanitario, para ofrecer atención personalizada a los pacientes.
El desmantelamiento sanitario que llevó a la Junta a no renovar a 8.000 profesionales de la salud en octubre conduce también al cierre de la unidad de Salud Mental en el hospital de Osuna; después de que los sindicatos lleven meses denunciado gestión ineficaz del servicio y, principalmente, una desidia institucional que con su inacción ha permitido que la Unidad pase de contar con 12 psiquiatras a solo 4, lo que ha provocado su cierre.
Ahora, el relato oficial es que no se encuentran psiquiatras para prestar el servicio, pero el viejo arte de la inacción política como artimaña para precipitar los acontecimientos es realmente la causa del desmantelamiento de la unidad de salud mental en Osuna.
La Consejería de Salud pretende hacernos creer que la creación de macroáreas sanitarias es buena para ciudadanos y profesionales, cuando centrales sindicales denuncian que el análisis de la situación pone en evidencia justamente lo contrario
Porque el problema de raíz no es que ahora no se encuentre personal cualificado, sino que la plantilla existente ha estado sometida a unos niveles de presión asistencial y de estrés laboral que han provocado bajas y vacantes, hasta llegar a la situación actual, con las tres últimas bajas de psiquiatras en el mes de diciembre.
Y la realidad sanitaria que se deja atrás es la de una población objetivo de 170.000 habitantes que, si se encuentra con un problema de salud mental, tendrá que desplazarse entre 80 y 120 kilómetros hasta los hospitales de Valme o El Rocío para ser atendida. O lo que es lo mismo, todo lo contrario a lo que necesitan y requieren estos perfiles de actuación sanitaria. Porque en estos casos, son cruciales la rapidez y la cercanía al entorno familiar, junto a un importante trabajo a nivel comunitario, con servicios sociales, asociaciones o escuelas de trabajo. Todo eso se va al traste, imposibilitando el trabajo con los pacientes cerca de sus casas y en su red de apoyo habitual.
En definitiva, lo que está ocurriendo con la unidad de Salud Mental en el Hospital de Osuna no es más que otro ejemplo de cómo el Gobierno de Andalucía desteje silenciosamente la red sanitaria que, durante décadas, ha intentado establecer un trato cercano, directo y personalizado con los pacientes a lo largo y ancho de nuestra geografía. A eso respondía la construcción de Centros Hospitalarios de Alta Resolución y Especialidades en numerosas comarcas, por ejemplo, y las unidades como la que ahora nos ocupa.
Frente a eso, hoy la Consejería de Salud pretende hacernos creer que la creación de macroáreas sanitarias es buena para ciudadanos y profesionales, cuando centrales sindicales como SATSE denuncian que el análisis de la situación pone en evidencia justamente lo contrario.
En definitiva, el cierre de la Unidad de Salud Mental en Osuna, como botón de muestra, nos deja preguntas de fondo: por qué no se ha actuado antes, por qué no se llevan a cabo medidas para dotar a los hospitales comarcales de plantillas adecuadas y por qué no se incentiva al personal sanitario para que puedan cubrirse las vacantes en las zonas más rurales.
Esa es la línea, por ejemplo, del pacto que el Secretario General del PSOE-A; Juan Espadas, acaba de ofrecer al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, una modificación presupuestaria que permita la readmisión de los 8.000 profesionales sanitarios despedidos por el gobierno andaluz en octubre y la continuidad de los 12.000 que finalizan su contrato en marzo.
A estas alturas, seguir empeñados en ocultar el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública andaluza se antoja tarea difícil para el gobierno de nuestra comunidad. Bien harían en reconocerlo, y en devolver el derecho sanitario pleno a los vecinos y vecinas de todos los pueblos de nuestra tierra.
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