Poner en el centro del debate social y ciudadano la confrontación territorial, los agravios comparativos y los tópicos, desgraciadamente, parece que acarrea réditos políticos. En esta ocasión se trata de la “supuesta” mayor dificultad de la prueba de acceso a la Universidad entre unas CC.AA. y otras. Los grupos conservadores y neoliberales insisten reiteradamente, año tras año, en que debe haber una Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EvAU) única en todo el territorio español que, según ellos, garantice la igualdad de oportunidades a todos los alumnos con independencia de su lugar de residencia.
En primer lugar, tiene que quedar muy claro que partimos de una premisa falsa. Es innecesaria la implantación de una nueva Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EvAU) nacional, ya que la prueba está regulada por una normativa estatal básica que rige los criterios de evaluación, contenidos, estándares y ponderación de cada uno de los bloques. La prueba actual ya es nacional en cierto modo, puesto que está regulada y cada comunidad autónoma sólo tiene que aplicarla bien, con sentido común y basándose en criterios técnicos. No hay ningún trabajo, ni investigación rigurosa que acredite diferencia de dificultad entre las pruebas existentes entre distintas comunidades. Y así lo han manifestado en este mes de junio el CRUE (el Consejo de Rectores de TODAS las Universidades Españolas). Una prueba, por otro lado que como recuerdan los rectores, “supone solo el 40% de la nota de acceso a la Universidad”.
El problema real de acceso a la Universidad es otro. Como la CRUE ha declarado, las diferencias a la hora de que los jóvenes españoles accedan a estudios superiores depende de “otro tipo de condicionantes socioeconómicos”.
Y este es el quid de la cuestión. El ascensor social que había supuesto, fundamentalmente, desde la implantación de la democracia, la incorporación masiva de jóvenes provenientes de las clases medias y trabajadoras a los estudios universitarios, está parado. El ascensor social —los mecanismos económicos y sociales que permiten a las nuevas generaciones progresar respecto a las anteriores— resulta lento y efectúa eternas paradas. Cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tarda cuatro generaciones (120 años) en conseguir un nivel de renta medio. Desde el inicio de la crisis, “se ha producido en los centros universitarios una infrarrepresentación de los estudiantes con progenitores de bajo nivel educativo u ocupacional, de una parte, o una sobrerrepresentación de aquellos cuyos progenitores tienen un nivel alto en ambas variables”.
Esta es la realidad de Andalucía, a la que usando los más viejos y deplorables tópicos, apuntan con el dedo dirigentes políticos de PP y Cs. En nuestra comunidad, el porcentaje de la población en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social alcanzaba el 43,2 % en 2015 frente al 28,6 % de media nacional, según el índice AROPE que mide esta variable. El índice AROPE, que mide el nivel de pobreza o desigualdad, fija el umbral en unos 9.000 euros anuales per capita y se ha incrementado en Andalucía desde un 31,6 % en 2008 hasta un 43,2 % en 2015, según el informe de la Universidad Loyola de 2017.
Si de verdad estamos hablando de igualdad, si lo que se quiere es una educación más inclusiva, equitativa e igualitaria lo que se tiene que exigir es una financiación del 7% del PIB que compense los 9.000 millones recortados por el Gobierno en los últimos años que permitan que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades con clases no masificadas, contenidos no estandarizados, sistemas de evaluación para la mejora y no para seleccionar y presionar con el miedo al suspenso, profesorado suficiente y no interino y precario, dotación de recursos y apoyos cuando hay más dificultades, etc., etc. Y también, mientras siga existiendo la EvaU, controlar las notas con las que llega a dicha prueba el alumnado procedente de algunos centros concertados y privados para que, efectivamente, haya igualdad de oportunidades, y revisar si debemos dar preferencia al acceso a la universidad pública a quien estudió en la escuela pública.
Por eso es necesario que recordemos el refrán que dice que “cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo” y no nos dejemos engatusar por este asunto de la EvAU nacional, que es la excusa para desviar la atención del tema fundamental: que no se haya revertido el recorte respecto a la inversión pública en educación, que avanza en la senda comprometida por el Gobierno del PP de recortarlo al 3,7% del PIB, volviendo a inversiones de los años 90 y que nos sitúa a la cola de Europa de nuevo. Algo que mantiene el nuevo gobierno, como también su incumplimiento de derogar de forma efectiva la LOMCE.
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