El largo funeral de los fosfoyesos en Huelva: el Gobierno cede a las pretensiones de Fertiberia

No hay marcha atrás. Las balsas de residuos químicos de los fosfoyesos de Huelva no serán retiradas, sino soterradas. Y además se ha aceptado la imposición de la empresa Fertiberia de que el proceso dure 30 años. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mediante informe de fecha de 2 de marzo de 2016, ha atendido el requerimiento realizado por la Audiencia Nacional y ha declarado “idóneo” el proyecto presentado por Fertiberia para la regeneración de las balsas.

Un tema que, contra la opinión de los grupos ecologistas, pone el punto y seguido en un caso que tuvo su último capítulo judicial en julio de 2015, cuando se obligaba a Fertiberia a avalar con 65,9 millones de euros los trabajos de recuperación del terreno. La Audiencia Nacional ratificó posteriormente la decisión del Tribunal, aunque Fertiberia sustentaba su recurso en la vulneración de los distintos artículos de la Constitución, al entender que lo acordado suponía una modificación de los autos firmes de 14 de diciembre de 2009 y de 30 de junio de 2011, en los que se acordaron medidas para la ejecución de la sentencia que fueron cumplidas por Fertiberia, entre ellas la constitución de un aval bancario o seguro de caución para garantizar la ejecución de las obras por 21,9 millones.

La última decisión, la del Gobierno central, la ha comunicado este lunes Rafael Gavilán, el portavoz de la Mesa de la Ría, organización que es parte en el procedimiento y a la que se le ha remitido la evaluación mediante diligencia informativa. La decisión del Ministerio tira por tierra cualquier posibilidad de que los fosfoyesos desaparezcan de las marismas de Huelva. Serán enterrados poco a poco.

Concretamente, en su apartado duodécimo, el citado informe dice textualmente: “Esta Dirección General considera oportuno valorar idóneo el proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva”, de modo que, a juicio de la Mesa de la Ría, “se ha consumado la traición que desde hacía meses se estaba gestando desde el Gobierno central hacia Huelva y su ciudadanía”.

Para la Mesa de la Ría, no obstante, no está todo perdido. Gavilán ha trasladado un “mensaje de tranquilidad” y ha solicitado a la ciudadanía que “deposite su confianza” en este grupo para mantener su acción en contra de esta decisión.

El informe del Magrama viene acompañado por otros dos del Instituto Geológico Minero (IGME) y por la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales (EMGRISA). Pero la Mesa de la Ría no parece dispuesta a quedarse cruzada de brazos ante la decisión del Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy.

Entre otras cosas, entiende que el proyecto es “inviable e inejecutable” desde el punto de vista económico, social, ambiental y legal puesto que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva.

30 años de trabajos

Fertiberia siempre ha defendido que su proyecto era el más idóneo, y que los 30 años que durará no es baladí. Los primeros 10 serían empleados en eliminar completamente el agua interna de las balsas. Posteriormente cubriría las balsas con una capa de polietileno de alta densidad.

Por eso, el director de Fertiberia en Huelva, Roberto Ibáñez, ha reiterado que desde la empresa “siempre” han sostenido que el proyecto era “coherente y contrastado”, de manera que confiaban en esta resolución puesto que se trata de un estudio “serio” y que busca “resolver” la cuestión de las balsas de fosfoyesos.

En esta misma línea, se ha mostrado consciente de que las diferentes entidades podrán presentar las alegaciones que consideren, pero ha enfatizado que “se ha declarado idóneo” el proyecto en el marco de la ejecución de la sentencia y lo ha determinado quien estableció para ello la Audiencia Nacional. Ibáñez se apoya en el “soporte científico” del informe, por lo que se muestra seguro de que será el que se aplique finalmente en las marismas de Huelva.

Su tesis la rechazan organizaciones ecologistas como WWF. Rita Rodríguez, directora del departamento legal de esta entidad, admite que es cierto que el dictamen del Magrama incluye dos informes del Instituto Geológico Minero (IGME) y por la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales (EMGRISA) con recomendaciones, pero observa “declaraciones preocupantes” en este asunto.

Porque, EMGRISA pone de manifiesto cómo en esos terrenos “no podrán llevarse a cabo usos públicos hasta al menos en un período de 30 años, por tanto, una restauración que no permite eso no es tal”, y subraya que ambos informes, en relación con las aguas superficiales, “ponen de manifiesto que existe una contaminación de las aguas, principalmente por arsénico y el proyecto no especifica qué medidas se van a adoptar para la limpieza del agua y mejorar su calidad”.

Por su parte, Greenpeace considera inadmisible que se aplique este plan, y entiende que “estas medidas no articulan un verdadero plan de descontaminación de la marisma y que están pensadas únicamente para beneficiar Fertiberia”.

Señala así que la alternativa de cubrir los fosfoyesos con una simple capa de tierra, que ha presentado Fertiberia, “no es solución para el grave problema de contaminación química y radiactiva que han generado décadas de vertidos a las marismas del río Tinto”, y recuerda que el plan ha sido denunciado en múltiples ocasiones por Greenpeace y otros colectivos de Huelva ya que no contempla una verdadera descontaminación y restauración de la zona.

Greenpeace ya denunció el pasado mes de junio, a bordo del Arctic Sunrise, la “Herencia Tóxica”, que supondría aprobar a Fertiberia su plan, ya que vulnera el derecho constitucional de los onubenses de disfrutar de un medio ambiente sano.

Cabe recordar -recuerda- que Huelva “padece el caso de contaminación industrial más grave de Europa, donde a escasos 500 metros de la ciudad se acumulan más de 120 millones de toneladas de residuos industriales”. Unos terrenos llenos de residuos radioactivos que, vista la decisión del Ministerio, parece que van a seguir ahí, soterrados, pero ahí.

Reacciones políticas

Como era de esperar, las reacciones políticas a este asunto no se han hecho esperar. En nombre del Gobierno central su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a todas las administraciones y entidades implicadas en el proyecto de recuperación de las balsas “un compromiso de seriedad y responsabilidad frente a la demagogia interesada” y ha calificado de “deplorable” que la mesa de la Ría de Huelva “intente hacer campaña política” en torno a un asunto que está en vía judicial, cuestionando para ello los informes técnicos de los organismos especializados.

En nombre del Ayuntamiento, el portavoz del Equipo de Gobierno -PSOE-, Manuel Gómez Márquez, ha calificado de ‘inadmisible’ el informe del Ministerio, y ha considerado que su decisión es incomprensible, ya que el informe mismo deja en evidencia que hay cuestiones todavía sin resolver, tal y como se señala en los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME), y la Empresa de Gestión de Residuos Industriales. “Para el Equipo de Gobierno se trata de un tema muy delicado e importante para nuestra ciudad y, por tanto, no se puede tomar una decisión de este calado, como ha hecho la ministra, que está en funciones, sin contar con toda la información necesaria”, ha subrayado.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha señalado que analizará “con lupa” el proyecto, según señala Fernando Martínez, director general de Prevención y Calidad Ambiental, quien ha precisado que antes de que llegue a administración autonómica, que es la que debe de emitir la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), éste “ha de ser validado por la Audiencia Nacional”.

Martínez, que ha recordado que la Declaración de Impacto Ambiental corresponde al Ministerio, ha dicho que la Junta de Andalucía será “taxativa” en el cumplimiento de la normativa, ya que es “una cuestión de mucha trascendencia” desde el punto de vista medioambiental.