El Gobierno y la Junta negociarán cambios en la Ley de Universidades andaluza para evitar el recurso ante el Constitucional
El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar las negociaciones para intentar evitar que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) acabe en el Tribunal Constitucional. El acuerdo, publicado este lunes en el BOJA y en el BOE, abre formalmente la vía de diálogo prevista en la legislación para resolver las discrepancias detectadas por el Ejecutivo central antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Este paso da continuidad al procedimiento activado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, cuando inició los trámites para impugnar la norma impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, como adelantó entonces elDiario.es. En un informe jurídico previo al recurso, el Ministerio de Política Territorial apreciaba posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y advertía de “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza.
La publicación del acuerdo se ha producido al día siguiente de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta tras su pacto de gobierno con Vox. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo andaluz continúa en funciones y sitúan la puesta en marcha de las conversaciones una vez se constituya el nuevo Gobierno, previsiblemente el próximo jueves o viernes.
La vía para evitar el recurso
El acuerdo publicado este lunes es el paso previo a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Antes de impugnar la ley en cuestión, el Estado y la comunidad autónoma afectada deben abrir un proceso de negociación para tratar de “resolver las discrepancias” detectadas. Para ello, el procedimiento contempla la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación, el órgano de negociación entre ambas administraciones.
En este caso, las conversaciones se centrarán en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP y el rechazo de toda la oposición. Se trata de los mismos preceptos recogidos en el informe jurídico elaborado por el Ministerio de Política Territorial previo al recurso, en el que advertía de que la norma podría incurrir en “injerencias” sobre la autonomía universitaria e invadir competencias exclusivas del Estado.
El acuerdo prevé ahora la constitución de un grupo de trabajo encargado de proponer “la solución que proceda” a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación. La negociación tiene de plazo hasta finales de diciembre, según fuentes de la Consejería de Presidencia. Hasta entonces, el Estado y la Junta tratarán de alcanzar un acuerdo que permita evitar la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.
No sería la primera vez que ambas administraciones evitan la vía judicial mediante un acuerdo. En 2022, el Estado y la Junta alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que el Gobierno andaluz aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.
Ley cuestionada también por los rectores
La LUPA ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. Los rectores ya alertaron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva.
Con todo, los rectores denunciaron durante la tramitación parlamentaria que la norma incurría en “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria” y advirtieron de que “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española.
Entre los preceptos cuestionados figuran algunas de las principales novedades de la ley impulsada por Moreno, como es el caso del requisito obligatorio de graduarse con un nivel B2 en inglés (artículo 13 de la LUPA) o los requisitos generales para la creación y reconocimiento de universidades (artículo 116). Cabe recordar que la ley andaluza otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas en el diseño del sistema académico andaluz a través de la nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo Consejo Andaluz de Universidades (CAU)–.
“Discrepancias” detectadas en la norma andaluza
El Ministerio también negociará el artículo que recoge la creación de una figura contractual (profesor ayudante doctor) “no prevista en el catálogo tasado de la LOSU con posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”, así como la figura del interventor, al considerar que “restringe el acceso al puesto al cuerpo de interventores de cualquiera de las administraciones públicas, condicionado la autonomía organizativa y económica financiera universitaria sin cobertura en la LOSU, que no impone tal restricción”.
Hay discrepancia igualmente con el hecho de que la LUPA “obligue a las universidades y centros adscritos privados” a destinar “al menos” el 3 % de su presupuesto a becas y ayudas, “afectando a la autonomía económica y financiera y potencialmente alterando el esquema de la LOSU, que prevé el establecimiento del sistema de becas como facultad de cada universidad”, según sostiene la cartera que dirige Ángel Víctor Torres.
Las disposiciones adicionales sobre las que el Ejecutivo central muestra recelos son la segunda (referida a la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la que tampoco ve claro su papel como coordinadora de las políticas de internacionalización), la undécima (conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias) y la duodécima (convenios para la cotización del personal de las universidades).
El informe del Ministerio sostiene, en resumen, que la LUPA introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. Por eso, “con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.
Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han optado por ser “lo más prudente” posible en la adaptación de sus estatutos a la nueva ley universitaria autonómica. El secretario general de la Universidad de Sevilla explicó al Consejo de Gobierno que el recurso del Ministerio coloca al sistema universitario público andaluz en una situación “inédita”, al tener la “obligación” de adaptarse en el plazo de un año a una ley “cuya constitucionalidad está cuestionada”. El proceso de negociación abierto entre el Gobierno central y la Junta conduce a las universidades, según el cargo de la US, a una situación de “incertidumbre jurídica”.