El Gobierno central activa un recurso contra la Ley de Universidades andaluza por “injerencias” en la autonomía universitaria

El Gobierno de España ha activado el procedimiento para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley universitaria andaluza, tras advertir posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española, según consta en un informe jurídico del Ministerio de Política Territorial, previo al recurso, al que ha tenido acceso este periódico.

El Ejecutivo central aprecia “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la norma andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP de Juan Manuel Moreno y el rechazo en bloque de toda la oposición.

Los rectores ya advirtieron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según explica el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva. Ha sido ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha tomado la iniciativa, al iniciar el proceso previo a la formalización del recurso de inconstitucionalidad.

La normativa establece que, antes de elevar el recurso al Constitucional, el Ejecutivo central y la comunidad autónoma afectada deben abrir una vía de diálogo para tratar de resolver el conflicto planteado. Para ello, el procedimiento exige que la Administración General del Estado convoque la Comisión Bilateral de Cooperación —el órgano de negociación entre el Estado y la comunidad autónoma— como paso previo a la impugnación de la ley.

Es precisamente en este punto donde se encuentra actualmente el proceso. Según ha podido saber este medio, el Ministerio de Política Territorial ya ha notificado a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía su intención de convocar la Comisión Bilateral con el objetivo de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” detectadas en la norma andaluza. Fuentes de la citada Consejería confirman a este periódico que han contestado aceptando la negociación.

Negociar para evitar la vía judicial

A partir de ahora, añaden las mismas fuentes, corresponde al Gobierno central remitir el acuerdo formalizado para iniciar los trámites de convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación. De esas conversaciones dependerá que finalmente se formalice o no el recurso de inconstitucionalidad. Si la administración autonómica acepta introducir ajustes en el texto normativo, se podría evitar la vía judicial.

No es la primera vez que el Gobierno central y la Junta de Andalucía abren una negociación en el marco de la Comisión Bilateral para frenar recurrir al Tribunal Constitucional. Hace justo un mes, ambas administraciones acordaron iniciar conversaciones para tratar de resolver las discrepancias existentes sobre la Ley de Vivienda andaluza. Además, mantienen abiertos otros frentes de negociación en torno a distintas normas autonómicas, entre ellas, la Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía.

Existen además precedentes de acuerdos que evitaron finalmente la vía judicial. En 2022, el Estado y el Gobierno andaluz alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que la Junta aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Una ley cuestionada por los rectores y sindicatos

Estos movimientos se producen apenas tres meses después de la aprobación de la norma y en plena recta final de la campaña electoral andaluza, donde la universidad se ha convertido en uno de los ejes principales del debate político. Los partidos de izquierda, que aspiran a arrebatar la mayoría absoluta a Moreno, han criticado duramente la gestión universitaria del Ejecutivo andaluz y su apuesta por la privatización del sistema académico.

La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. De hecho, este miércoles, CCOO ha solicitado al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza.

La organización sindical sostienen que la norma podría vulnerar el derecho a la autonomía universitaria en aspectos relacionados con la capacidad de autogobierno, autorregulación y autonomía económica y financiera de las universidades públicas. Y advierte de una posible invasión de competencias reservadas al Estado, especialmente en materia de figuras docentes e investigadoras.

Los rectores ya habían alertado durante la tramitación parlamentaria de que la norma se situaba “en el límite de la inconstitucionalidad” por cuanto “invade la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española” y “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Las universidades públicas también denunciaron en el texto “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria”.

En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española. El documento concluye que existen fundamentos suficientes para activar el procedimiento de resolución de controversias ante el Tribunal Constitucional, al considerar que varios preceptos podrían vulnerar tanto la autonomía universitaria como las competencias exclusivas del Estado.

El informe sostiene que la ley andaluza introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. “Con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, el Gobierno central propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.