¿Quién puede permitirse ser juez?

Preparar las oposiciones a la Judicatura en España exige, de media, entre cinco y siete años de dedicación exclusiva. Para muchos jóvenes, el verdadero examen comienza mucho antes de enfrentarse a los más de 320 temas de estudio: comprobar si su familia puede sostener económicamente ese largo periodo sin ingresos.

Esta realidad invita a reflexionar sobre cómo las condiciones materiales de partida pueden influir en quién llega a ejercer una de las funciones más relevantes del Estado y qué implicaciones tiene ello para la igualdad de oportunidades y la legitimidad del sistema judicial.

La Constitución española establece que la justicia emana del pueblo. Sin embargo, al observar el sistema de acceso a la judicatura, surge una pregunta legítima: ¿reflejan nuestros tribunales la diversidad social del país o tienden a reproducir determinados perfiles económicos? El debate sobre el llamado 'filtro de clase' ha dejado de ser una conversación de pasillo para convertirse en una reflexión necesaria sobre la salud de nuestra democracia. No se trata de cuestionar el mérito de quienes superan una de las oposiciones más exigentes del Estado, sino de preguntarse cuántos jóvenes con talento quedan fuera antes siquiera de poder intentarlo.

El coste del mérito: años de dependencia económica

En España, alcanzar la toga no depende únicamente de la capacidad intelectual. Exige, ante todo, una estabilidad económica familiar capaz de sostener durante años una preparación exclusiva. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la preparación de las oposiciones a judicatura y fiscalía requiere, por término medio, entre cinco y siete años. El modelo, basado en el «cante» de más de 320 temas, contrasta con otros sistemas europeos que priorizan fórmulas más prácticas y, en algunos casos, remuneradas, frente a una memorización intensiva que aquí dificulta enormemente cualquier compatibilidad laboral.

A la ausencia de ingresos se suma el gasto en preparadores privados —con frecuencia magistrados en activo—, cuyos honorarios se sitúan habitualmente entre 300 y 600 euros mensuales. Para un opositor de Castilla-La Mancha, el reto es doble: al coste académico se añade, en muchos casos, el desplazamiento o incluso el desarraigo al tener que trasladarse a ciudades donde se concentran las academias y preparadores. La hemeroteca reciente recoge numerosos testimonios de jóvenes que, cerca ya de la treintena, continúan dependiendo económicamente de sus familias para mantener viva su vocación.

El capital cultural y las sagas familiares

Este sistema no solo pone a prueba la capacidad económica, sino que también puede favorecer a quienes cuentan con un mayor capital cultural heredado. No parte de la misma casilla de salida quien prepara la oposición en solitario que quien ha crecido en un entorno familiar de juristas y conoce desde dentro los códigos, las dinámicas y las exigencias de la profesión. Ello no resta mérito alguno a quienes proceden de familias vinculadas al mundo jurídico, pero sí evidencia que algunos aspirantes disponen de apoyos y referencias que otros no tienen. Sin proponérselo, el modelo actual dificulta enormemente el acceso de quienes carecen de respaldo económico o de una red familiar capaz de sostener años de preparación.

Las becas públicas: un avance, pero no una meta

En los últimos años, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha impulsado las Becas SERÉ con el objetivo de favorecer un acceso más igualitario. La convocatoria para 2026 prevé 1.425 ayudas, dotadas con hasta 12.600 euros anuales y un presupuesto cercano a los 18 millones de euros. Se trata de un reconocimiento institucional de que existe un problema y de un paso en la dirección correcta, aunque todavía insuficiente frente al número de aspirantes y al coste acumulado que supone una preparación de varios años.

Mientras la Asociación Profesional de la Magistratura defiende el rigor del sistema actual como garantía de objetividad e independencia, sectores como Juezas y Jueces para la Democracia sostienen que la verdadera igualdad de oportunidades exige revisar un modelo que, de forma indirecta, favorece a quienes disponen de mayores recursos económicos.

Una justicia que se parezca a su pueblo

El problema no reside en la profesionalidad de nuestros jueces, cuya preparación es incuestionable, sino en la posible homogeneidad de las experiencias vitales de quienes acceden a la carrera judicial.

La sensibilidad ante la precariedad, los desahucios, la vulnerabilidad laboral o las dificultades cotidianas también se nutre del conocimiento directo de la realidad social. En una comunidad como Castilla-La Mancha, donde el progreso de tantas familias ha descansado en el esfuerzo, la educación pública y la igualdad de oportunidades, esta reflexión resulta especialmente pertinente.

Una democracia sólida necesita jueces excelentes, pero también necesita que el camino hacia la toga dependa únicamente del talento, la constancia y el esfuerzo.

Cuando la situación económica de una familia condiciona quién puede aspirar a impartir justicia, no solo se limita una vocación: también se empobrece la representación social de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Porque la única barrera para defender la ley debería ser la dificultad del Derecho, nunca la cuenta corriente.