El Gobierno de Moreno vuelve a retrasar el teletrabajo para los funcionarios andaluces y enerva a los sindicatos

Los empleados públicos de la administración de la Junta de Andalucía, en torno a 40.000 entre funcionarios y personal laboral, seguirán por ahora sin disponer de una norma que regule quién, cómo, cuándo y en qué circunstancias puede teletrabajar.

El Gobierno de Moreno selló con los sindicatos el borrador del nuevo decreto de teletrabajo que contemplaba dos días de teletrabajo a la semana en el verano de 2024 y anunció su entrada en vigor para finales de 2025, pero diez meses después de que venciera ese plazo nadie sabe cuándo estará definitivamente listo y, menos aún, cuándo entrará en vigor. Entre tanto, sigue siendo de aplicación una solución transitoria e improvisada que, según denuncian los sindicatos, se aplica de forma dispar en los distintos servicios y centros de trabajo de la Junta de Andalucía.

El (nuevo) retraso en la aprobación y aplicación del Decreto del teletrabajo ha enervado a los sindicatos, que este lunes han denunciado el “flagrante incumplimiento” de los plazos marcados por la Consejería de Función Pública dirigida por José Antonio Nieto, y empiezan a barajar un escenario de movilizaciones a partir del 11 de noviembre, cuando está convocada la huelga general.

Desde la Consejería aducen que se trata de una norma muy compleja, que ha necesitado ya de 42 informes cuyo contenido y condiciones ha habido que volcar al texto, y que aún restan documentos por recibir que también habrá que incorporar. Por eso, tampoco han entregado a los sindicatos el nuevo borrador de algo que se suponía que estaba cerrado desde hace más de dos años. “Hasta que no dispongamos del último informe preceptivo y, por tanto, de un texto jurídicamente cerrado, no tendría sentido trasladar como definitivo un borrador que todavía puede sufrir modificaciones”, explican desde el departamento que dirige Nieto.

La protesta de las organizaciones sindicales ante la Consejería ha sido unánime entre las cinco fuerzas con representación en la Mesa Sectorial (CSIF, SAF, UGT, CCOO e ISA). En abril, cuando fue la última reunión, se abrió una fractura sindical: tres de esas organizaciones (CSIF, SAF y UGT) dieron un voto de confianza al “firme compromiso” de la administración de que el nuevo Decreto estaría aprobado “a finales de septiembre”, puesto por escrito, y a que se aplicase entre tanto una circular que uniformara los criterios de concesión y aplicación del teletrabajo. CCOO e ISA se desmarcaron, advirtiendo de que se trataba de una artimaña para desactivar las protestas a las puertas de las elecciones andaluzas.

Siete meses después, el Gobierno andaluz ha incumplido el compromiso de aprobar el Decreto y ha aplicado la circular de manera dispar, hasta el punto de que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no se somete a la circular denegando el teletrabajo. La Secretaría General de Administración Pública (el órgano de la Consejería que negocia con los sindicatos) ya admite que no puede hacer nada, salvo transmitir al SAE el malestar de los sindicatos y pedirle un informe.

Ahora la decepción entre todos los sindicatos es total. Convocados a una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial este lunes, salieron de ella con más dudas de las que tenían al entrar.

Hasta verano de 2027 sin teletrabajo

Durante el encuentro la Junta de Andalucía ha expuesto sus dificultades para completar la regulación del teletrabajo. Sobre todo, es una cuestión de volumen y de “hitos” (41 trámites en el procedimiento), según esa explicación. Una vez abierto el trámite de información pública, en los últimos meses habría recibido mil alegaciones a la norma que se han ido sumando a un expediente que ya va por los 4.500 folios. A todas hay que darle contestación, y eso habría retrasado todo.

Después, hay que recabar distintos informes. Hasta el pasado 7 de octubre la Consejería no recibió el que elabora la Dirección General de Presupuestos para cada norma con impacto presupuestario. Es decir, siete días después de que venciera el plazo al que el Gobierno andaluz se comprometió en abril. Y aún restan por pedir el informe del Gabinete Jurídico (diez días hábiles desde que se solicita), el dictamen del Consejo Consultivo (veinte días hábiles) y una redacción definitiva del texto, antes de que el borrador de decreto vuelva a mesa sectorial (funcionarios) y mesa general (funcionarios y laborales).

Esto supone un mínimo de siete semanas, pero los sindicatos creen que pueden ser más. Después, el texto definitivo deberá ir a parar a la mesa del Gobierno de Juanma Moreno, que es quien debe aprobar el Decreto. Y luego hay otro plazo extra de seis meses de vacatio legis, el tiempo que la norma contempla entre su aprobación y su entrada en vigor. Es decir, que de aplicarse este calendario (el más rápido de los posibles), el Decreto del teletrabajo no sería aplicable al menos hasta el verano de 2027, tres años después de que se pactara entre sindicatos y Gobierno andaluz.

Preparación de la vía judicial

“La reunión ha confirmado el escenario lamentable que tenemos”, lamenta Juan Antonio Perles, responsable de personal funcionario del sector la administración autonómica de CCOO, horas después de participar en ella. “Se va a volver a eternizar”, pronostica Pepa Zamorano, portavoz de Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), que ya ha presentado un escrito previo a una posible reclamación en vía judicial.

Según argumenta ISA, el acuerdo sobre el borrador reflejado en un acta del 11 de julio de 2024, debería haberse aplicado desde entonces. A pesar de que el acuerdo puso fin a la negociación, ha pasado un tiempo “notoriamente excesivo e injustificado”, según ISA, sin que se haya trasladado a una norma, lo que atentaría contra los derechos de los trabajadores públicos y contra el principio de buena fe negociadora. Además, el Estatuto Básico del Empleado Público concede a determinados acuerdos entre administración y sindicatos, como sería este, una eficacia directa.

Entre los sindicatos cunde la sensación de que la causa del retraso no es sólo técnica. En el pasado, el consejero Nieto realizó declaraciones que transmitían desconfianza la aplicación del teletrabajo en la administración andaluza. “Que más de dos años después se den un plazo extra, aunque sean diez minutos, no es de recibo”, señala Perles, que ha pedido al Gobierno andaluz que al menos estudie la posibilidad de reducir o eliminar la vacatio legis de la norma para compensar el retraso. La respuesta, por ahora, ha sido no por los problemas de aplicación que la Junta prevé.

CSIF ha acusado a la Junta de Andalucía por “alargar indefinidamente” la tramitación en “grave perjuicio” de los trabajadores públicos y de los objetivos declarados de avanzar hacia una administración andaluza más moderna, flexible y eficiente, mientras que SAF ha calificado el retraso de “inaceptable”, cuestionando la responsabilidad de la Agencia Digital Andaluza en los retrasos. UGT ha mostrado su “preocupación por la duración de este calendario” y la falta de una fecha concreta para la entrada en vigor del decreto.

La cuestión está provocando también fricciones entre sindicatos. En abril, CCOO y ISA decidieron no apoyar la supuesta solución transitoria del Gobierno. “Sabíamos que no iba a llegar a ningún sitio, que la circular se hacía para desactivar las movilizaciones antes de las elecciones autonómicas, y el tiempo nos ha dado la razón”, señala Zamorano. Ahora se sienten reivindicados por lo que ha ocurrido, mientras SAF, al otro lado, insiste en que la circular posibilita ahora denunciar la inapliación del teletrabajo en el SAE.

Además, este lunes la Consejería les ha avanzado que el borrador ha sufrido modificaciones en estos meses. “No sabemos cuáles son, así que puede darse el caso de que cuando vuelvan a traerlo no estemos de acuerdo”, advierte Zamorano. Las novedades tienen que ver con el Decreto de evaluación de desempeño, aprobado en mayo.