El retraso de la Junta de Andalucía con el teletrabajo obliga a improvisar una solución transitoria para sus funcionarios
El decreto que amplía y consolida el teletrabajo para los alrededor de 40.000 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral) de la administración general autonómica sigue siendo un proyecto, y no una realidad, más de un año después de que el borrador quedase sellado. El Gobierno de Moreno anunció que los dos días de teletrabajo serían una realidad a finales de 2025, luego lo demoró al primer semestre de 2026, y ahora ya no llegarán hasta la primavera de 2027, en el mejor de los casos. La demora sobre el calendario previsto por el propio Gobierno andaluz ha hecho tambalearse la paz social en las últimas semanas, con un amago de movilizaciones abortado, por ahora, gracias a un vago compromiso acordado este martes por la Junta con la mitad de los sindicatos presentes en mesa sectorial.
En el acuerdo entre la Consejería de Función Pública, de un lado, y SAF, CSIF y UGT, por otro, el Gobierno andaluz reconoce que no ha cumplido “los tiempos previstos” para implantar el teletrabajo, y hace propósito de enmienda reflejando su “firme compromiso” de que la tramitación haya terminado “a finales del mes de septiembre de 2026”. Después, habrá que esperar otros seis meses para que entre en vigor. Es decir, el nuevo régimen de teletrabajo para los empleados públicos de la Junta (excluido el personal sanitario, docente y de la administración de justicia) no estará vigente hasta finales de marzo de 2027, como pronto.
La mayoría absoluta del PP aprobó en el Parlamento Andaluz aprobó en junio de 2023 la ambiciosa Ley de Función Pública en junio de 2023. Es una de las leyes estrella de la legislatura, una norma muy ambiciosa destinada a voltear el modelo de empleo público que sostiene la administración autonómica, pero necesita de un desarrollo reglamentario para algunos aspectos esenciales como la carrera profesional, la evaluación de desempeño, la relación de puestos de trabajo o los procesos selectivos. Y en materia de teletrabajo ha encallado, ya sea por su complejidad o, como sostienen los sindicatos, por la falta de voluntad. Este es el asunto más espinoso de cuantos quedan por desarrollar.
“Impulso” o “lavado de cara”
Mientras se aprueba el Decreto ya redactado, la Junta ha propuesto a los sindicatos aprobar una Instrucción que evite la situación actual, en la que cada consejería o cada jefe de servicio aplica criterios diversos para solicitar el teletrabajo. Dentro de 16 días (el 8 de mayo), la Secretaría General para la Administración Pública les presentará una norma transitoria que establezca un marco más claro, homogéneo y estable que lo que hay ahora.
Tras dos semanas de tira y afloja, la aceptación por una parte de los sindicatos es un balón de oxígeno que permite a la Junta ganar tiempo. Sin embargo, está por ver que lo que presente a comienzos de mayo satisfaga a la parte social, que acumula desconfianza. A la administración, los sindicatos le achacan escaso interés en impulsar el teletrabajo. Las declaraciones del consejero José Antonio Nieto sugiriendo que el teletrabajo se usa para el escaqueo (“No se puede confundir teletrabajo y vacaciones”) ya enervaron a los sindicatos hace un año.
Pero tampoco hay unión entre los propios sindicatos. Los tres que no suscriben el acuerdo de este martes (CCOO, ISA y Ustea) creen que no sirve para nada, salvo para romper la unidad sindical y que la Junta se justifique ante sus trabajadores. “Es un lavado de cara”, lamenta Pablo López del Amo, de CCOO; un “pacto vacío” que encubre una “estrategia dilatoria”, según ISA.
“Lo que hacemos los firmantes es relanzar la herramienta del teletrabajo, y que se publique la instrucción”, defiende Juan José Gener, de UGT, que justifica el pacto en que sirve para dar un “impulso” a la administración. CSIF, el sindicato mayoritario, argumenta que “desbloquea” una situación enquistada estableciendo un calendario y permitirá corregir inmediatamente las desigualdades que ahora se producen.
“No lo tienen como prioridad”
En Andalucía, el teletrabajo en la administración sigue rigiéndose en 2026 con los criterios excepcionales fijados para la crisis del Covid-19. Hasta ahora, los trabajadores de la administración general pueden solicitar un día de teletrabajo a la semana. Con el Decreto podrán pedir dos tan pronto como entre en vigor, una cifra que sigue siendo inferior a la mayoría de comunidades autónomas. Pasado año y medio se evaluará si se han cumplido los objetivos, y el Gobierno andaluz lo podrá generalizar a tres días a la semana, según el borrador que, se supone, llegará al Consejo de Gobierno en septiembre, tras casi año y medio en exposición pública.
Para los sindicatos, el retraso refleja la falta de voluntad de la administración y una desconfianza latente hacia la figura del teletrabajo y hacia sus propios trabajadores. “No lo tienen como prioridad, y han tenido el Decreto durmiendo el sueño de los justos”, lamenta Pablo López del Amo. “Creemos que tiene los recursos para que eso ya se hubiera hecho, y si no que los ponga encima de la mesa. No puede decir que es muy difícil”, protesta Gener. “El decreto de teletrabajo ya está aprobado, sólo hay que aplicarlo”, observa ISA.
El pasado 8 de abril la Consejería admitió en una reunión de mesa sectorial que aún necesitaba los informes presupuestario, jurídico y del Consejo Consultivo. Los sindicatos salieron de allí con la confirmación de que el teletrabajo no es una prioridad para el Gobierno andaluz. Días después, se filtró una circular de la Consejería de Sostenibilidad que restringe el teletrabajo, haciendo referencia a una guía de buenas prácticas de la propia Secretaría General de Administraciones Públicas de la que no habían sido informados.
Fue la gota que colmó el vaso. Los sindicatos se prepararon para una rueda de prensa conjunta, deslizando posibles movilizaciones. Ante esa perspectiva en puertas de la campaña electoral, el secretario general se movió rápido para sofocar la crisis: volvió a citarlos, y les aseguró que la Junta espera publicar el Decreto a finales de septiembre, ofreciendo entre tanto una regulación que “homogeneice” la aplicación del teletrabajo y acabe con la disparidad, que raya la arbitrariedad.
Para los sindicatos firmantes, un paso que acerca al cumplimiento de los compromisos; para los críticos, un pacto vacío de contenido que no garantiza que los trabajadores de la administración andaluza vayan a contar pronto con una norma que regule su teletrabajo, a pesar de que esta aguarda turno desde julio de 2024.