Denuncian al alcalde de un pueblo de Granada por adjudicarse una vivienda municipal con opción a compra
Adrián Gallegos, alcalde de Trevélez, un pequeño municipio granadino situado a la mayor altitud de la península ibérica, ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Granada por adjudicarse una vivienda municipal que su propio ayuntamiento sacó a concurso en régimen de alquiler con opción a compra. Así consta en la denuncia contra él que ha efectuado el PSOE, único partido de la oposición, y que sostiene que el regidor del PP presuntamente manipuló el procedimiento administrativo para terminar convirtiéndose en adjudicatario de uno de los inmuebles. Unos hechos por los que los socialistas creen que ha podido incurrir en varios delitos.
En concreto, entienden que hay indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración y actividades prohibidas a autoridades, punto en el que se basan sobre todo para querellarse contra el regidor. Además, la documentación presentada ante la Fiscalía de Granada, adelantada por Ideal y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, pone en duda la tramitación del expediente de principio a fin. Pone el foco en la preparación del concurso, en el sistema de adjudicación y en la valoración económica de las viviendas. Extremos que rechaza el primer edil, defendiendo incluso que se abstuvo de intervenir en el procedimiento desde que presentó su solicitud, además de sostener que todo el proceso contó con el aval de la secretaría municipal y de los servicios técnicos.
Un procedimiento en duda
Pero el origen del caso se remonta a octubre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Trevélez formalizó la compra de un edificio situado en la calle Cárcel que alberga dos viviendas en su segunda planta. Apenas unos meses después, el Consistorio aprobó las bases para adjudicarlas en régimen de alquiler con opción a compra con el objetivo declarado de combatir la despoblación y favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entre los requisitos figuraban tener entre 25 y 35 años -el alcalde no llega a los 35 años-, llevar al menos cinco años empadronado en el municipio, no disponer de otra vivienda en propiedad en la provincia y estar dado de alta en la Seguridad Social.
En plena crisis de acceso a la vivienda para la mayoría de ciudadanos, este procedimiento terminó con dos únicos aspirantes. Uno de ellos fue el propio alcalde, Adrián Gallegos, que resultó adjudicatario de la vivienda de mayor superficie, de 105 metros cuadrados, con un alquiler mensual de 260 euros y una opción de compra fijada en 38.000 euros. La segunda vivienda, de unos 72 metros cuadrados, fue adjudicada a otra vecina del municipio por 240 euros mensuales y una futura compra valorada en 35.000 euros.
Es precisamente esa tramitación la que cuestiona el PSOE. La denuncia sostiene que el alcalde no solo concurrió al procedimiento como cualquier otro aspirante, sino que intervino en su fase preparatoria. Entre los documentos aportados a la Fiscalía figura una resolución por la que delegó específicamente la gestión de este expediente en la primera teniente de alcalde, firmada dos días antes de la memoria justificativa del concurso, así como el propio informe técnico que impulsa la iniciativa y que aparece firmado electrónicamente tanto por la técnico municipal como por el regidor.
Los socialistas también ponen el foco en el desarrollo de la adjudicación. Según el acta de la mesa de contratación incorporado a la denuncia, Gallegos obtuvo cuatro puntos en la baremación frente a los tres de la otra solicitante. Pese a que el pliego establecía el rechazo de las ofertas que no alcanzaran esa puntuación mínima, la mesa optó por adjudicar las dos viviendas al considerar que únicamente se habían presentado dos solicitudes y permitió al alcalde elegir primero el inmueble de su preferencia.
Otro de los argumentos del PSOE se centra en el precio fijado para una futura compra de las viviendas. La denuncia sostiene que la tasación municipal se elaboró sin utilizar comparables de compraventa y sitúa el valor de los inmuebles por debajo de distintas referencias públicas de mercado, por lo que solicita a la Fiscalía que practique una pericial independiente para determinar si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal.
El PSOE sostiene que el precio fijado para la futura compra -38.000 euros para el apartamento adjudicado al alcalde y 35.000 para el segundo inmueble- se sitúa muy por debajo de su valor real. La denuncia compara esas cifras con distintos indicadores públicos, como los que hace públicos el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, los precios de la vivienda protegida en Andalucía y referencias del mercado inmobiliario, además de reprochar que la valoración municipal se elaborara utilizando únicamente comparables de alquiler y no de compraventa. Por ello, el PSOE solicita a la Fiscalía que acuerde una tasación pericial independiente que determine si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Los socialistas, según sus cálculos, tasan el precio final en aproximadamente el doble del valor fijado en el expediente.
El alcalde se defiende
El alcalde rechaza todas las acusaciones realizadas por el PSOE en la denuncia. En declaraciones a este periódico, sostiene que decidió presentarse únicamente después de comprobar que una vecina interesada en una de las viviendas había descartado finalmente concurrir al procedimiento. “Si finalmente decidía presentar su solicitud, yo no concurriría para no perjudicar sus posibilidades”, asegura.
Gallegos defiende además que se abstuvo “completamente” de intervenir en el expediente desde el momento en que presentó su solicitud y que toda la tramitación quedó en manos de la primera teniente de alcalde. “Una cuestión es el debate político sobre si un alcalde debe o no concurrir a una convocatoria pública promovida por su ayuntamiento y otra muy distinta afirmar la existencia de una actuación ilegal”, sostiene. El regidor insiste en que el procedimiento contó con informes favorables de la secretaría municipal y de los servicios técnicos y recuerda que, por el momento, “lo único que existe es una denuncia presentada por un grupo político”.
Además, tras la publicación de la información adelantada por Ideal, el propio alcalde emitió un comunicado negando el resto de acusaciones de la oposición. El Consistorio sostiene que el proyecto para adquirir el edificio no nació durante el actual mandato, sino que sus primeros trámites fueron aprobados en 2016. Entonces gobernaba IU, el PSOE ocupaba la oposición y el PP ni siquiera tenía representación municipal. También rechaza que el precio de las viviendas estuviera por debajo de su valor real y asegura que, tras la compra del inmueble por 95.000 euros y una nueva valoración posterior, la planta donde se ubican ambos apartamentos quedó tasada en 73.000 euros, cifra que coincide con la suma del precio de venta fijado para ambas viviendas.