Una plataforma civil impugna ante el Supremo el plan hidrológico de la Confederación del Guadalquivir por “secar la comarca de Baza”

La Plataforma en Defensa del Río Castril vuelve a enfrentarse con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Esta asociación civil, que representa a unos 200 vecinos y representantes políticos de la Comarca de Baza, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado el pasado mes de enero. Según esta plataforma, el proyecto no responde a las necesidades del entorno, sino que ahonda en los problemas que lo están “secando”. Desde la CHG prefieren no hacer declaraciones al respecto.

No es la primera vez que los miembros de la plataforma que defiende el río Castril tratan de frenar un plan hidrológico. Desde hace décadas, luchan contra la “desertificación” de la comarca porque entienden que todo lo que se está haciendo con el agua en la zona es perjudicial para la misma. Parten de la premisa de que es un recurso que no falta, pero que se está utilizando de forma tan irregular que las consecuencias se están empezando a notar. Sin ir más lejos, en una reciente visita de este medio a la comarca de Baza, elDiario.es Andalucía pudo ser testigo de arroyos y acequias completamente secas justo al lado de zonas con una abundante cantidad de agua, justo en plena sequía.

Este contraste en el uso del agua es una de las cuestiones que los ayuntamientos y vecinos de las poblaciones más pequeñas suelen poner de relieve para denunciar la presunta impunidad con la que operan algunos regantes con la connivencia de la Confederación. El problema, enquistado desde hace tiempo, no ha hecho más que agravarse con el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, según denuncia la plataforma. Se agrava por tres cuestiones básicas: no se frenan los pozos ilegales, el caudal ecológico que se mantiene sigue siendo insuficiente y se favorece un posible trasvase del río Castril hacia Baza.

La sobreexplotación de los acuíferos

La cuestión de los pozos ilegales es un problema extendido en toda la comarca y que es fácil comprobar a simple vista. Un recorrido por el entorno natural permite observar numerosas captaciones de los acuíferos sin demasiado esfuerzo. Desde la plataforma denuncian que la Confederación no vigila la construcción y existencia de pozos irregulares y que con este nuevo proyecto hídrico permite que sigan existiendo al darle cobertura legal a las obras para el presunto trasvase del rio Castril.

Este trasvase es una de las principales cuestiones que afectan a la comarca de Baza. Desde hace 40 años. A mediados de los 80 es cuando se empieza a hablar de la necesidad de captar agua de la cabecera del río Castril para transportarla hasta Baza, con el objetivo oficial de mejorar el abastecimiento humano. Sin embargo, quienes integran la plataforma asumen que esto no es real y que lo que busca es restarle agua al entorno para acabar dándoselo a las industrias agroalimentarias y de diversa índole que hay en la provincia vecina de Almería, que linda pocos kilómetros de Baza.

A principios de los 2000 es cuando se empieza a redactar realmente el proyecto de trasvase y se llegan a ejecutar obras aprovechando una presunta orden ministerial de 2006 que le daba prioridad al proyecto en base a una emergencia hídrica. El problema es que, según recuerda la plataforma, dicha orden ministerial nunca fue aprobada, pero las obras se realizaron en diferentes momentos, hasta el punto de que las mismas están ejecutadas a un 94%. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo, a instancias de miembros de esta asociación, frenó el trasvase en 2010.

Lo que ocurre es que el nuevo plan hidrológico, según denuncia la plataforma, “lejos de acatar las sentencias y actuar con las cautelas jurídicas que la razón exige, quiere dar cobertura legal a unas obras declaradas ilegales por sentencia firme del Tribunal Supremo y que condenarían a muerte el río Castril”. La preocupación entre los denunciantes es más que evidente porque recuerdan que se trata de una zona de una biodiversidad notable, que incluye al Parque Natural de Castril, al Geoparque de Granada y al conjunto histórico de Castril, que es Bien de Interés Cultural (BIC). Además, incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha exigido a la Confederación que se pronuncie al respecto de sus planes sobre el trasvase.

Por otro lado, aunque el plan de la Confederación sí mejora el caudal ecológico del río Castril, no es suficiente para lo que exigen desde la plataforma. Teniendo en cuenta que el caudal ecológico es el mínimo de agua que debe llevar un arroyo para asegurar la supervivencia de la flora y la fauna que lo integra, la propuesta del plan hidrológico sigue siendo escasa para las necesidades de la zona. Mientras la CHG propone unos 600 hectómetros cúbicos -tras varias revisiones al alza por petición de esta plataforma-, un informe del catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Diego García de Jalón eleva esa cantidad por encima de los 1.000 hectómetros cúbicos para asegurar los ecosistemas fluviales.

Sin respuesta de la Confederación

Miguel Ortiz, portavoz de la plataforma, va un paso más allá del recurso interpuesto ante el Supremo y apunta a que la propia Confederación es consciente de que “siete de los nueve acuíferos están en mal estado”. Sin embargo, a pesar de ello, “los dejan como exenciones a no cumplir hasta 2027, por lo que no tienen intención de recuperarlos”. Ortiz afirma que es una “barbaridad” porque los datos que maneja la Confederación están basados en los pozos legales que hay en la comarca, pero no tienen en cuenta los irregulares que también están “secando” el entorno.

“Miran para otro lado mientras tanto en Doñana, en el Mar Menor y Málaga están investigando todos los pozos. Hay una sobreexplotación consentida y que no tienen intención de recuperar”. No obstante y pese a la gravedad de las acusaciones de la plataforma y el recurso ante el Tribunal Supremo, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir evitan pronunciarse a preguntas de este medio. “La plataforma está ejerciendo su derecho al recurso y así se respeta”, sentencian.

Por último, desde la plataforma son tajantes: “Si se mantienen los criterios que vienen reflejados en el Plan, condenarían a muerte el río Castril, uno de los río mejor conservados del sur de Europa. Ya que Baza no necesita más agua. Lo que necesita es extremar el cuidado de sus acuíferos y pozos ilegales. Nos extraña que se ponga el el grito en el cielo por Doñana y se de la espalda al río Castril”.

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