Los investigadores biomédicos de Andalucía llevan a la Junta ante los tribunales por sus salarios “mileuristas”
Año y medio después desde que la Junta de Andalucía decidiese desprenderse de tres fundaciones de investigación, una de ellas ha decidido llevar al Ejecutivo regional ante los tribunales. En concreto, el comité de empresa de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) ha denunciado al Gobierno andaluz ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lo que consideran un trato desigual y denigrante si se les compara con personal equivalente del Servicio Andaluz de Salud (SAS): cobran hasta 30.000 euros menos por hacer las mismas funciones.
Así, la precariedad se ceba con los investigadores biomédicos que son esenciales para que la sanidad pública andaluza esté a la vanguardia en el tratamiento a los ciudadanos y en el avance científico. Aunque oficialmente la Junta se desligó de la fundación, lo cierto es que el control público de la misma es mayoritario y la intervención directa del SAS es tan evidente como que estos profesionales están integrados en los hospitales públicos y en proyectos relacionados con el propio sistema público para que se ofrezcan los mejores cuidados a los usuarios. Pero, paradójicamente, es el sistema el que no les cuida a ellos, al menos a tenor de las denuncias procedentes desde el comité de empresa de FIBAO.
La demanda, impulsada por la CGT -sindicato mayoritario en la fundación-, es el primer conflicto colectivo en España que reclama judicialmente la equiparación retributiva del personal investigador de una fundación biosanitaria con las categorías estatutarias del sistema sanitario público. El sindicato sostiene que la situación vulnera el principio de igualdad y la propia Ley de Investigación Biomédica de 2007, cuyo artículo 85 contempla la equiparación salarial con categorías equivalentes del sistema sanitario. “Se debería haber aplicado hace casi dos décadas”, sostiene Sonia Morales, presidenta del comité de empresa de FIBAO.
Trabajadores “low cost”
La brecha no es menor. Según los datos aportados por el comité, coordinadores de ensayos clínicos o personal investigador con titulación en biología o farmacia perciben en algunos casos alrededor de 18.000 euros brutos anuales. En el Servicio Andaluz de Salud, categorías equivalentes pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros. “Tenemos profesionales cobrando entre la mitad y un tercio de lo que se percibe en el SAS”, resume Morales.
La paradoja, dicen, es que desarrollan su labor en los propios hospitales públicos andaluces, comparten equipos y espacios con el personal estatutario y trabajan con pacientes del sistema sanitario público. “Somos personal subrogado low cost del SAS”, denuncia la representante sindical. FIBAO forma parte de la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario público andaluz y, aunque en 2023 dejó de estar formalmente integrada en el sector público autonómico, el comité insiste en que el control público sigue siendo determinante.
Ese cambio jurídico se produjo tras el decreto aprobado por el Gobierno andaluz que sacó del sector público a tres fundaciones sanitarias -entre ellas FIBAO- en un movimiento que la Junta defendió como una forma de “agilizar” la gestión y captar más fondos de I+D+i. La decisión afectó también a FISEVI y FIMABIS y supuso una modificación de la composición de sus patronatos, con mayor presencia de universidades y entidades privadas. Los sindicatos ya advirtieron entonces del riesgo de mercantilización de la investigación y del impacto sobre las condiciones laborales.
En el caso de FIBAO, el comité recuerda que hasta 2023 el patronato estuvo compuesto mayoritariamente por miembros vinculados al SAS y que en la actualidad su presidencia recae en la directora del propio Servicio Andaluz de Salud. “Trabajamos en hospitales del SAS, con medios del SAS y bajo la dirección funcional del SAS”, argumenta Morales, que cuestiona que la fundación pueda presentarse como un ente completamente ajeno a la administración sanitaria.
Hacia un nuevo convenio
La respuesta oficial a las preguntas de elDiario.es Andalucía no ha llegado desde la Consejería de Salud, que ha derivado la contestación a la propia FIBAO. La fundación señala que las seis entidades biosanitarias andaluzas -FISEVI, FIBAO, FIMABIS, FIBICO, FCÁDIZ y FABIS- están negociando un convenio colectivo común para fijar un marco laboral homogéneo. Añade que desde 2012 no consta ninguna reclamación sobre las tablas salariales vigentes, que están aprobadas por sus respectivos patronatos, y que resulta “difícil” establecer equiparaciones con el SAS porque sus categorías no tienen reflejo directo en las estatutarias.
El comité de empresa rebate ese argumento. Morales recuerda que, en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, se aprobó un decreto ley para establecer comparativas y aplicar la equiparación retributiva en las fundaciones sanitarias. En la Comunidad de Madrid, añade, se hicieron equiparaciones parciales para determinados perfiles. “Categorías como biólogos, farmacéuticos o personal administrativo existen en el SAS. No es que no haya equivalencia, es que no se ha querido aplicar”, sostiene.
Además, el sindicato rechaza que no haya habido reclamaciones previas. Según su relato, en 2014 se inició la negociación de un convenio colectivo para las fundaciones que entonces formaban parte del sector público andaluz. El texto se remitió a Hacienda en 2021, pero nunca llegó a entrar en vigor. En 2023, tras la salida de las fundaciones del sector público, el proceso tuvo que reiniciarse desde cero. El resultado, denuncian, son tablas salariales incluso inferiores a las planteadas años atrás.
La CGT asegura que planteó una equiparación progresiva en cuatro años para garantizar la estabilidad presupuestaria, propuesta que, según el comité, fue rechazada por la patronal y no contó con el respaldo de otros sindicatos presentes en la mesa negociadora. FIBAO, por su parte, insiste en que será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se pronuncie sobre la demanda presentada.
Más allá de la batalla judicial, los investigadores alertan de las consecuencias de esta brecha salarial. La investigación clínica, financiada en parte por farmacéuticas, ofrece condiciones más atractivas en el sector privado, mientras que la investigación básica depende casi en exclusiva de fondos públicos. “Las condiciones actuales favorecen la fuga de talento”, advierte Morales. A su juicio, el modelo andaluz mantiene una estructura pública de investigación apoyada en personal con salarios mileuristas y contratos vinculados a proyectos, lo que dificulta la estabilidad y la planificación a largo plazo.
El caso de FIBAO, que ahora llega a los tribunales, pone el foco sobre un debate más amplio: si la investigación biomédica que sostiene a la sanidad pública andaluza puede seguir apoyándose en un modelo laboral que, según los trabajadores, les sitúa en una posición de desigualdad frente a sus propios compañeros de hospital. Será el TSJA quien tenga la última palabra jurídica, pero la discusión sobre el modelo de investigación ya está sobre la mesa.