INVESTIGACIÓN
La Fundación Antonia Guerrero busca comprador para más de 100.000 metros cuadrados de terreno que aquella mujer legó para que las “mujeres pobres” de Estepona pudieran acceder a estudios universitarios. Los interesados deberán acreditar músculo financiero: de salida son 66 millones de euros, que podrían elevarse en función de las pujas que la Fundación reciba por el lote de siete parcelas, listo para construir y ubicado en una zona privilegiada de uno de los municipios más atractivos de España para la inversión inmobiliaria en el segmento del lujo, las segundas residencias y los compradores extranjeros.
Una vez que se consume la subasta y el comprador pague, a mediados de diciembre, la Fundación se encontrará con una liquidez extraordinaria, el 70% de la cual deberá aplicar a sus fines fundacionales en un plazo de tres años, según sus Estatutos. De esta forma, dispondrá de un mínimo de 46,2 millones de euros para becas que faciliten los estudios universitarios a las esteponeras o para levantar una “ciudad del conocimiento”, que son los dos conceptos a los que puede dedicar sus ingresos.
¿Cómo piensa invertir todo ese dinero en tan poco tiempo? La Fundación, presidida por el alcalde José María García Urbano (PP), no sabe o no contesta. El Ayuntamiento tampoco lo aclara. Y ninguno de los dos partidos de la oposición municipal (PSOE y Vox) saben nada de ningún plan que, de existir, y por alcance económico, debería ser ya de conocimiento público. Pero todo encaja con la reiterada promesa formulada por el alcalde en cada campaña electoral: una universidad privada en Estepona.
Todo invita a pensar que se está fraguando algún proyecto educativo-inmobiliario que siga la línea de los frustrados intentos de atraer una universidad a la ciudad. Hace tres décadas estuvo cerca el desembarco de la Universidad Pontificia de Salamanca, auspiciado por el Obispado, y desde que llegó a la alcaldía, en 2011, el alcalde José María García Urbano airea la idea como reclamo electoral.
Ahora, y mientras se materializa la venta de más de 100.000 metros cuadrados edificables propiedad de la Fundación Antonia Guerrero, la Dirección General de Coordinación Universitaria está tramitando la “solicitud de implantación” de la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero. La entidad promotora es Proyecto Educativo en Estepona, S.A., según la respuesta remitida por Transparencia a este medio el pasado junio. Se trata de una mercantil presidida por Jorge Segovia Bonet, un empresario hispano-chileno, hijo del pedagogo y profesor Felipe Segovia, impulsor y primer rector de la Universidad Camilo José Cela.
No es la primera vez que Segovia lo intenta. En los últimos comicios, en mayo de 2023, el alcalde volvió a prometer que traería una universidad a Estepona, uno de sus grandes deseos. Por entonces ya sabía que el Ministerio de Universidades había rechazado el proyecto de un campus privado impulsado por la Institución Internacional SEK, una entidad domiciliada en Costa Rica (diferente a la San Estanislao de Kotska) y con universidades en Chile y Ecuador. Estaba previsto que el futuro campus, orientado a las ciencias de la Salud, se situara en los terrenos de Guadalobón, provenientes del mismo legado, y adquiridos hace décadas por el empresario Juan José Hidalgo. La construcción, según el proyecto, se financiaría con la venta de los activos de la Fundación Antonia Guerrero.
Pero el Ministerio veía todo esto como castillos en el aire y en diciembre de 2022 emitió un demoledor informe en contra. Constataba que la sede prevista estaría inicialmente en un edificio público que actualmente realiza actividades culturales y que el Ayuntamiento alquilaría a la Fundación Antonia Guerrero Díaz que a su vez lo alquilaría a los promotores de la Universidad. El proyecto contemplaba que más adelante se venderían los activos de la Fundación, presidida por el alcalde, para financiar la construcción de una nueva sede universitaria, “en un terreno del que no se dispone, que será presumiblemente arrendada a los promotores de la Universidad”, concluía ese informe, con visible escepticismo.
Tres años después, está cerca la venta en pública subasta de los terrenos, y eso puede ser la primera piedra, ya sí material, de la futura universidad privada. Ahora, Institución Internacional SEK S.A., que era la promotora entonces, ha sido sustituida por una sociedad netamente española, Proyecto Educativo en Estepona, S.A.
Detrás está la misma persona: el empresario Jorge Segovia Bonet. Se trata de una persona discreta en España, pero de relevancia pública en Chile, donde ha protagonizado episodios controvertidos. Aunque en los últimos años ha aparecido vinculado a varios escándalos, no hay constancia de condenas y él defiende que su imagen pública ha sido pervertida por los medios, contra los que ha ejercido más de una acción judicial.
Su buque insignia es la Universidad Internacional SEK, cuya marca obtuvo tras librar una batalla legal con su padre. En 2013, la Fiscalía de Chile investigó a SEK y Segovia en un caso de presuntos sobornos cometidos por varias universidades para obtener la acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA).
Los dirigentes de dos de las tres universidades investigadas fueron a prisión preventiva, pero Segovia voló a España (desde donde declaró por videoconferencia) y no regresó hasta que el caso fue archivado para él. Aunque el presidente de la CNA fue condenado, el fiscal retiró la acusación contra Segovia y SEK por falta de pruebas tras cuatro años investigándolos, según informó la prensa chilena.
La relación de SEK con los órganos de acreditación chilenos ha sido tormentosa. La acreditación que obtuvo en 2012 fue investigada, en 2014 se le retiró, volvió a obtenerla en 2021 y recientemente, en diciembre de 2024, la CNA decidió no renovarla tras imponer unos criterios más exigentes. El documento de evaluación advierte de una caída de las matriculaciones del 54,3% desde 2018 y pérdidas operacionales acumuladas de 5,4 millones de euros desde 2020. En los últimos años la Universidad ha acometido un plan de ajuste que incluye el cierre de campus, la venta de activos inmobiliarios y la reducción de plantilla. Tenía inscritos unos 3.200 alumnos.
Jorge Segovia Bonet no solo está vinculado a la educación universitaria privada. En Chile es dueño del club de fútbol Unión Española, a través de SEK, que también lo patrocina. Una red de intereses compartidos que le ha puesto bajo la lupa. El cargo le sirvió de trampolín para ostentar la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, entidad equivalente a la Federación española. También fue Presidente, pero apenas duró unos días antes de ser inhabilitado.
Según aseguró el propio club, Segovia y la universidad vencieron a Amazon en los tribunales a propósito de la serie El Presidente (2020), a la que consideraba difamatoria para él y para SEK. La serie relataba los entresijos del FIFA Gate, un escándalo de sobornos y fraude en el organismo de fútbol internacional. Según el club, Segovia logró una indemnización “muy sustancial” y la retirada de pasajes difamatorios de la serie, que sigue siendo accesible en el catálogo de Prime Video.
El desembarco en Estepona de una universidad privada auspiciada por Segovia dependerá en última instancia del beneplácito de la Junta de Andalucía, que el alcalde ha dado por descontado en alguna ocasión.
Mientras acusaba al Gobierno central de boicotear su proyecto de Universidad por el informe del Ministerio, García Urbano aseguraba que cuenta con el compromiso del consejero de Universidades, José Carlos Villamandos, y del propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. “Están haciendo causa personal de este proyecto”, explicó en una entrevista con Libertad Digital hace dos años. El Gobierno andaluz ha impulsado la apertura de cinco universidades privadas en esta legislatura, tres de ellas en la provincia de Málaga.
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