El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles el proyecto de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) sin someterlo previamente al dictamen del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Ejecutivo andaluz en materia socioeconómica. La norma se ha tramitado por la vía de urgencia, contando solo con los informes del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo de Andalucía, según confirman fuentes de la Consejería de Universidad consultadas por este periódico.
El motivo que alega la Junta para no haber consultado al CES es que, según la normativa, en la tramitación urgente de una ley solo es preceptivo recabar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. En cuanto a la urgencia, la Consejería explica que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) da un plazo de tres años a las universidades para adaptar sus estatutos a la nueva ley estatal, que vence en 2026. Para evitar que tengan que acometer dos reformas estatutarias en un corto plazo de tiempo, la Junta defiende la necesidad de aprobar la LUPA antes de esa fecha.
No obstante, sindicatos como CCOO –integrante de la Comisión Permanente del CES– han denunciado que una ley con “alto contenido socioeconómico” como la LUPA –que, entre otros aspectos, regula el modelo de financiación del sistema público universitario– se haya tramitado por vía urgente, sin pasar por el órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica.
Los informes del Consejo Económico y Social, sin ser vinculantes, tienen un peso político y técnico relevante, ya que reflejan el consenso entre los distintos sectores sociales. Desde la Consejería, en cambio, defienden que la ausencia del dictamen del CES no resta participación al proceso, pues el texto ha sido acordado con las universidades y consultado con sindicatos, estudiantes y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), antes de ser aprobado en el Consejo de Gobierno.
Cabe recordar que el CES andaluz emitió hace tres años informes críticos sobre la aprobación de universidades privadas, como la Utamed, a la que puso bastantes pegas tras detectar ciertas “debilidades” e “insuficiencias” en su proyecto. Por eso, voces críticas como la del portavoz de Universidades del PSOE, Antonio Ruiz Sánchez, han calificado de “inaceptable” que la LUPA se apruebe sorteando la opinión del Consejo Económico y Social andaluz.
“Sospechamos que el Gobierno de Juanma Moreno ha querido evitar un posible mal trago con el dictamen del CES”, apunta el portavoz socialista, recordando que los informes que el órgano consultivo emitió sobre las universidades privadas aprobadas en los últimos años “fueron especialmente puntillosos y afeaban la rebaja de los requisitos de calidad exigidos”.
Frente a la crítica de CCOO-A por “falta de transparencia” al haber obviado al CES, el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos insiste en que el proceso ha sido público y sometido a Transparencia. De acuerdo con la Consejería de Universidad, la nueva ley universitaria andaluza “consolida el modelo de financiación” del sistema público universitario, “estabiliza la carrera académica”, reconoce “la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda del alumnado”, impulsa “una mayor transparencia” de las instituciones académicas, “mejora la gobernanza” y “endurece las condiciones para la creación de universidades privadas”.
Desde CCOO-A, sin embargo, se advierte de que el proyecto de la LUPA contiene elementos “regresivos” que pueden “perjudicar” a la universidad pública “en beneficio de la privada”. Entre otras cuestiones que ya denunció el sindicato con más de cuarenta enmiendas al anteproyecto de ley, CCOO critica que la nueva norma “no garantiza la solvencia y el sostenimiento económico del sistema público”, mientras “contempla la posibilidad de financiar parcialmente con fondos públicos a las universidades privadas”.
Al respecto, apuntan que la normativa no recoge “ningún compromiso que asegure la aplicación del 1% del PIB, contemplado en la LOSU, ni ninguna otra medida económica de salvaguarda que garantice la suficiencia financiera del sistema y el desarrollo del mapa de titulaciones”. También alerta de que la futura inclusión de becas para universidades privadas que contempla la LUPA podría convertirse en una “subvención indirecta”, beneficiando a los estudiantes “más pudientes” y fomentando “el elitismo social”.
A todo ello, se suma el hecho de que se haya dejado fuera “el sentir social representado en el Consejo Económico y Social”, compuesto por sindicatos (CCOO y UGT), organizaciones empresariales y expertos reconocidos en ámbitos económico, social y laboral. “Una ley que debe contar con el mayor consenso social posible, se sustituye por el rodillo parlamentario”, afean desde el sindicato.
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