Andalucía contraataca en el Constitucional

La batalla constitucional entre Junta y Estado parece reavivarse y ya cuenta con nuevos capítulos. El Gobierno de Mariano Rajoy, tanto en junio como en enero, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para contrarrestar las medidas antidesahucios de Andalucía. Primero contra el decreto y luego contra la ley, que han quedado en suspenso. La comunidad autónoma va a contraatacar antes de que acabe febrero con sendos recursos a dos leyes estatales: la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, más conocida como reforma local.

Los conflictos de inconstitucionalidad pendientes por resolver entre el Estado y la Junta de Andalucía suman actualmente una veintena. Son siete procedentes desde Andalucía, todos en la presente legislatura, y 13 planteados por el Ejecutivo, casi todos también en los últimos dos años. Casualmente, el más antiguo de los recursos (interpuesto en marzo de 2006) y el más reciente (de enero de 2014) se refieren a la misma materia: la vivienda. Hace casi ocho años se interpuso recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados, contra la Ley andaluza de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. Aún está sin resolver, casi ocho años después.

Bastante más reciente es el recurso estatal contra la ley antidesahucios. El pasado 16 de enero, el TC admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Unos meses antes, ya había recurrido el decreto ley. Los argumentos del Ejecutivo central aluden a que la norma andaluza “compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero”, algo que ha causado indignación en la Junta. Allá por 2006, era Javier Arenas, entonces presidente del PP-A, el que señalaba que la Ley andaluza de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo invadía las competencias municipales de los ayuntamientos, tachándola de “intervencionista”.

Similar argumento, pero en sentido inverso, planteará la Junta a la hora de interponer recurso este mes (“antes del 28F”, ha dicho la presidenta, para marcarle el acento andaluz) contra la reforma de la Administración Local, ya aprobada en el Congreso de los Diputados, por “lesiva” para los intereses municipalistas. Su vicepresidente, Diego Valderas, considera “lógico” que la normativa se paralice hasta que el Constitucional se pronunciara al respecto, como ha ocurrido con la ley antidesahucios.

De igual forma, de la Consejería de Educación partirá otro recurso, también previsto para este febrero, la 'Ley Wert' por invasión competencial en materia de evaluación y de garantía de calidad. El consejero, Luciano Alonso, ha manifestado que, aunque otras comunidades autónomas también podrían estar dispuestas a plantear la misma acción (Asturias, Canarias, País Vasco o Cataluña han dejado claro su rechazo a la Lomce), cada cual deberá plantear su propio recurso, como es habitual en cuestiones de inconstitucionalidad.

Sin previsión en las resoluciones

“No hay previsión respecto al plazo de resolución; los recursos no caducan”. Es la respuesta del TC ante la pregunta de cuánto tiempo podría tardar el alto tribunal en resolver los recursos pendientes, los antiguos y los más actuales. Una de las consecuencias de la interposición de este tipo de conflictos es la dilatación temporal de las resoluciones. Un ejemplo bastante reciente ocurrió hace aproximadamente un año, cuando la Administración andaluza conoció que el Constitucional anulaba una ley autonómica aprobada en 2002, más de diez años después, otorgando libertad de colegiación a los funcionarios públicos.

A expensas de los dos nuevos anunciados por la Junta, todos los conflictos planteados ante el TC por Andalucía o el Estado (ver el listado completo más abajo) están admitidos a trámite, han pasado el primer filtro y están pendientes de que el Pleno se pronuncie dictando sentencia. “El orden cronológico pesa, pero no se sigue de forma estricta. Se van viendo por el Pleno a medida que se van redactando propuestas (borradores) de sentencia sobre los que el Pleno va trabajando”, añaden desde el Constitucional.

El caso es que, en cuanto al último conflicto planteado, el recurso contra la ley antidesahucios ha provocado la suspensión inmediata de los preceptos impugnados (básicamente las sanciones a bancos por viviendas vacías y las expropiaciones para evitar desahucios). En este sentido, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta trabaja, por un lado, en la petición de levantamiento de la suspensión cautelar sin necesidad de agotar los cinco meses de plazo máximo, y por otro, en pedir por carta a las entidades financieras que operan en Andalucía y a los juzgados que llevan los 37 expedientes de expropiación temporal de viviendas no culminados que paralicen los procedimientos.

A continuación, el listado completo, por orden cronológico, de los conflictos constitucionales pendientes de resolver entre Junta y Estado (en negrita, los planteados desde Andalucía):

20 recursos por resolver entre Junta y Estado

1) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la Ley de Andalucía 13/2005, de 17 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo. Presentado en 2006

2) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. Presentado en 2008

3) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley de Andalucía 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía. Presentado en 2008

4) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra el Decreto-Ley de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Presentado en 2010

5) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía. Presentado en 2011

6) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el Artículo 1 de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Presentado en 2012

7) Conflicto positivo de competencia del Gobierno contra la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y ordenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo. Presentado en 2012

8) Conflicto positivo de competencia del Gobierno contra la Orden de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y artes Escénicas y Profesores de artes Plásticas y Diseño. Presentado en 2012

9) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Presentado en 2012

10) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. Presentado en 2012

11) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Presentado en 2012

12) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Presentado en 2012

13) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Presentado en 2013

14) Conflicto positivo de competencia del Gobierno contra la Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud. Presentado en 2013

15) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra los arts. 4, 5 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; art. 8 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social; y los arts. 1, 2 y 3 y la disposición adicional única del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Presentado en 2013

16) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Presentado en 2013

17) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Presentado en 2013

18) Cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el art. 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, en su aplicación al personal laboral del sector público por posible vulneración del artículo 9.3 de la C.E. Presentado en 2013

19) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Presentado en 2013

20) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Presentado en 2013

Andalucía contraataca en el Constitucional

Después de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno de Rajoy contra las normas antidesahucios andaluzas, la Junta no dejará pasar este mes para presentar otros dos: contra la Lomce y contra la reforma local.

El Tribunal Constitucional acumula actualmente una veintena de asuntos por resolver entre ambas administraciones, siete planteados por la Junta y 13 por el Estado, la mayoría durante los dos últimos años.

El más antiguo (2006) y el más reciente (2014) tienen que ver con la vivienda, y en ambos casos son normas andaluzas las recurridas. “No hay previsión respecto al plazo de resolución; los recursos no caducan”, dicen en el TC.

Sin previsión en las resoluciones

20 recursos por resolver entre Junta y Estado