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El recurso del Gobierno: la Ley antidesahucios "pone en riesgo la economía de España"

El recurso presentado por el Gobierno de la Nación, y notificado esta semana a la Junta de Andalucía, sostiene que la norma "compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero".

Elena Cortés muestra su indignación por el contenido del texto, que también alerta de que esta normativa hace peligrar la propiedad privada y puede disparar la prima de riesgo.

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Andalucía acusa al Gobierno de defender especuladores ante derecho a vivienda

Andalucía acusa al Gobierno de España de defender especuladores ante derecho a vivienda.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido esta semana la notificación del recurso que el Gobierno de España ha presentado contra la Ley de la Función Social de la Vivienda como "una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo". La reclamación, que fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado día 22 de enero, recupera los argumentos de que esta norma pone en peligro la economía del país, puede disparar la prima de riesgo e incluso ir contra las condiciones impuestas a España por la troika -Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional (FMI)- para el rescate de su sistema financiero.

"El recurso se basa en elucubraciones descabelladas e hipótesis ya refutadas por los hechos según las cuales la ley  provocaría el colapso de la economía española", ha criticado la consejera. Esta ha recordado que, en sus algo más de tres meses en vigor, la ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andalucía, "y ello mientras bajaba la prima de riesgo, como el Gobierno de España se encarga de repetir a diario, y sin que se haya interrumpido, que se sepa, ese proceso de reestructuración pagado con multimillonarias cantidades de dinero público".

El recurso, que se puede consultar íntegramente en la web de la consejería, cita cuatro informes del Banco de España, así como el Memorando de Entendimiento (MOU) que fija las condiciones del rescate financiero a España. Recuerda que el MOU "obliga" a las autoridades españolas a consultar a la Comisión Europeay al BCE, "y a solicitar asesoramiento técnico del FMI", sobre cualquier política no incluida en el programa que pueda tener "un impacto material en la consecución de los objetivos" del mismo.

Estos son algunos de los argumentos incluidos en el texto que inciden en esta idea negativa de la norma:

  • Sostiene que por el hecho de recoger el derecho "a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública".
  • La norma "tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro […] la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito […] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico".
  • También remarca el recurso que "no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español".

Cabe recordar que desde que entró en vigor esta ley, el pasado 8 de octubre, se completaron dos expropiaciones temporales que no tienen vuelta atrás, y se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) otros 37 expedientes de familias de escasos o nulos ingresos ya cerrados, pero que han quedado en suspenso por el recurso. La Junta de Andalucía tenía en estudio otro centenar de reclamaciones de ciudadanos que habían solicitado el amparo de esta ley para evitar ser expulsados de sus viviendas.

Por otro lado, como el recurso invocó el artículo 161.2 de la Constitución Española, ello conllevó la suspensión cautelar inmediata de los preceptos impugnados, que básicamente son la creación de la figura de vivienda vacía, la potestad de sancionar a personas jurídicas por mantener inmuebles deshabitados durante más de seis meses a lo largo de un año y la expropiación del uso durante un máximo de tres años para evitar desahucios de familias en exclusión social. El alto tribunal tiene cinco meses para decidir si levanta esta suspensión -que no afecta a su totalidad pero sí a sus artículos más importantes- y puede tardar años en pronunciarse sobre su constitucionalidad.

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