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Comienza la ofensiva para evitar los desahucios en las expropiaciones paradas

Fomento y Vivienda envía desde este lunes cartas a los bancos y juzgados que llevan los expedientes que han sido paralizados con el recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda.

Paralelamente, se trabaja para que el Tribunal Constitucional levante ya la suspensión cautelar de los artículos recurridos y no agote el plazo máximo de cinco meses que tiene.

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La beneficiada por la primera expropiación de una vivienda considera estos tres años como "un balón de oxígeno"

La beneficiada por la primera expropiación de una vivienda considera estos tres años como "un balón de oxígeno".

La Consejería de Fomento y Vivienda ha comenzado este lunes a remitir cartas a todas las entidades financieras que operan en Andalucía y a los juzgados que llevan los 37 expedientes de expropiación temporal de viviendas no culminados por el recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda. Las cartas a los bancos las firma Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, y se remiten desde los servicios centrales. Mientras, las de los juzgados van firmadas por los delegados provinciales de Fomento y Vivienda, y se envían desde las delegaciones, según explican desde la consejería.

La mayoría de los afectados por la paralización de la ley son de Málaga, donde había abiertos 14 de esos 37 expedientes. El resto se distribuyen entre Granada (seis), Córdoba (cinco), Sevilla (cinco), Cádiz (tres), Almería (uno) y Huelva (uno). Hay que sumarles las dos expropiaciones que sí se culminaron y que no tienen vuelta atrás, pese al recurso del Gobierno de la Nación contra esta ley en el Tribunal Constitucional (TC). Una se efectuó en Huelva y otra en Torremolinos (Málaga).

Cabe recordar que el recurso, admitido a trámite la pasada semana por el TC, provocó la suspensión inmediata de los preceptos impugnados (básicamente las sanciones a bancos por viviendas vacías y las expropiaciones para evitar desahucios). Por ello, la consejera del ramo, Elena Cortés, trabaja todavía en la petición de levantamiento de la suspensión cautelar sin necesidad de agotar los cinco meses de plazo máximo, "por la desprotección masiva del derecho a la vivienda" que provoca la misma.


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