Condenado a nueve años de inhabilitación al exalcalde de La Algaba (Sevilla) José Luis Vega

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU-CA) a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación y lo ha absuelto del delito de malversación de caudales públicos del que se le acusaba a cuenta de supuestas facturas falsas.

En la sentencia, fechada el 27 de julio y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia Provincial absuelve asimismo a tres concejales del que fuera su equipo de gobierno de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La sentencia recoge como hechos probados que José Luis Vega, “prescindiendo de las más elementales normas de procedimiento y pese a conocer el carácter vinculante de las mismas, suscribió contratos de obras y/o servicios, en ocasiones sin el preceptivo expediente de licitación pública (atendida la cuantía del contrato); indicando algunas de las facturas conceptos insuficientes para determinar la naturaleza de la obra o servicio; y en otras ocasiones con el presupuesto del ayuntamiento en trámite de aprobación”.

Así, indica que el interventor emitió informes de reparo sobre determinadas facturas, “bien porque el presupuesto del ayuntamiento se encontraba en trámite de aprobación; bien porque por la cuantía de lo facturado se requería incoación de expediente de contratación, el cual no constaba tramitado; o bien porque el concepto de la factura no servía para definir suficientemente la naturaleza del servicio facturado. De dichos informes de reparo se dio debida cuenta al Alcalde, quien pese a lo cual ordenó los pagos”.

Respecto a la absolución del delito de malversación de caudales públicos, la Audiencia señala que “ninguna prueba se ha practicado en el acto del juicio que acredite que parte de las facturas respondan a trabajos inexistentes, o que dos empresas hayan facturado por la misma obra o servicio, ni que por parte de alguno de los acusados se visara alguna factura desconociendo la realidad del servicio prestado, ni que algunas de las facturas obedezcan a trabajos para los que el Ayuntamiento contaba con personal propio o concierto de colaboración con otras entidades”.

En la última sesión de la vista oral, celebrada el pasado día 30 de junio, el Ministerio Público y la acusación particular elevaron de cinco a seis años la petición de cárcel que solicitaban para los tres exconcejales por supuesto delito de prevaricación en concurso con malversación y en calidad de cooperadores necesarios, ya que ese es el mínimo recogido en el Código Penal para dicho supuesto.

Fiscalía y acusación particular solicitaban también 15 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para los exconcejales de Deportes, Manuel Ortega; de Medio Ambiente, Antonio Miguel Gutiérrez, y de Fiestas, Juan Francisco Calderón, a los que consideraba cooperadores necesarios.

En lo que respecta al exalcalde, el Ministerio Público le pedía en su escrito de acusación inicial un total de ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito también continuado de prevaricación.

PETICIÓN DE INDEMNIZACIONES

De igual modo, solicitaba que todos los acusados indemnizaran de manera conjunta al Ayuntamiento de La Algaba con 257.577,87 euros en concepto de perjuicios irrogados al Consistorio “con su ilícito proceder”.

El Ministerio Público aseveraba que, en el periodo en el que ostentaron el poder en el Ayuntamiento, los acusados “se dedicaron, prescindiendo de las más elementales normas de procedimiento y pese a conocer el carácter vinculante de las mismas, a suscribir contratos de obras y/o servicios en muchas ocasiones sin el preceptivo expediente de licitación pública” y “en muchas ocasiones sin la necesaria consignación presupuestaria”.

Según el fiscal, algunas de las facturas “obedecieron a trabajos para los que el Ayuntamiento contaba con personal propio o concierto de colaboración con otras entidades, con lo que no procedía contratación de terceros”, a lo que añade que “parte de la facturación” respondió a trabajos “inexistentes, indicando conceptos ambiguos e insuficientes para determinar la naturaleza de la obra, lo cual ha desembocado en la imposibilidad de acreditar con certeza la realidad de los trabajos prestados”.

El fiscal precisaba, en un escrito de acusación consultado por Europa Press, que cada una de las facturas “controvertidas” contaban “con el visto bueno del respectivo concejal”, de manera que los acusados, “pese a conocer de las irregularidades en la contratación, no tuvieron reparo en refrendar el negocio estampando visado y firma en las facturas que se iban presentando”.

Por su parte, las defensas de los acusados solicitaron en la sesión final del juicio la libre absolución para sus representados y, en su defecto, medidas para atenuar las penas y la responsabilidad civil que interesan las acusaciones.