Horas antes de la celebración este viernes del Consejo de Participación de Doñana, la Junta de Andalucía ha desvelado que no va a respaldar tal cual la solicitud para realizar nuevos sondeos de gas en su entorno, una actividad que tiene licencia muy cerca del parque y para la que el Gobierno central prevé autorizar nuevos sondeos. En cambio, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno reclamará que la iniciativa se someta a un nuevo estudio ambiental, además que de se informe del proyecto tanto a la Comisión Europea como a la Unesco.
En la actualidad, la empresa Trinity Energy Storage ya explota un depósito de gas ubicado en término de Almonte, a las puertas del enclave natural. La compañía tiene autorización para dos pozos de inyección, pero uno está estropeado desde hace años y lo que quiere ahora es realizar un nuevo sondeo (Marismas 3NE) para sustituirlo y explotar a mil metros de profundidad un almacén que requiere inyectar y extraer gas.
El Ministerio para la Transición Ecológica entiende que el proyecto tiene licencia desde 2010, por lo que está obligado a autorizar esta nueva petición de la compañía. No opina lo mismo el Gobierno andaluz, que considera que los 15 años que han pasado desde que se le concedió autorización ambiental justifican una revisión de la misma. El objetivo sería analizar posibles riesgos al paraje natural, muy especialmente a sus aguas subterráneas, y que toda la información se le haga llegar a la Comisión Europea y a la Unesco.
De esta manera, la Junta se alinea con las tesis principales de las organizaciones ecologistas, que han reactivado la plataforma Salvemos Doñana para denunciar que, además de daños al acuífero, hay riesgo de que el sondeo provoque terremotos como ya ocurrió con el megaproyecto de El Castor en Castellón. Esta postura ya estuvo en la argumentación para que el Gobierno andaluz, en la etapa de la socialista Susana Díaz, denegara en 2016 nuevos permisos, una oposición que luego ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Así que, salvo que el Ministerio se saque un as de la manga, en estos momentos las posturas de los ejecutivos central y andaluz están enfrentadas. La Junta planteará su propuesta en el Consejo de Participación de Doñana, cuyos miembros (administraciones, ayuntamientos, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales y ambientales...) en principio votarán para fijar la postura de este órgano.
En todo caso, la resolución que salga no es vinculante para el Ministerio, ya que se trata de un órgano de consulta pero sin la obligación de que se aplique lo que decida. Eso sí, una postura en contra le pondría las cosas difíciles al Gobierno central de cara a la opinión pública para dar su visto bueno al proyecto.
La componente política no hay que perderla de vista, ya que por mucho que se pactase un acuerdo por Doñana, de aquí a menos de un año habrá elecciones autonómicas y la lucha por el relato ambiental es importante de cara a esta cita. De hecho, los permisos para el gas (la actividad se remonta a los años 70) han sufrido vaivenes en función de las circunstancias políticas.
El actual proyecto se dividió en su momento en cuatro partes, y la primera (Marismas Occidental) recibió autorización en 2010, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. La Junta, también gobernada por el PSOE, dio su visto bueno, pero se negó a hacer lo propio con las restantes tres propuestas cuando las activó un Gobierno central en el que ya estaba Mariano Rajoy (PP). El argumento fue que tenían un impacto mucho mayor que el sondeo ya en marcha, pero hubo también muchas presiones, con protestas ecologistas y hasta un llamamiento del Parlamento europeo a paralizar el depósito.
Para terminar de complicar la situación, el almacenamiento de gas se considera clave para garantizar una cierta independencia energética, puesta de manifiesto desde la invasión rusa de Ucrania. España cuenta con pocas instalaciones para ello, aunque las organizaciones ambientalistas consideran que el depósito de Doñana “no se demuestra necesario para cumplir un rol relevante en la seguridad energética” dado su pequeño tamaño (unos 100 millones de metros cúbicos) frente a los otros tres que hay en España, que superan los 1.000 millones.
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