Un informe de la ONU, 'El nexo entre el agua y la energía', elaborado por el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el aragonés Pedro Arrojo, reclama una moratoria ante la proliferación de centros de datos, un fenómeno incipiente en España y que se da con especial intensidad en Aragón. El docente e investigador alerta de que la “prioridad” que están dando las instituciones a los promotores de granjas de servidores “producen asimetrías injustas respecto a otros sectores que generan más puestos de trabajo”, a lo que se suma el intenso consumo de recursos que generan.
El documento, adelantado por 'El País' y que aborda la necesidad de llevar a cabo una doble transición justa –energética e hídrica– basada en los derechos humanos, centra gran parte de su contenido en la explosión de centros de datos que se está registrando en Occidente.
El autor apunta a la “evidente necesidad” de cambiar de una gestión del agua basada en la oferta a otra centrada en “la demanda y la conservación de los ecosistemas acuáticos”. Para ello, indica, “es necesario frenar considerablemente las industrias con un uso intensivo de agua”. Incluye en este punto la agricultura, en la línea de “reducir o limitar la expansión del riego”. También menciona, en cuanto a la energía, la obligación de “frenar y gestionar la demanda energética, sin limitarse a cambiar a fuentes de energía limpias y renovables”.
En este contexto es donde entran en juego los megacentros de datos. “Ese crecimiento genera importantes y preocupantes demandas de agua, así como un dramático aumento del consumo de electricidad. Estas tendencias entrañan graves riesgos para los ecosistemas acuáticos y presentan expectativas insostenibles para el futuro”, refleja el autor, que añade un factor complementario: el hecho de que su proliferación, para el que hay precedentes fuera de España, se produzca “en circunstancias opacas, con falta de transparencia, participación, acceso a la información y rendición de cuentas”, y que se justifique “a menudo en nombre del progreso económico”.
Arrojo cita un ejemplo: en febrero de 2023, el ministro de Medio Ambiente irlandés reconoció en una respuesta parlamentaria que no disponían de un registro que detalle las necesidades en materia de agua y electricidad que precisan los centros de datos en ese país.
Si los impactos directos “de esas nuevas demandas” sobre los ecosistemas acuáticos es importante, los impactos indirectos “pueden resultar aún más graves”. Porque la “exponencial” demanda energética da lugar a “presiones para reactivar la construcción de grandes presas hidroeléctricas” y también de centrales térmicas y nucleares.
De nuevo en Irlanda, los centros de datos consumieron hace dos años una quinta parte de toda la electricidad del país, una tasa que sigue en aumento. De hecho, toda la nueva energía eólica generada tuvo como destino estas infraestructuras. Pero como están empezando a surgir trabas ahí, los promotores buscan ahora países que ofrezcan agua y energía “a menudo subvencionada con fondos públicos” y que antepongan el desarrollo de centros de datos. “Desde el punto de vista social, la prioridad que se da a esas empresas y las tarifas energéticas de que se benefician producen asimetrías injustas respecto a otros sectores que generan más puestos de trabajo y que merecen una atención preferente”, denuncia el informe.
Y concluye que un “crecimiento tan masivo” de la demanda de agua y especialmente de la electricidad “supone una peligrosa competencia” frente a necesidades básicas como “los derechos humanos al agua potable y al saneamiento”, sin olvidar una “electricidad asequible”.
Por todo ello, el relator de Naciones Unidas pide a los estados y a las instituciones internacionales que promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” y que proporcionen “información clara sobre su consumo de agua y energía”. “Deben fijarse prioridades sobre la base de la transparencia y la información adecuada, con arreglo a los principios de sostenibilidad, equidad y goce efectivo de los derechos humanos, a fin de regular las demandas de agua y energía de dichos centros”, incide.