Organizaciones ecologistas, vecinales y de defensa del territorio se han unido para alegar contra el Plan de Interés General Autonómico (PIGA) que tramita el Gobierno de Aragón en relación con los tres centros de datos que impulsa Microsoft en Zaragoza (Puerto Venecia), La Muela (Polígono Centrovía) y Villamayor de Gállego. Argumentan que al “consumo desproporcionado” de electricidad se une una exención de impuestos que, según calculan, alcanza los 140 millones de euros. Y eso sin una contrapartida equivalente en creación de puestos de trabajo. Para más inri, las entidades destacan que, según ha publicado la propia multinacional estadounidense, sus inversiones en España tendrán mayor impacto en cuanto a empleo en otras siete comunidades autónomas donde, sin embargo, no desarrolla ningún centro de datos.
El colectivo de organizaciones alegantes está integrado por Ecologistas en Acción, la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), No es sequía es saqueo, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), la Asociación Vecinal Montes de Torrero-Venecia, Tu Nube Seca Mi Río, la Plataforma en Defensa Estepa Huerva y Sermo, la Asociación Ciudadana de Muel y el Juncar es Vida (Plataforma en defensa de la Ribera Alta del Ebro), entre otras. También cuentan con el apoyo de otras asociaciones como la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, la Plataforma en Defensa del Territorio de las Cinco Villas, el Colectivo Educativo Bajar de la Nube, la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, Ingenieros Sin Fronteras o la Plataforma por la Sostenibilidad de Los Monegros.
En un momento de “gran resistencia vecinal” a los centros de datos en todo el mundo debido a “su gran impacto en los precios de la electricidad y la seguridad energética, su ingente consumo de agua, sus afecciones al medio ambiente y la salud humana, su contribución al calentamiento global y su nulo aporte a la economía local”, el Gobierno de Aragón despliega una “política de alfombra roja para ellos”, denuncian.
Estas alegaciones, las más numerosas y variadas que se han presentado hasta la fecha junto a las de Amazon Web Services (AWS), pretenden poner sobre la mesa las “graves consecuencias de estos proyectos”, que “hipotecarán” los recursos en la comunidad “durante las próximas décadas” para dedicarlos a un sector con uno de los ratios entre energía y empleo más bajos, con el “consecuente empobrecimiento” de Aragón.
La novedad de este proyecto es su “altísimo consumo eléctrico”: una potencia concedida de 1.846 megavatios y un consumo anunciado de 10.709 Gwh y potencial de 16.170 Gwh. Esto convertirá a Microsoft en el segundo mayor consumidor de energía de la comunidad superado escasamente por AWS, a pesar de contar con cuatro centros de datos menos. Este “consumo desproporcionado” se debe, argumentan, a la elección de un sistema de refrigeración por doble circuito cerrado, que persigue consumir menos agua pero, a cambio, consume muchísima más electricidad y toneladas de gases fluorados de refrigeración, nocivos para el medio ambiente y la salud.
Esto tiene como consecuencias el acaparamiento del acceso y conexión a una red eléctrica ya saturada, el aumento de la factura de la luz, mayor necesidad de inversiones públicas en la red de transporte y, sobre todo, mayor implantación de renovables en Aragón, “con graves afecciones que no se tienen en cuenta en el PIGA”. Sí se estudian las afecciones en el terreno que ocupan los centros de datos, que es doce veces menor al que ocuparán las renovables que lo alimenten, “algo –valoran– que escapa a toda lógica”.
Además, critican que no hay un estudio agregado con el resto de centros de datos, algo que sí ha realizado la Universidad de Zaragoza. Según este estudio, la instalación de 8.000 MW de centros de datos (el Gobierno de Aragón ya ha aprobado 7.000 MW) incrementará la demanda de electricidad de la comunidad autónoma entre 5 y 15 veces. Esto requerirá, tal y como muestra el citado informe, que hasta el 37% de la superficie agrícola sea ocupada por parques renovables.
En cuanto al centro de datos de Zaragoza, pretende ubicarse en el “peor lugar posible”, según los alegantes: el Barranco de la Muerte, con desvío de pluviales al río Huerva y junto a los Pinares de Venecia, con la tala de unos 1.000 árboles. Esto puede implicar, alertan, “la desaparición de la vida avícola por el nivel de ruido que genera y también de parte importante del pinar, el pulmón de Zaragoza, por la generación enorme y persistente de calor”.
A pesar de todo esto, el Gobierno de Aragón ha decidido declarar este proyecto de interés general, lo que le exonera de impuestos y trámites: en conjunto, los tres centros de datos supondrán la pérdida de unos 140 millones de euros para las arcas municipales, calculan. Además, añaden, de conllevar un “desarrollo urbanístico a la carta y la declaración de utilidad pública para facilitar la expropiación de terrenos a ciudadanos particulares”.
Frente a esto, según Microsoft se crearán 300 empleos por centro, lo que desde el punto de vista de los recurrentes “no justifica el interés general”. Además, consideran que ese dato “está sobreestimado” a la vista del empleo generado por los centros de datos de AWS, que ahora planea alcanzar un total de 60 trabajadores por centro, como aparece una resolución del Inaga.
Aun así, “lo más grave” es que las inversiones de Microsoft en su nube española tienen mayor impacto en otras siete comunidades autónomas sin necesidad de que alberguen ningún centro de datos suyo, según un informe patrocinado por el propio Microsoft ('Evolución del Ecosistema Cloud de Microsoft en España 2024-2030', IDC). Este informe, que se usa en la Memoria Justificativa del PIGA, muestra cómo en otras siete comunidades se genera, en valores absolutos, más empleo y hay mayor recaudación fiscal y crecimiento del PIB que en Aragón. Así, se ve claramente cómo la implantación de centros de datos no genera un 'hub tecnológico' ni empleo allí donde se implantan, sino en los polos tecnológicos.
“Este impulso institucional de un sector de empresas mayoritariamente extranjeras que acaparan todos los recursos de Aragón sin aportar nada a cambio puede tener una explicación: favorecer los intereses de estas empresas y de las grandes eléctricas, incluida Forestalia, que, debido a la nefasta planificación del Gobierno de Aragón, se han lanzado a instalar parques renovables por doquier pero no se ha producido la transición energética en industrias, comercios y viviendas para electrificar la economía”, explican los colectivos alegantes.