Agenda feminista: entre el negacionismo, el olvido y la tergiversación

Cabe recordar que cuando hablamos de políticas feministas queremos indagar en la forma que los partidos políticos pretenden abordar problemas que afectan, indirectamente, a toda la sociedad y, directamente, a la mayoría de la población, las mujeres. No hablamos, por tanto, de intereses de un colectivo discriminado, sino que queremos saber cómo las formaciones políticas enfocan en sus programas la opresión estructural de la mitad de la sociedad.

La agenda feminista comparte con la sociedad los problemas y las preocupaciones que tienen que ver con la construcción de sistemas políticos, sociales, económicos más justos e igualitarios. Por ejemplo, la defensa de la paz o de sistemas públicos (sanitarios, educativos, de pensiones, etc.) fuertes. Políticas redistributivas que fomenten la solidaridad entre los pueblos, la salvaguarda de la libertad de expresión, una justicia accesible, rápida y eficaz, la soberanía energética y alimentaria, etc. Pero tiene, además, una problemática específica, urgente, en razón de la violencia y el infravaloración que sufren las mujeres, por el mero hecho de serlo. Entendemos que las formaciones políticas que concurren a las elecciones deberían hacerse eco de esa agenda feminista; al menos, aquellas que dicen perseguir sociedades democráticas, con una ciudadanía de hombres y mujeres, en las que se camine hacia la igualdad entre ambos.

Así pues, hemos querido interpelar a los partidos políticos que concurren a las elecciones el 8 de febrero en Aragón examinando cómo se pronuncian en sus programas respecto a cuestiones urgentes para nuestra salud democrática.

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La violencia machista que se traduce en un creciente número de asesinatos en los últimos años, aunque somos conscientes de que los homicidios constituyen la punta del iceberg de la violencia patriarcal. Según Feminicidio.net el saldo de asesinatos de mujeres a manos de hombres en el año 2025 ha sido de 100. Y desde que se contabilizan estas matanzas, desde el año 2003, el total de mujeres asesinadas está en torno a las 1400 víctimas.

Hablamos de la manifestación más extrema de desigualdad y de la opresión ejercida por los hombres contra las mujeres en razón de su sexo; una violencia que presenta muchas formas (por supuesto física, pero también psicológica, sexual, simbólica, económica, obstétrica, institucional, digital, vicaría...) y cuya erradicación debería ser central en cualquier progama electoral. Sin embargo, hemos constatado una presencia escasa en el marco de análisis muy superficiales; se incluyen referencias vagas a la violencia machista —ineludibles dado el sostenido aumento de feminicidios— salvo en los casos de SALF y VOX; este último partido político proyecta incluso derogar las denominadas “leyes de género”. En otros casos, la violencia machista o sexista —la que proviene de hombres que agreden a mujeres o niñas— se difumina (caso del PP o del PSOE o PAR) con el uso del término “violencia de género”.

En general no se encara la raíz estructural del terrorismo patriarcal que exigiría políticas dirigidas a desmantelar las estructuras que permiten, reproducen y legitiman estas violencias: la justicia patriarcal, la subordinación económica, las múltiples formas de explotación de las mujeres, la impunidad de los agresores, la impunidad de los poderes públicos, la impunidad del Estado, la pornificación de la sociedad que banaliza y promueve la violencia sexual, la ausencia de formación feminista y la escasez de recursos destinados a la educación, prevención y a dar respuesta a la violencia.

La explotación sexual, —o sistema prostitucional—, en situación de alegalidad en nuestro país, esclaviza a miles de mujeres y niñas y supone una conculcación absoluta de derechos humanos, como el derecho a la dignidad o a la integridad física y moral. En un país democrático que constitucionalmente hace valer la igualdad entre los sexos, esta situación debería ser, también, un problema de Estado y por tanto reflejarse en proyectos políticos. Sin embargo no es así. Salvo el programa de CHA, que se posiciona a favor de su abolición, el resto de formaciones no menciona esta modalidad de violencia sexual socialmente institucionalizada y normalizada, no tiene ninguna propuesta sobre la compraventa de niñas y mujeres en el siglo XXI. Entendemos que con su silencio sancionan la industria delictiva mantenida por mafias, proxenetas y puteros. En este asunto hay que subrayar, además, el acuerdo existente entre partidos desde la extrema derecha a la izquierda radical para no cuestionar esta forma de extrema violencia contra mujeres y menores. Por otra parte, desde hace unos años, los partidos políticos conocen un proyecto de ley abolicionista, surgida de una plataforma estatal de organizaciones feministas, la LOASP; sin embargo, ninguna formación menciona la LOASP en su programa.

La pornografía o, lo que es lo mismo, la prostitución filmada, es un tema sobre el que ninguna formación se posiciona. Hablamos de una industria que retroalimenta la violencia patriarcal y confirma los estereotipos sexistas que subordinan a las mujeres en nuestra sociedad. Como han apuntado algunas teóricas, estamos ante una exitosa “escuela de desigualdad”. Ante esta realidad hay un clamoroso silencio. Sólo CHA se pronuncia en este asunto con propuestas difusas de limitación de la pornografía, pero sin analizar a fondo las serias implicaciones de la producción pornográfica en la educación de los y las jóvenes en roles sexistas y machistas que atentan contra la igualdad de hombres y mujeres.

Si la violencia sexista y machista que suponen la existencia en nuestras sociedades de la prostitución y la pornografía no se incluyen en los programas de las formaciones políticas, hay que concluir que el concepto de violencia machista, sexual o “de género”, que se encuentra en sus textos resulta manifiestamente insuficiente así como las posibles medidas que puedan proponer para afrontarla: porque resulta evidente que ninguna formación es capaz de abordar esas brutales raíces culturales e institucionales que legitiman y reproducen la violencia sexual.

La explotación sexual de mujeres que se alquilan para gestar constituye otra forma de cosificación y violencia extrema contra las mujeres. Gestación subrogada, maternidad subrogada, gestación por sustitución o vientres de alquiler son algunas de las denominaciones que identifican esas prácticas. Sólo desde contextos que niegan la realidad del sexo (por ejemplo, Podemos), se habla de “personas gestantes”, término que oculta la violencia contra las mujeres, que son, obviamente, quienes pueden gestar y dar a luz.

Esta práctica conculca el derecho a la filiación de las madres y el de los menores a conocer su procedencia. A pesar de que en nuestro país no es una opción contemplada en el ordenamiento jurídico, existía la posibilidad de inscribir en el registro criaturas compradas fuera de nuestras fronteras desde que el PP facilitó en 2010 ese proceso en una instrucción registral. A partir de 2025 queda prohibida la inscripción directa de los menores en el Registro Civil y las solicitudes deberán tramitarse mediante un procedimiento judicial en España. No obstante, el objetivo en una sociedad que respeta los DDHH es claro: prohibir expresamente la compra venta de menores mediante gestación subrogada, incluyendo la denominada “altruista”, tanto si se realiza en España como fuera de nuestras fronteras.

Ante este problema, hay silencio, también. Sólo dos partidos (Aragón Existe y PAR) mencionan su rechazo a la gestación subrogada; no obstante, en el caso del segundo parecen sancionar la práctica si concurre una “motivación altruista”, lo cual resulta imposible en una situación de vulneración de DDHH.

El derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo es resultado de la lucha feminista y es una atribución especial a proteger porque se ve frecuentemente amenazada, como vimos en nuestro país en 2014 o más recientemente en los EEUU. Respecto a este derecho hay una clara divergencia en los proyectos de los partidos que se han analizado. No se hace referencia a la protección de ese derecho en el caso de PP, PSOE, VOX, PAR, Aragón Existe o SALF. Si bien, tanto VOX como SALF parecen sugerir posturas contrarias cuando apuntan, en el caso del primero: defender la vida “desde la concepción hasta la muerte natural” o, en el caso del segundo: “ninguna mujer embarazada estará sola o abocada al aborto por motivos económicos”. Por contra, los programas de CHA, IU-Sumar y Podemos incluyen la protección del derecho; en el caso de CHA, su compromiso llega a proponer el blindaje del derecho al aborto en la Constitución.

La confusión entre feminismo y transgenerismo (leyes trans) concurre en buena parte de los programas políticos analizados. Una conjunción grave ya que se aboca a la ciudadanía a la confusión puesto que la agenda feminista y la trans no sólo no son coincidentes sino que divergen frontalmente. Por ejemplo, mientras uno de los objetivos del feminismo es acabar con los estereotipos y roles sexuales que subordinan a las mujeres, la agenda trans hace bandera de estos estereotipos, incluso los defiende como esencia e identidad.

En este sentido, no se mencionan las leyes trans en los programas del PP, SALF y VOX. En el resto de formaciones la formulación varía, incluyendo divergencias en el abecedario utilizado. En el caso del PSOE se indica: “impulsaremos la ley para garantizar los derechos LGTBI en todos los ámbitos”. El PAR apuesta por “no discriminación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, perfeccionado la aplicación de la Ley para garantizarla y respetando los derechos de dichos colectivos LGTBIQ+”. En el caso de Aragón Existe, se dice: “Lucharemos por la igualdad, con políticas para cuidar a las personas, políticas para lograr igualdad y dar visibilidad a la mujer rural y al colectivo LGTBI de nuestras ciudades y pueblos”. CHA apuesta por la aplicación y amplio desarrollo de las leyes trans. IU-Sumar, en el apartado dedicado a “políticas feministas” incluye “desarrollar las leyes trans y LGTBI”. En la misma línea, Podemos/AV pretende: “Desarrollar las leyes Trans y LGTBIQA+”.

Ante tal estado y exhibición de confusión conceptual, difícilmente puede darse credibilidad a las propuestas que defienden los derechos de las mujeres en esos programas si, al mismo tiempo, incluyen como un objetivo el desarrollo de las leyes trans que, como sabemos, esencializan y reivindican los estereotipos sexistas hasta extremos delirantes; todo ello está suponiendo una preocupante neutralización y borrado de los derechos de las mujeres y una amenaza a espacios de seguridad de estas. En definitiva, suponen un atentado contra la salud física y emocional de menores, desarticulan el fair play en el ámbito deportivo, etc., etc.

La coeducación es una pieza clave para socializar a chicos y chicas en el respeto y la igualdad. Un aspecto fundamental para caminar hacia sociedades democráticas. Hablar de coeducación supone cuestionar, al menos, la naturaleza sexista de la institución escolar, el androcentrismo del currículo (en un sentido amplio) y las formas de socialización sexista existentes que en buena medida siguen subordinando a las mujeres.

Sobre este importante apartado no se pronuncian ni los programas del PP, PSOE o Aragón Existe, ni por supuesto los VOX y SALF. Sólo CHA menciona el término coeducación en sus objetivos. IU-Sumar se decantan por una “Educación con enfoque de género”. Podemos, por su parte, apuesta por “contenidos sobre diversidad sexual, familiar y de género en todas las etapas educativas”. Enfoques éstos últimos absolutamente contradictorios con la agenda feminista, como hemos señalado anteriormente, pues no se pueden cuestionar los roles sexuales y, al mismo tiempo, defender las “identidades y expresiones de género”. A la vista de los programas electorales analizados, podría decirse que la coeducación ha dejado de ser, en Aragón y en nuestro país, un presupuesto referencial para la defensa y construcción de una escuela pública, laica y democrática.

El lenguaje es importante por cuanto expresa y transmite una concepción de la realidad, una visión de cómo pueden construirse las relaciones sociales. E importa tanto por lo que explicita, aquello que considera de interés, como lo que obvia, lo que no considera significativo. En este sentido, cabe destacar que en algunos programas predomina un marcado uso del masculino, supuestamente genérico: así ocurre en los del PAR, PP, Aragón Existe, SALF o VOX; de forma que, por ejemplo, en Aragón Existe, se tiene la impresión de que el programa está dirigido a “los aragoneses”, pero no a “las aragonesas”.

Sabemos ya que el uso del masculino (que no es tan genérico) interpela a los hombres, a la mitad de la sociedad. Es un tema bien estudiado y conocido. E implica, por tanto, que la mitad de la sociedad, las mujeres, no están incluidas en el proyecto de ciudadanía que proponen. El resto de formaciones visibilizan, con mayor o menor énfasis, a hombres y mujeres. No se han encontrado terminaciones en “e” (niñes, todes, etc.) usuales en formaciones que defienden, por ejemplo, la existencia de las “infancias trans”. Por otra parte, la reiteración de términos o de conceptos en un programa nos ilustra sobre el interés de una formación en un tema o en algún aspecto de la organización social. Así, por ejemplo, que, en el caso del PSOE, un partido que se declara abiertamente feminista, no aparezca mencionado ni una sola vez el concepto (feminismo), nos permite dudar de declaraciones relativas a su apoyo a los derechos de las mujeres, sea las de su propio partido o en el conjunto social.

Resumiendo. Tras la revisión atenta de los programas de los partidos que se presentan a las próximas elecciones en Aragón, constatamos que la agenda feminista más acuciante está ausente en el caso de los conservadores, (PP, PAR, Aragón Existe, VOX, SALF) o se confunde y diluye irremisiblemente en la agenda transgenerista —en todo el resto de formaciones políticas situadas a la izquierda—, una agenda antagónica con respecto al feminismo, lo que puede llevar a una considerable perplejidad y desorientación a la ciudadanía.

Todo lo dicho nos lleva a poner de manifiesto una vez más la necesidad de un partido político como Feministas al Congreso (PFAC) que defiende la agenda feminista clave para la salud democrática de nuestras sociedades.