La fragilidad de lo imprescindible

Hay consensos que no deberían estar constantemente en disputa. No porque sean cómodos, ni porque resulten estéticamente necesario, sino porque constituyen el suelo mínimo sobre el que se sostiene una democracia que se pretende decente. La igualdad —en su acepción más amplia y exigente— ha sido, durante décadas, uno de esos consensos. No exento de conflicto, ni de tensiones, pero sí dotado de una dirección compartida: avanzar y progresar.

Sin embargo, algo se ha desplazado en los últimos años. No tanto en la letra de las normas —que sigue siendo, en términos generales, sólida— como en el lugar simbólico y político que ocupan las políticas públicas de igualdad. Lo que antes se entendía como una obligación institucional, vinculada a derechos fundamentales y a compromisos internacionales, empieza a ser tratado como un campo de disputa contingente, sujeto a mayorías cambiantes, a cálculos de oportunidad o, en el peor de los casos, a estrategias de desgaste.

La igualdad ha entrado en la ruleta rusa política.

No es una afirmación retórica. Se percibe en la inestabilidad de determinadas políticas, en la discontinuidad de programas que no llegan a consolidarse, en la fragilidad presupuestaria de muchas actuaciones, en la invisibilidad o los perfiles bajos de sus representantes institucionales o en la tendencia —cada vez más frecuente— a someter a revisión constante aquello que debería formar parte del acervo común. Cada cambio de gobierno, cada reajuste institucional, introduce la sospecha de que lo construido puede deshacerse con una facilidad inquietante.

Este fenómeno no responde únicamente a una alternancia ideológica, que es consustancial a cualquier sistema democrático. Lo preocupante es que afecta a la propia naturaleza de las políticas de igualdad: las desplaza desde el ámbito de los derechos hacia el terreno de la opinión; desde la obligación pública hacia la opción política.

Y ahí es donde emerge la verdadera fragilidad.

Porque cuando la igualdad deja de ser entendida como una condición estructural de la democracia y pasa a convertirse en un elemento más del debate partidista, pierde densidad institucional. Se convierte en algo negociable, modulable y prescindible en determinados contextos. Y, con ello, se debilita no sólo la eficacia de las políticas, sino la legitimidad de su propia existencia.

En territorios como Aragón, donde la capilaridad institucional —municipios pequeños, comarcas, redes locales— exige una implementación particularmente cuidadosa, esta fragilidad se hace aún más visible. Las políticas de igualdad no son aquí una abstracción: se concretan en servicios, en acompañamientos, en procesos comunitarios y en intervenciones sostenidas en el tiempo. Cuando esas dinámicas se interrumpen o se erosionan, el impacto no es teórico, es tangible.

A menudo se dice que la igualdad está “conseguida en lo formal” y que, por tanto, las políticas públicas pueden relajarse o revisarse. Es una lectura profundamente simplificadora. La igualdad formal fue —y sigue siendo— un hito imprescindible, pero nunca fue el punto de llegada. Las desigualdades estructurales, las brechas retributivas, la segregación ocupacional, la distribución desigual de los cuidados o la persistencia de la violencia machista no son residuos del pasado: son realidades actuales que requieren una intervención pública sostenida, técnica y rigurosa.

Desvincular estas políticas de su fundamento técnico para someterlas a la lógica de la confrontación política no sólo empobrece el debate, sino que introduce un elemento de incertidumbre que dificulta cualquier planificación a medio y largo plazo. La igualdad no puede depender de impulsos coyunturales. Necesita continuidad, evaluación, ajuste, pero también estabilidad.

Quizá el desafío más complejo en este momento no sea tanto defender la necesidad de las políticas de igualdad —que sigue siendo evidente para una mayoría social— como preservar su condición de política pública estructural. Es decir, protegerlas de la volatilidad, anclarlas en el marco de los derechos y blindarlas frente a las dinámicas de desgaste.

Esto exige, en primer lugar, un ejercicio de responsabilidad institucional. Pero también una cierta pedagogía política y social: recordar que la igualdad no es un privilegio sectorial ni una agenda particular, sino un principio organizador del conjunto de la vida pública.

Y exige, sobre todo, una forma de abordar el debate que huya del ruido y recupere el valor de la mesura, del dato y del análisis. Porque, frente a la tentación de simplificar, conviene insistir en la complejidad; frente a la polarización, en la evidencia; frente a la volatilidad, en la consistencia.

La igualdad nunca fue un camino lineal. Pero tampoco debería ser un terreno minado donde cada avance se convierta en una posibilidad de retroceso inmediato. Si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que los derechos, cuando no se consolidan, se erosionan. Y que aquello que se percibe como opcional termina, tarde o temprano, por debilitarse.

Tal vez sea el momento de volver a situar la igualdad en el lugar que le corresponde: no como una pieza más en el tablero político, sino como la base misma sobre la que ese tablero adquiere sentido. Porque hay consensos que, cuando se rompen, no sólo fragmentan el debate. También comprometen el futuro de toda la sociedad, incluso de la que cree que estas cuestiones no le interpelan.