En favor del trabajo decente

En España hay aproximadamente 600.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores domésticos o empleados del hogar. Un colectivo muy numerosos, en el 90 % de los casos mujeres, y la mitad de ellas inmigrantes. Estas personas están sujetas a un régimen laboral mucho peor que el ya de por sí frágil sistema del resto de empleados. Por eso, en septiembre de 2013 entró en vigor el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que preveía el “trabajo decente” de este amplio colectivo.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no lo ha ratificado. Por lo visto, que un colectivo de trabajadores tan amplio no vea protegidos sus derechos no es algo importante. La visión clasista del PP, que baja la categoría de quien realiza estas labores, ha sido suficiente como para retroceder en los derechos que les dio un Gobierno socialista en 2011.

No es bueno generalizar, y conozco a personas que han contratado a personas para las tareas del hogar que cumplen con sus condiciones y tratan exquisitamente a sus empleados. Pero también sabemos que es un colectivo vulnerable en el que en demasiadas ocasiones se incumplen las elementales condiciones dignas de trabajo. Y para combatir todo eso es por lo que vela este convenio de la OIT que el Gobierno de Rajoy se niega a ratificar. En varias ocasiones, ayer mismo de nuevo, ha llegado a argumentar que España es uno de los países que más convenios de la OIT ha ratificado. ¿Y? ¿Eso es motivo suficiente como para negar a 600.000 personas una condiciones dignas y justas de trabajo? Hay cosas que, por mucho que empieces a acumular experiencia en política, no se entienden.

Sobre estas cuestiones debatimos ayer en el Congreso de los Diputados, en la primera sesión plenaria de la legislatura con iniciativas y proposiciones no de ley. El grupo de Podemos trajo al Congreso una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a ratificar este acuerdo internacional que ya han suscrito 17 países. Fui la encargada de defender la posición socialista, que fue de total apoyo porque es de Justicia y porque en la anterior legislatura los socialistas también insistimos con este asunto. Lo contrario supone acrecentar la desigualdad. Me habría gustado que de la primera sesión parlamentaria hubiera surgido un respaldo unánime por una iniciativa que va a favor de las personas. Habría sido una buena señal y habría servido para que la ciudadanía perciba el Parlamento y a quienes les representamos como personas que podemos contribuir a mejorar la calidad de vida y la sociedad. Pero no fue posible ante la nueva negativa de un PP que, a pesar de estar en funciones e inmerso en una profunda desestructuración, sigue empeñado en hacer política solo para las élites.