El Gobierno del PP en Zaragoza tropieza de nuevo con el proyecto millonario para tratar los residuos urbanos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha suspendido el plazo de presentación de ofertas del concurso para construir y explotar la futura planta de reciclaje químico de residuos urbanos, conocida como 'Zaragoza Zero Residuos' y que la alcaldesa, Natalia Chueca, vendió este verano. Es el último retraso de un proyecto que se presentó ya en marzo de 2023 y cuya primera línea debía estar funcionando a finales de este año. La licitación tiene un valor de explotación de más de 2.000 millones de euros.

La suspensión, firmada el pasado viernes 30 de octubre, llega al mes de abrirse la licitación y 48 horas después de que el Ayuntamiento publicara sus respuestas a las consultas planteadas por tres empresas sobre el procedimiento. Por ahora no hay fecha nueva.

El decreto explica que varias empresas interesadas han pedido aclaraciones que “necesitan la emisión del correspondiente informe”. Alude a la “complejidad técnica” de algunas de ellas y a la “posible repercusión económica” que su contenido podría tener para preparar una oferta válida. El texto no dice qué compañías han hecho esas preguntas ni sobre qué.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, fue quien suscribió el decreto de suspensión en lugar del Gobierno de Zaragoza, que es el órgano competente, por la urgencia de que los posibles licitadores conocieran este hecho cuanto antes. El Gobierno municipal tendrá que ratificarlo y fijar después un nuevo plazo.

El Ayuntamiento resta importancia al aplazamiento. Fuentes municipales explican que varias empresas interesadas han planteado “diferentes preguntas aclaratorias de tipo técnico cuya respuesta necesita un tiempo para ser elaborada”. Lo describen como “un aplazamiento habitual en este tipo de contratos complejos pero que no implica nada”. Según las mismas fuentes, “al ser un contrato complejo y novedoso”, los servicios técnicos han pedido “algo más de tiempo para redactar esas respuestas y aclaraciones”. “Se fijará una nueva fecha y ya está, todo continuará su proceso”, aseguran.

162 millones de dinero municipal

El decreto, sin embargo, no habla solo de cuestiones técnicas. Menciona también la “posible repercusión económica” de alguna aclaración, que podría tener “un carácter relevante a la hora de formular una oferta válida”. Además, de las tres consultas publicadas, la de Aventum tiene carácter técnico, pero las de Urbaser y Abacus son jurídicas y económicas: la exclusión por litigios, las penalidades, el canon y el uso de los terrenos. Las tres estaban respondidas antes de la suspensión. El Ayuntamiento no ha precisado cuántas consultas siguen pendientes ni qué empresas las han hecho.

La planta transformará mediante reciclaje químico unas 150.000 toneladas anuales de residuos que hoy acaban en el vertedero del Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). De ellas saldrán productos como metanol, hidrógeno o gas natural sintético.

El adjudicatario usará terrenos municipales mediante un derecho de superficie de hasta 30 años: un máximo de cinco para diseñar, construir y poner en marcha la planta y hasta 25 de explotación. A cambio, pagará un canon fijo mínimo de 4,48 millones de euros sin IVA, que las ofertas pueden mejorar.

El dinero también fluye en sentido contrario. El presupuesto base de licitación es de 162,3 millones de euros con IVA, y es lo que el Ayuntamiento prevé abonar como máximo por tratar sus residuos durante el contrato. El valor estimado de la explotación asciende a 2.082 millones de euros.

Tres años de anuncios

La alcaldesa, Natalia Chueca, presentó el proyecto el 22 de marzo de 2023, cuando era consejera de Servicios Públicos y Movilidad. Lo hizo junto a las empresas Urbaser, OMNI y Abacus & Partners. Entonces se habló de una inversión de 280 millones que se autofinanciaría con la venta del metanol. Las dos líneas de procesamiento entrarían en funcionamiento en 2026 y 2028, y en 2030 Zaragoza sería la primera ciudad del mundo sin residuos en el vertedero.

En julio del año pasado se anunció de nuevo que el proyecto se licitaría ese mismo año, pero no fue así. Y el 13 de julio de 2026 Chueca volvió a presentarlo, ya con una “inversión mínima de casi 200 millones de euros”. Calculó además que la planta ahorraría unos 4,5 millones al año en costes de vertedero. El expediente se aprobó el 9 de septiembre y se publicó el 28.

Con el nuevo calendario, el objetivo de 2030 queda lejos. Si el contrato se firma en 2027, el adjudicatario tendría hasta cinco años más para poner la planta en servicio.

Las preguntas de las empresas

Las tres consultas publicadas son de Urbaser y Abacus, dos de las compañías que participaron en la presentación de 2023, y de Aventum. Las tres tienen ya respuesta del Ayuntamiento, así que las aclaraciones que han motivado la suspensión serían otras, todavía no publicadas.

Urbaser preguntó por una de las cláusulas más llamativas del pliego. Quedan excluidas del concurso las empresas que hayan mantenido litigios con el Ayuntamiento en los últimos diez años, en cualquier jurisdicción, y solo se salvan los pleitos que la empresa ganó por sentencia firme. También quedan fuera quienes hayan tenido en los últimos cuatro años expedientes sancionadores, de deudas tributarias o de legalidad urbanística con el Consistorio. El Ayuntamiento aclara que los conflictos que una empresa haya tenido dentro de una UTE no cuentan. Compara estas causas con las prohibiciones de contratar de la Ley de Contratos del Sector Público.

En la misma respuesta, el Ayuntamiento precisa que todas las penalidades se calcularán sobre el presupuesto anual del contrato. Urbaser señalaba que el pliego aplicaba algunas sobre el presupuesto total de 162 millones.

Aventum preguntó por el arranque de la planta. El Ayuntamiento respondió que el adjudicatario podrá fijar libremente la capacidad inicial, incluso las 15.000 toneladas anuales que planteaba Aventum, el 10% de la prevista. La primera fase se dará por recibida en cuanto la planta tenga capacidad de procesar residuos, aunque no alcance la nominal.

Finalmente, Abacus se interesó por el canon y los terrenos. El Ayuntamiento descartó aplazar el pago hasta que la planta facture y confirmó además que el canon incluye la finca rústica municipal Monte de Estrén, de unas 152 hectáreas, donde el adjudicatario podrá instalar renovables para el autoconsumo de la planta sin pagar ninguna renta adicional, aunque el canon podrá actualizarse si crecen los ingresos.