El informe jurídico del Tiro de Pichón plantea al Gobierno de Zaragoza exigir ya la millonaria deuda para que no prescriba
Una de cal y otra de arena. El esperado informe jurídico sobre la millonaria deuda que tiene el Tiro de Pichón de Zaragoza con el Ayuntamiento, a cuenta del dinero que cobró el club deportivo por unos terrenos que resultaron ser de dominio público, concluye que el pago no ha prescrito, como ha señalado el Gobierno del PP. Sin embargo, ve procedente que el Ayuntamiento reclame ya la devolución del dinero para interrumpir precisamente la prescripción. Un detalle que el consejero de Urbanismo y portavoz Víctor Serrano ha dejado pasar en su valoración posterior, en la que ha sacado pecho de la “solvencia” mostrada.
El documento, de 13 páginas, está suscrito este martes por el director general de la Asesoría Jurídica municipal, Francisco Rivas Tena. En él plantea que, “dado el tiempo transcurrido”, el Consistorio acuerde, “ad cautelam”, una reclamación expresa de devolución frente al club deportivo. Para ello, propone notificar formalmente al Tiro de Pichón que el procedimiento está suspendido y, en ese mismo acto, hacerle un requerimiento extrajudicial de pago del importe cobrado indebidamente –“siquiera a cuenta”, afirma–. Ese requerimiento tendría efectos dirigidos expresamente a interrumpir la prescripción. La Asesoría Jurídica sugiere asimismo, como incentivo, advertir al club de que adelantar el pago le permitiría reducir los intereses de la liquidación final.
El consejero Serrano ha presentado el informe en rueda de prensa, tal y como ha dicho él mismo, “escasamente una hora” después de recibirlo. Ha explicado que lo encargó a raíz de la propuesta de Vox en la comisión de Urbanismo de la semana pasada. El dirigente popular ha calificado de “falacia” las críticas de la oposición por haber dejado prescribir la deuda y ha asegurado que el Ayuntamiento podrá reclamar “hasta el último céntimo de euro” cuando haya una sentencia definitiva sobre el fondo.
El portavoz se ha referido al recurso de reposición que el club presentó el 2 de diciembre de 2022 contra la anulación de la expropiación y que sigue sin respuesta casi cuatro años después. La Asesoría Jurídica sostiene que la ejecución de la nulidad está suspendida por ley y, en línea con las tesis expresadas por el Gobierno del PP, recomienda mantener esa situación hasta que haya sentencia firme en el pleito que el club mantiene contra el deslinde de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El litigio se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón pendiente de votación y fallo desde mayo de 2024.
Serrano ha leído literalmente ese pasaje y ha concluido que el Gobierno procedió “jurídicamente bien” al no resolver el recurso, “con prudencia y con solvencia y con rigor jurídico”.
Casi 9,9 millones pagados
El informe detalla por primera vez lo que el Ayuntamiento pagó al club: 9.643.015,86 euros de principal en tres pagos –junio de 2009, diciembre de 2018 y junio de 2019–, más unos 243.000 euros de intereses de demora abonados en 2016. La devolución que contempla el informe no alcanzaría toda esa cantidad, sino la parte que corresponde a los 10.771 metros cuadrados cuya expropiación anuló el pleno, de una parcela de 11.799 metros junto al Ebro.
Junto a esto, el documento legal revela que el Ayuntamiento tiene pendientes de pago al club unos 2,7 millones de euros en intereses por el retraso en el abono del justiprecio. Serrano ha atribuido esa situación a una decisión de la entonces consejera de Hacienda, la también popular María Navarro.
Sobre la prescripción, la Asesoría Jurídica sostiene que el crédito municipal es patrimonial y no público, de ahí que se rija por el Código Civil y no por la Ley General Presupuestaria. No se decanta entre un plazo de cinco o de quince años: en ambos casos, lo cuenta desde el deslinde de la CHE de 15 de diciembre de 2021, que declaró públicos los terrenos. Apunta además que el plazo pudo quedar interrumpido por el acuerdo plenario de octubre de 2022 y por el propio recurso del club, aunque se refiere a la “eventual eficacia” del primero. Precisamente por eso recomienda un nuevo requerimiento: cada interrupción reinicia el cómputo y despeja las dudas sobre las anteriores.
El PSOE pide “avales”
La comparecencia de Serrano ha tenido una réplica rápida con la rueda de prensa de la concejala socialista Marta Aparicio. Según ha manifestado, el informe “debería de llevar hecho cuatro años” y el Gobierno de Chueca se ha limitado a “no hacer absolutamente nada”. La edil ha aplazado al pleno de este miércoles el debate sobre el contenido del documento y ha centrado su crítica en que la suspensión se ha producido por silencio administrativo, sin que se haya exigido al club aval ni garantía alguna para asegurar el cobro.
Aparicio ha defendido que “hay que suspender lo que se suspenda, pero que se suspenda de manera expresa”, con los informes jurídicos, técnicos y económicos necesarios. Ha recordado que a cualquier ciudadano que pide la suspensión de un impuesto o una tasa se le exigen “avales” ni se mira “cuál es su solvencia”, en referencia al Tiro de Pichón. La concejala ha advertido de que, si el club desaparece o cambia de denominación, el Ayuntamiento no recuperaría una deuda que el PSOE cifra en más de 12 millones de euros.
Por su parte, Zaragoza en Común ha exigido un pleno extraordinario en 15 días para recuperar la deuda del Tiro de Pichón. Así lo ha trasladado el concejal Suso Domínguez, para quien el PP “ha dejado el recurso en un cajón durante cuatro años y ha permitido que opere el silencio administrativo”, colocando al club privado “en una situación de privilegio y poniendo por delante sus intereses de los intereses” de los zaragozanos.
El origen del conflicto
El conflicto se remonta a 1975, cuando la antigua Comisaría de Aguas del Ebro autorizó al club a verter escombros en la ribera para protegerse de las inundaciones. La autorización advertía expresamente de que el terreno ganado al río seguía siendo dominio público. En 2007, con las obras de riberas de la Expo, el Ayuntamiento expropió al Tiro de Pichón una franja junto al Ebro que incluía esos terrenos. El Tribunal Supremo elevó el justiprecio en 2016: tras un primer intento fallido de revisión en 2018, el deslinde de la CHE permitió que el pleno municipal declarara la nulidad parcial de la expropiación por unanimidad en octubre de 2022. Hay que recordar que el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, fue tesorero de la junta directiva del club en 2010, en una etapa en la que había abandonado la política.