La jueza de Jaca da un revés al Gobierno de Azcón y mantiene en libertad al investigado por el incendio de Riglos
La jueza del Tribunal de Instancia de Jaca que instruye la causa por el incendio de Las Peñas de Riglos ha decidido mantener en libertad provisional al único investigado por el origen del fuego y las medidas cautelares que pesan sobre él. La decisión supone un revés para el Gobierno de Aragón, que se personó como acusación particular en el procedimiento y había solicitado que el trabajador regresara a prisión provisional, una medida que también planteó de forma alternativa mediante el pago de una fianza de 100.000 euros.
La decisión se ha adoptado este viernes después de la comparecencia celebrada esta mañana en el Tribunal de Instancia de Jaca, en la que han participado todas las partes personadas en el procedimiento y la jueza ha vuelto a tomar declaración al investigado. Tras escuchar a las partes, la instructora ha acordado mantener las medidas cautelares que ya había establecido la Audiencia Provincial de Huesca cuando acordó su puesta en libertad.
El trabajador continúa así en libertad, con la obligación de entregar su pasaporte, la prohibición de salir de España, la obligación de facilitar un domicilio y un teléfono de contacto y las comparecencias periódicas ante el juzgado. La Audiencia Provincial acordó estas medidas después de considerar que los indicios existentes contra el investigado no tenían la intensidad suficiente para justificar su permanencia en prisión.
La decisión de este viernes llega después de que el Gobierno de Aragón, tras personarse en la causa como acusación particular, solicitara a la jueza que decretara de nuevo su ingreso en prisión. El Ejecutivo de Jorge Azcón argumentó que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana incrementaba el riesgo de fuga y que las medidas cautelares vigentes no garantizaban suficientemente que permaneciera a disposición de la Justicia.
En concreto, los Servicios Jurídicos de la DGA sostuvieron que el riesgo de fuga era ahora mayor por la gravedad de la pena a la que podría enfrentarse, su supuesto menor arraigo y el traslado fuera de Aragón. Por ello reclamaron prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, una fianza de 100.000 euros.
La Audiencia ya cuestionó la solidez de los indicios
La decisión de mantener la libertad se produce después de que la Audiencia Provincial de Huesca revocara la prisión provisional decretada inicialmente por la jueza de Jaca. El tribunal consideró que los indicios contra el trabajador eran “insuficientes” para mantener una medida tan restrictiva y señaló que las grabaciones disponibles lo situaban cerca del punto de inicio del fuego, pero no mostraban que fuera él quien lo prendiera.
El auto de la Audiencia señalaba además que las cámaras no habían registrado de forma continua los momentos clave, ya que funcionaban mediante sensores de movimiento. Las imágenes sí situaban al investigado en las inmediaciones del lugar donde comenzaron las llamas, pero no permitían observar el momento exacto de la ignición. El tribunal también destacó que el trabajador aparece utilizando su teléfono móvil en esos primeros instantes, una circunstancia compatible con su versión de que estaba intentando avisar del incendio.
La Audiencia cuestionó asimismo que estuviera plenamente determinada la causa del fuego. El informe técnico preliminar apuntaba a la aplicación directa de una llama sobre combustible vegetal, pero la Sala consideró que ese documento no permitía descartar otras hipótesis y señaló que la zona no había quedado preservada hasta la llegada de los técnicos.
La investigación, en cualquier caso, continúa abierta. La jueza autorizó a finales de agosto el volcado y análisis de los dos teléfonos móviles intervenidos al investigado para buscar fotografías, mensajes, llamadas y datos que puedan ayudar a esclarecer qué ocurrió en los momentos previos y posteriores al inicio del incendio.
El Ejecutivo autonómico decidió a comienzos de septiembre personarse como acusación particular en la causa para ejercer las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento. El Gobierno de Aragón justificó su decisión por la magnitud de los daños provocados por el incendio, que afectó a miles de hectáreas, obligó a evacuar numerosos núcleos y causó importantes daños ambientales, patrimoniales e infraestructuras.
El incendio de Las Peñas de Riglos, declarado el 10 de agosto, llegó a superar las 18.000 hectáreas de perímetro, con unas 14.500 hectáreas de superficie realmente quemada según las mediciones citadas durante la emergencia. El operativo llegó a movilizar a más de un millar de efectivos y hasta 42 medios aéreos. Además, el fuego provocó la muerte de un integrante de la Unidad Militar de Emergencias durante las labores de extinción.