Aragón se persona como acusación particular por el incendio de Riglos

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos a personar a la Administración autonómica como acusación particular en las diligencias previas abiertas por la presunta comisión de un delito de incendio forestal en relación con el fuego de Riglos. La medida permitirá a la comunidad autónoma “ejercer las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento judicial” en defensa del interés público.

Hay un único investigado por el momento, un operario de la contrata que llevaba a cabo las obras en la carretera A-132. Aunque inicialmente el juez decretó prisión provisional sin fianza para él, posteriormente le dejó en libertad al no ver suficientes indicios para sostener su permanencia en la cárcel.

Se trata, según ha señalado la vicepresidenta autonómica y portavoz, Mar Vaquero, del “incendio de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994”, y provocó importantes daños sobre el medio natural, las infraestructuras públicas y las poblaciones de la zona, con afección a la masa forestal, los ecosistemas y el patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.

Las llamas provocaron además el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias, y dejó heridos a otros tres integrantes de la UME durante las labores de extinción.

La emergencia obligó también al desalojo y evacuación de numerosas localidades, y el confinamiento de otras durante varios días. El incendio afectó asimismo a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

La magnitud del fuego exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio forestal, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Zona catastrófica

En paralelo, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Gobierno de España “la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” –la antigua zona catastrófica– para seis municipios oscenses golpeados por el mismo fuego: Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca.

Según el Ejecutivo aragonés, las llamas “quemó más de 14.500 hectáreas y causó importantes daños en masas forestales, infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo y explotaciones agrícolas y ganaderas”. La emergencia obligó a decretar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo) y a movilizar medios extraordinarios, tanto nacionales como internacionales.

El despliegue, el mayor hasta la fecha en la comunidad para combatir un fuego forestal, llegó a sumar “hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos”, a los que se añadieron recursos internacionales activados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Aragón solicitó también apoyo a Francia mediante el Acuerdo de Málaga.

Durante los peores momentos del incendio se adoptaron medidas de protección para 21 poblaciones: 19 núcleos tuvieron que evacuarse y otros dos quedaron confinados por el humo. El fuego afectó también a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

El Gobierno de Aragón sostiene que “la extensión del incendio, las medidas de protección que fue necesario adoptar y los importantes daños sufridos justifican la solicitud de esta declaración”, que permitiría complementar los instrumentos autonómicos ya activados con nuevas ayudas para municipios, empresas y particulares afectados. El acuerdo autoriza al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a remitir la petición a los ministerios de Hacienda e Interior.