El BNG denuncia trato de favor por parte de la Xunta al grupo de empresas de la familia del conselleiro de Empleo

El portavoz de Presidencia del BNG en el Parlamento de Galicia, Iago Tabarés, considera “inaceptables” las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que dio por “buenas” las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción que Inspección de Trabajo impuso a una filial de la bodega de su familia, Casal de Armán, tras descubrir a tres migrantes irregulares trabajando en la vendimia.

“El señor Rueda y el PP, que se oponen a la regularización de trabajadores migrantes, mantienen un conselleiro de Emprego e Emigración, cuyo núcleo más directo se beneficia de la contratación irregular de estos trabajadores extranjeros en situación de vulnerabilidad”. Para el diputado nacionalista, “no está en condiciones de exigir el cumplimiento de la legalidad quien no la practica”, asegura en un comunicado.

Tabarés subraya que la consellería de González tiene “precisamente” las competencias en materia de derechos laborales y de política migratoria y de integración sociolaboral de las personas extranjeras en Galicia. Por eso vuelve a reclamarle a Rueda el “cese con carácter inmediato” del conselleiro“.

Señaló que la empresa sancionada, Viña Campinas, pertenece a un entramado societario al que González “ni fue ni parece ser ajeno”; un grupo empresarial que “en múltiples ocasiones se está viendo beneficiado por actuaciones o por la propia pasividad de la Xunta”.

Como ejemplo, el parlamentario aludió a las subvenciones recibidas por el grupo familiar o la continuidad de uso y explotación económica de su salón de eventos, situado en el entorno de la rectoral de San André de Campo Redondo (Ribadavia), una obra declarada “ilegal e ilegalizable” hace más de una década.

El BNG anuncia la presentación en el Parlamento de una batería de iniciativas para exigir a PP y Xunta explicaciones que justifiquen los más de 750.000 euros que las empresas del grupo recibieron del gobierno gallego en los últimos años, así como por la demora en los trámites para la demolición del salón de eventos gestionado por Bodegas Casal de Armán, “vinculada al conselleiro”. González afirma haber abandonado todas las sociedades del grupo en 2018, cuando fue nombrado conselleiro. “Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa”, respondió tras conocerse el escándalo.

UGT: “Se están dando explicaciones”

“Tendrá que aclararse, pero se están dando explicaciones”. Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT —el único de los grandes sindicatos gallegos que no abandonó el diálogo social después de que la Xunta presentase su plan contra las bajas— ratifica que va “va a continuar” tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a la bodega de la familia de González. En declaraciones a Europa Press, rechazó valorar si los argumentos esgrimidos por el titular de la consellería y por la propia empresa son o no son suficientes. Frente al a postura de la primera central de Galicia, la CIG, que reclamó el cese del conselleiro, Mediros consideró que eso “no compete a un sindicato”.

Apostando por ser “prudente”, reivindica que, “como organización sindical, UGT va a defender siempre el cumplimiento de la legalidad y los derechos de los trabajadores”, pero apela, a renglón seguido, que en este caso “hay una inspección y hay una sanción”.