El primer juicio por las inmatriculaciones de fincas privadas en Monterde, Zaragoza, no ha llegado a celebrarse ya que el Ayuntamiento ha reconocido que registró de manera irregular unas fincas privadas como municipales. Es el caso de una propiedad registrada a nombre de la madre de la demandante, fallecida en 2022, cuya titularidad se ha confirmado hoy.
Desde el Consistorio han alegado que han descubierto un nuevo documento que le daba la razón a la denunciante, aunque dicho documento ya había sido aportado por la demandante hace un año. De esta manera, ha reconocido los hechos y el juez ha establecido que las costas judicales se dividen. El alcalde no se encontraba en la sala y la admisión de este caso es el priemer paso para el resto de inmatriculaciones que denuncian los vecinos de la localidad, en más de 200 propiedades.
Tras aceptar los hechos en este primer caso, el Ayuntamiento se enfrenta a una veintena de vecinos que estarían dispuestos a denunciar casos simulares, según la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde. Instan al Consistorio a revertirlas sin necesidad de llegar a los tribunales, tras haber admitido este primer caso.
Los habitantes de esta localidad zaragozana han exigido en diferentes ocasiones la dimisión inmediata del alcalde y la expulsión del partido, así como la intervención de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para auditar las cuentas y la gestión del Consistorio. Reclaman “que no nos quiten lo que era de nuestros antepasados y ahora es nuestro”. El próximo 5 de marzo, llevarán su denuncia hasta el Congreso de los Diputados, donde se reunirán con el vicepresidente de la Comisión de Peticiones y el diputado, Víctor Ruiz de Diego
Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados. Estas personas se han organizado a través de la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde y han llevado a cabo concentraciones frente al Edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón), la Diputación Provincial de Zaragoza y en la plaza del Pilar. Esta asociación considera que esto ha sido una “miserable maniobra cargada de una evidente mala intención que se ha llevado a cabo mediante un malabarismo burocrático favorecido por acción u omisión de algunos funcionarios de la administración”. Acusan en su manifiesto al Ayuntamiento de haber destinado el equivalente al 51% de los ingresos corrientes de 2023 en “estudios, proyectos, gastos jurídicos, profesionales y empresas, es decir, en asesores, abogados e ingenieros dedicados a perpetrar este atropello”.