CSIF rechaza la nueva norma que regulará las extraescolares y los viajes de estudios en Aragón por el “exceso de burocracia”
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza la norma aprobada por el Gobierno de Aragón para regular las actividades complementarias, extraescolares y salidas educativas de los centros escolares. El sindicato considera que el nuevo marco introduce una “carga burocrática desproporcionada”, incrementa las responsabilidades del profesorado y “no aborda las verdaderas necesidades de los centros”. Para CSIF, se trata de “una oportunidad perdida”.
La organización sindical cuestiona además el proceso de elaboración de la norma. CSIF denuncia que “no ha contado con una negociación real y efectiva con los representantes de los trabajadores”, especialmente en los aspectos que afectan directamente a “las condiciones laborales, la responsabilidad y la dedicación del profesorado” que participa voluntariamente en estas actividades. El sindicato señala que solo se han celebrado dos reuniones durante el verano y lamenta que el texto no se haya abordado “de manera efectiva” en la Mesa Sectorial de Educación.
CSIF reclama que la regulación definitiva se negocie con las organizaciones sindicales y tenga en cuenta las condiciones de trabajo de los docentes. “La regulación deja al margen aspectos fundamentales relacionados con las condiciones en las que el profesorado organiza y participa en estas actividades fuera del centro”, sostiene el sindicato, que recuerda que estas salidas implican una responsabilidad y una dedicación adicional para los docentes.
Críticas a los ocho anexos y la carga de documentación
Uno de los principales motivos de rechazo de CSIF es el volumen de trámites que introduce la nueva regulación. El sindicato critica “el exceso de trámites y documentación” y pone el foco especialmente en los “hasta ocho anexos”, las evaluaciones individuales y los diferentes protocolos operativos.
“La exigencia de numerosos documentos, hasta ocho anexos, evaluaciones individuales y diferentes protocolos operativos supone una carga administrativa difícilmente asumible por los centros y los equipos docentes”, afirma la presidenta de CSIF Educación Aragón, Gema Tomás.
A juicio del sindicato, esta exigencia resulta además “especialmente contradictoria con el discurso de la propia Administración sobre la necesidad de avanzar hacia una simplificación administrativa y una reducción de la burocracia docente”.
La orden que entrará en vigor este curso establece que las actividades deberán integrarse en la Programación General Anual, contar con la autorización del Consejo Escolar y acompañarse de una planificación que incluya una valoración de riesgos y medidas ante posibles incidencias. También contempla valoraciones individuales del alumnado con necesidades específicas y diferentes medidas de apoyo para garantizar su participación.
CSIF cuestiona las ratios y la vigilancia del alumnado
El sindicato también expresa su preocupación por el aumento de las obligaciones de vigilancia del profesorado. “La normativa aumente las obligaciones y la responsabilidad de vigilancia del profesorado sin acompañarlas de los recursos humanos necesarios”, denuncia CSIF. En concreto, considera que la norma establece una “responsabilidad de vigilancia permanente del alumnado durante el desarrollo de estas actividades”, pero advierte de que “las ratios que establece actualmente la Administración no permiten garantizar adecuadamente esa vigilancia en determinadas salidas”.
La orden fija como referencia un docente por cada 15 alumnos en Infantil, uno por cada 23 en Primaria, uno por cada 30 en Secundaria, Bachillerato y FP y uno por cada tres alumnos en Educación Especial, además de establecer un mínimo general de dos docentes responsables por actividad. Para CSIF, el problema no es únicamente el contenido de las obligaciones, sino que estas no vayan acompañadas de los medios necesarios para cumplirlas.
El sindicato advierte de que “las exigencias documentales y la excesiva rigidez del procedimiento pueden actuar como un elemento disuasorio”. Si la regulación “no se simplifica y no se garantiza una adecuada dotación de personal”, sostiene, “muchos centros pueden optar por reducir o incluso dejar de organizar determinadas actividades ante la dificultad y el tiempo que requiere su planificación”. CSIF alerta, por último, de que la consecuencia puede ser precisamente contraria al objetivo de la norma: “Esta regulación puede terminar reduciendo las oportunidades educativas del alumnado fuera del aula”.