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ARAGÓN

Un año esperando un trámite para abrir una residencia en el medio rural

Un centro que atenderá a 59 personas con discapacidad y creará 30 empleos en Gea de Albarracín (Teruel) permanece cerrado a falta de la concesión de la licencia apertura

El Gobierno de Aragón dice que está a la espera de una justificación de fondos que tiene que validar el Gobierno central

El antiguo convento de las Capuchinas en Gea de Albarracín se ha habilitado como residencia para 59 personas con discapacidad.

El antiguo convento de las Capuchinas en Gea de Albarracín se ha habilitado como residencia para 59 personas con discapacidad.

La Sierra de Albarracín está en lo que algunos han dado en llamar la Laponia del Sur, aunque en este rincón montañoso de la provincia de Teruel la densidad de población es todavía menor: poco más de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso es más sangrante, denuncian, que la burocracia bloquee desde hace más de un año un proyecto pensado para atender a 59 personas y crear hasta 30 empleos en Gea de Albarracín, donde un antiguo convento de los Hermanos de la Cruz Blanca se ha convertido en una residencia para personas con discapacidad. El Gobierno de Aragón, que debe conceder la licencia de apertura, dice que está a la espera del visto bueno del Gobierno central.

“Seguimos a la espera de tener buenas noticias” dice Juan Vela, vicario general de la Congregación de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, después de que hicieran pública su situación hace unas semanas y la propia consejera de Servicios Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, se interesara por la situación y fuera quien les aclaró que la apertura estaba frenada por un trámite. “Nosotros hemos presentado todos los papeles necesarios” explica el responsable de la congregación, por eso recibieron con cierta sorpresa la explicación del Ejecutivo autonómico.

Los Hermanos de la Cruz Blanca iniciaron en 2010 las obras para transformar el antiguo convento de las Capuchinas en Gea de Albarracín (Teruel) en la casa familiar de Nuestra Señora de los Dolores. Después de que Cruz Blanca subsanara varios defectos formales, explican, en 2017 se reinició el expediente administrativo para la concesión de la licencia de apertura por parte del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.

Desde hace más de un año, explican, está totalmente rehabilitada y equipada para atender a 59 personas con discapacidad intelectual y en situación de exclusión social, y esperan la apertura para crear puestos de trabajo en una zona castigada por la despoblación y la falta de alternativas laborales.

Parte de ellos además, casi una decena de esos nuevos empleos, los dedicados a recepción, limpieza y lavandería, tienen previsto que se cubran a través de la empresa de inserción de Cruz Blanca (3, 2, 1 Inserción), de forma que se generarán oportunidades para colectivos vulnerables, a los que les resulta todavía más complicado encontrar un trabajo en el medio rural.

Ayudas públicas

Desde la Congregación cuentan que en este proyecto se ha invertido más de un millón de euros con cargo al 0,7% del IRPF y fondos aportados por el Gobierno de Aragón y el Gobierno central a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), diseñado precisamente en teoría para impulsar este tipo de proyectos que generan empleo y desarrollo.

El silencio administrativo con el que se encontraban les llevó a expresar en las redes sociales a principios del mes de mayo su “profunda tristeza” y a reclamar una solución a este “bloqueo” de un proyecto construido además, gracias a la solidaridad de muchas personas además de la colaboración de las administraciones, y que “no puede dar respuesta a las grandes expectativas generadas debido a la falta de respuesta administrativa”.

Trámite con el Gobierno central

Una semana después de denunciar su situación públicamente, abordaban el asunto directamente con la consejera durante una visita de Broto a las instalaciones de la Cruz Blanca en Huesca. La versión entonces que les ofreció el Gobierno de Aragón, que han confirmado desde el Ejecutivo a este medio, era que el expediente administrativo está pendiente de la justificación de estos fondos FITE que se invirtieron en el proyecto -más de un millón de euros en total, entre estos fondos y los del 0,7% del IRPF-, un hecho del que hasta entonces la Congregación no tenía constancia.

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