La jueza del incendio de Riglos reclama al Gobierno de Aragón una lista de trabajos adjudicados en la obra donde se originó
La jueza que instruye el incendio de Las Peñas de Riglos, que arrasó 14.500 hectáreas, ha abierto una pieza separada de responsabilidad civil y ha requerido a las distintas administraciones que cuantifiquen los gastos y daños ocasionados por el peor incendio de la historia de Aragón, que obligó a desalojar 19 localidades y desplazó a más de un millar de vecinos.
Según consta en el sumario, al que ha accedido EFE, la instructora ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón una valoración de los gastos derivados de la extinción y de los daños causados al medio ambiente, incluidos los sufridos por la flora, la fauna, la biodiversidad, los ecosistemas, los suelos, las aguas, el paisaje y el patrimonio natural, además de una relación de los propietarios y municipios afectados. El mismo requerimiento ha sido trasladado a la Diputación Provincial de Huesca y a la Administración General del Estado, a las que reclama que cuantifiquen los gastos asumidos en las labores de extinción, mientras que a Protección Civil le ha pedido una relación de las personas evacuadas, realojadas o desplazadas.
Pero la instructora ha ido más allá al situar el origen del fuego en la campa de acopio de materiales de las obras de modernización de la A-132, junto a Santa María de la Peña: ha reclamado a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de esas obras; a la empresa subcontratada, la documentación de sus pólizas de responsabilidad civil; y a la Inspección de Trabajo de Huesca, los protocolos de seguridad y prevención de incendios aplicables a los trabajos.
La Guardia Civil no descarta el uso de acelerantes
El requerimiento de la jueza llega mientras el sumario de la causa recoge posiciones divergentes entre los investigadores sobre la naturaleza del origen del fuego. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil considera que el incendio es “plenamente compatible” con la aplicación directa de una llama sobre combustible natural, sin descartar el uso de acelerantes.
El sumario sitúa al trabajador investigado –identificado en las diligencias como P. A. M. U., un joven colombiano de 28 años– como la única persona documentada por las cámaras de seguridad en el foco primario en los instantes inmediatamente anteriores a la aparición del fuego. Según la secuencia analizada por el Seprona, y que cita 'Heraldo de Aragón', a las 11.50.45 horas del 10 de agosto una cámara activada por movimiento grabó al investigado dirigiéndose al borde del talud y agachándose sobre la vegetación; dejó de grabar a las 11.50.56, sin que entonces se observara humo, y cuando volvió a activarse, a las 11.51.48, ya se apreciaba humo procedente de esa zona.
Los primeros compañeros llegaron en camión sobre las 11.52 y el investigado empezó a usar un extintor unos dos minutos después. La primera llamada al 112 se registró a las 11.56.46 desde otro teléfono, y desde el suyo se llamó a las 12.03.44, aunque según el atestado fue un compañero, el topógrafo, quien la realizó.
La Guardia Civil ha destacado además contradicciones entre las primeras manifestaciones del investigado y lo que muestran las cámaras: negó inicialmente haberse acercado al talud y haber accedido a uno de los contenedores donde se almacenaban combustibles, pese a que ambos hechos quedaron registrados. Explicó que recogía restos de obra para meterlos en sacos, pero la inspección ocular no localizó ni los sacos ni los residuos junto al lugar donde se sitúa el origen del incendio, y en sede judicial tampoco pudo precisar qué hizo entre las 11.50 y las 11.52 horas.
La Fiscalía excluye la imprudencia
Por su parte, la Fiscalía de Huesca sostiene, en un escrito del 21 de agosto incorporado al sumario, que de las diligencias practicadas resulta presuntamente que el investigado se encontraba en el foco primario y fue quien aplicó fuego directamente sobre la vegetación, aunque reconoce que todavía no ha podido determinarse “si existió alguna finalidad específica”. Los investigadores han descartado provisionalmente un origen natural y causas accidentales vinculadas a actividades agrícolas o laborales, así como descargas atmosféricas o incidencias en las infraestructuras eléctricas próximas.
Para el Ministerio Público, esa aplicación directa de fuego sobre combustible vegetal confirma el dolo respecto al inicio del incendio, aunque podría apreciarse dolo eventual respecto a su propagación, por lo que considera “excluida la imprudencia”.
La investigación permanece abierta: el juzgado ha abierto una pieza separada y secreta de investigación tecnológica en la que la Fiscalía ha solicitado autorización para analizar los dos teléfonos móviles intervenidos al investigado, incluidos registros de llamadas, mensajería, navegación, geolocalización, fotografías y vídeos. Un informe del Seprona incorporado al sumario recoge además una fotografía de los primeros instantes del incendio que circuló por grupos de WhatsApp y que, según los investigadores, pudo haber sido tomada por el propio investigado durante los 56 segundos sin grabación de las cámaras.
La defensa sostiene, por su parte, que ninguna imagen recoge el momento de la ignición ni muestra al investigado utilizando un mechero, líquido inflamable u otro objeto relacionado con el origen del fuego, y considera que su presencia junto al foco constituye un indicio que necesita corroboración