Una empresa de desalojos, a juicio en Zaragoza acusada de acosar a una familia: “Tengo una hija de un año, es gente peligrosa”

Carlos, fontanero de Zaragoza de toda la vida, y Marta, limpiadora que lleva media vida en la ciudad –los nombres del matrimonio son falsos para preservar su intimidad–, viven alquilados en un piso de la Margen Izquierda junto a sus tres hijos de quince, diez y un año. Desde hace tres meses aseguran vivir un auténtico infierno ante las supuestas presiones, físicas incluso, de los integrantes de la empresa zaragozana Okupacción para que abandonen el piso, pese a que aseguran estar al corriente de pago y tienen contrato en regla. Este viernes, una de las personas que participaron en el presunto acoso en la misma puerta del domicilio, José Antonio R. C., va a juicio oral tras una denuncia del matrimonio por lesiones.

La propietaria, M. C. R. H., reconoce haber contactado con Okupacción para el desalojo. Asegura que quiere recuperar la vivienda para que su madre, enferma, pueda vivir ahí. Mientras, el propietario de la firma, el propio José Antonio R. C. –gerente de la empresa, vocal de Vox en el barrio rural de Montañana y número dos de esta formación en la lista por Pinseque en las últimas elecciones municipales–, niega las agresiones y rechaza que sean “cuatro matones”.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La pesadilla que dice estar sufriendo la familia, adelantada por Arainfo, comenzó el pasado 20 de abril. Ese día, Carlos se cruzó por la calle, cerca de su casa, con los miembros de Okupacción: entonces no conocía a la empresa, pero intuyó a que se dedicaban. “Yo no pensé que sería por nosotros porque estamos al corriente de pagos, tenemos todo en regla”, cuenta. A las dos horas recibió un burofax de la hija de la propietaria en la que reclamaba la rescisión del contrato, pese a que solo hacía un año que habían firmado el alquiler. Lo justificaba en que no tenía dinero para pagar la residencia de su madre. Ahí empezó todo: “No nos manda a un abogado, no: nos envía a los matones”, lamenta Carlos.

El padre de familia continúa su relato: “Venían a las ocho de la mañana dando golpes y más golpes. Tuve que cambiar el horario, irme antes con mis hijos. Aunque los primeros días no me dejaban salir de casa; tenía que salir con la Policía”, explica, algo que consta en la primera denuncia que interpusieron, el 22 de abril. Pero la situación fue escalando: “Un día salí con mi hija pequeña, que iba en carro, y se me ponían delante; 'que no me quito, que no me quito'. Llamé al 091 y vino la Policía, así me pude mover. Así, días y días. Me cogieron un día aquí en medio de la parada del autobús y me dijeron: 'Esto va a empezar a calentarse. Vamos a tener que empezar a apretar'. Hasta el día que la cogieron allá sola con los niños. Ese día...”.

Ese 29 de junio se presentaron cuatro personas de Okupacción en la puerta de la vivienda, donde Marta estaba con los pequeños. Ante sus “gritos”, ella abrió la puerta. Según refleja la denuncia que interpusieron esa misma mañana, comenzaron a “decir injurias” y a insultarla tanto a ella como a su marido. La inquilina optó por grabarles con su teléfono móvil, ante lo que uno de ellos le dio “un golpe en la mano” y le tiró “el móvil al suelo”. Entonces, ella empujó a José Antonio R. C. “para quitárselo de encima” y en ese momento otro de ellos –S. M., exboxeador– se puso “en guardia con intención de propinarle un puñetazo”, pero fue frenado por sus compañeros. Según Marta, su hija de un año estaba en ese momento agarrada a su pierna.

Un vídeo que ha podido visualizar este periódico corrobora los hechos relatados por la mujer, quien en la denuncia recogió que no solo les “atemorizaban a ellos”, sino también “a los vecinos de la finca”. Asimismo, indicó que se había visto obligada a ir al médico. Este viernes se dirimen estos hechos en un juicio oral por delito leve contra José Antonio R. C. en el Tribunal de Instancia de Zaragoza.

La madre describe cómo ha sido su día a día en los últimos tres meses, ante una situación que le ha obligado a coger la baja médica. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, relata. Sus hijos faltaron al colegio numerosos días por este motivo.

“Es un paripé”

“Dice que necesita que su madre venga a la casa –continúa Carlos–. Vale, pues bien. Pero, claro, debe demostrar que va a venir aquí, no basta con decirlo. Lo que no puedes hacer es alegar que no tienes dinero y mandar a unos matones que cobran una pasta. Esto es todo un paripé para que nos vayamos”, sentencia. Desde su punto de vista, el problema de fondo es que pagan 550 euros de alquiler mientras que en pisos de alrededor la renta llega a superar los 800 euros.

Su relato recibe el respaldo de dos vecinos que en el rato de esta conversación pasan a su lado. Uno de ellos es Sergio. “A mí me asaltaron en medio de la calle –cuenta–. Soy educador social y llevo 16 años tratando con asesinos y violadores, con lo que no me afectó. Iban con la bolsa de basura y no me dejaban pasar, me paraban. Me avasallaban e intentaban dar la vuelta a la tortilla para parecer ellos los agredidos”. Al igual que el matrimonio, admite que “las circunstancias de la dueña” pueden no ser “fáciles”, pero añade que “nada justifica que mande a unos matones”.

Otro vecino –son diez en la comunidad– afirma la presencia de los miembros de Okupacción y también lamenta que, debido a la tensión, sus hijos no quisieron ir al colegio.

Los vecinos acusan a los miembros de Okupacción de acciones para transmitir la imagen de que el inmueble está ocupado, como un portero arrancado o una esvástica dibujada en una puerta.

Contactada por este periódico, la propietaria, M. C. R. H., argumenta que ella misma es “vulnerable”, que está “en la unidad del dolor” y que toma “pastillas desde el año pasado” por culpa “de los impagos”, que cifra en “490 euros”. Al cuestionarle el motivo por el que no alegó estos impagos para tramitar la rescisión del contrato, M. C. R. H. alude a un primer burofax que habría enviado “en enero” al matrimonio por estos retrasos con el alquiler. La pareja tacha sin embargo de “mentira” la existencia de ese primer burofax y la propietaria del piso ha renunciado a compartir esa documentación con elDiario.es bajo el argumento de que va contra “la ley de protección de datos”. “Estoy de baja. Todo esto es solo para los cuidados de mi madre, les da igual que yo sea vulnerable”, insiste M. C. R. H.

Por su parte, el responsabe de Okupacción también desmiente las agresiones. “Podemos justificar todas nuestras actuaciones con vídeos, tenemos todo grabado. Por eso hemos denunciado tanto a un vecino como a la inquilina, que es la que se puso agresiva y me pegó un golpe a mí, que mido 1,97”, dice José Antonio R. C. Asegura que en los “nueve años” que realiza la misma labor no ha sido “nunca” condenado. “No entro en esas situaciones hostiles porque siempre estamos al filo de la navaja. Me tomo mi trabajo muy en serio, no somos cuatro matones. Hacemos lo que la justicia lamentablemente no hace”, explica.

Sobre el caso de esta familia, incide en que no les han contratado “porque haya una deuda, sino porque hay una mujer de 85 años que es vulnerable y que necesita el piso como primera necesidad. La ley dice que si necesitas la vivienda para un grado primero de consanguinidad se rescinde el contrato”.

Para eso, en todo caso, hay un plazo mínimo de dos meses desde el momento en que la propiedad comunica de forma fehaciente la causa concreta. Y, según los inquilinos, los miembros de Okupacción aparecieron por la casa el mismo día en que se entregó el burofax. “No fuimos a decirles que se fueran, sino a trasladarles que ese burofax había sido enviado y que en unos dos meses se tienen que ir de la propiedad. Lo primero que somos es personas, hay que entender a la otra parte”, argumenta José Antonio R. C.