Una “privatización programada” de la sanidad rural de Aragón: más de un millón de euros a Ribera Salud y Quirón
La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.
La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.
El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.
Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.
Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.
En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.
Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.
Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.
El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.
Cobertura de plazas
La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.
Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.
Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.
A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas.
Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa
El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.
El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.
Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.
Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.
En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.
En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.