Víctima de violencia de género, con dos hijas y a punto de dar a luz: Sonia afronta un desahucio y busca un piso asequible

Sonia Segura, de 36 años, tiene dos hijas de 17 y 9 años y está embarazada de una tercera, de la que sale de cuentas el próximo 1 de noviembre. El 13 de noviembre, apenas doce días después de la fecha prevista para el parto, está señalado el lanzamiento de la vivienda en la que reside en Alagón, en la provincia de Zaragoza. Tiene reconocida la situación de vulnerabilidad y es víctima de violencia de género, pero todavía no ha encontrado un alquiler asequible para su familia, por lo que pide más tiempo para encontrar una casa que pueda pagar: “Yo lo único que pido es un poco más de tiempo hasta que me aparezca un piso”, explica. 

Su actual pareja la está ayudando a buscar vivienda, pero asegura que las dificultades económicas y los requisitos de los propietarios les cierran las puertas. “Con lo que cobro no se puede, no hay manera de alquilar nada con los precios de la vivienda actuales, se nos ha ido echando el tiempo encima, está todo imposible”. 

La situación, que ha adelantado esta semana 'Heraldo de Aragón', se ha vuelto especialmente angustiosa por la proximidad del parto. Sonia cuenta que tiene anemia, se encuentra muy débil y los nervios le están pasando factura. También le preocupa cómo organizar una mudanza con tan poco margen y qué hacer con sus pertenencias, incluso en el caso de que alguien pueda acogerla temporalmente. “No sé dónde meter mis cosas”, lamenta. A sus hijas todavía no les ha contado que tendrán que abandonar la vivienda: “Estoy muy agobiada, nunca te imaginas llegar a esta situación”. 

El procedimiento judicial tiene su origen en la demanda de desahucio por precario presentada por la propietaria del inmueble, la madre de su expareja, con quien Sonia mantuvo una relación de 14 años. La pareja se rompió tras un caso de violencia de género y una condena por amenazas tras la que se le impuso la prohibición de aproximarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse en dos años, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza de marzo de 2025. 

La resolución considera probado que, durante una discusión por la separación y en presencia de la hija de ambos, que entonces tenía siete años, el hombre amenazó a Sonia con degollarla, enterrarla viva y no descansar hasta verla “bajo tierra”. La magistrada considera que el testimonio de la mujer fue coherente y creíble, y que estaba corroborado por cuatro grabaciones de audio en las que se escuchaban amenazas similares. La sentencia, sin embargo, lo absolvió del delito de malos tratos por una supuesta agresión física denunciada al día siguiente, al considerar que no había pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sonia relata que las discusiones se intensificaron cuando decidió terminar la relación y que llegó a denunciar las amenazas después de que la Guardia Civil las escuchara. Tras la ruptura, ella permaneció en la vivienda con su hija, mientras su expareja abandonó el domicilio. La relación con la propietaria se deterioró y, según afirma Sonia, llegó a quedarse sin suministro eléctrico. “Me cortaron los cables de la luz. Cada vez que venía Endesa a poner la luz me decían que era una okupa. Yo no lo considero así”, sostiene.

La mujer explica que intentó regularizar su situación mediante un contrato de alquiler, pero que la propietaria se negó a firmarlo. Asegura que esta negativa está relacionada con la denuncia contra su hijo y con la orden de alejamiento. “La entiendo, pero es que vivo con su nieta”, afirma. La demanda presentada por la ahora exsuegra de Sonia fue estimada y el procedimiento ha llegado a la fase de ejecución del lanzamiento, previsto para el 13 de noviembre a las 10:45.

La defensa pide suspender el lanzamiento

El abogado Javier Ferreira, del despacho KLYO Abogados, ha presentado un escrito para solicitar que se suspenda el lanzamiento y se requiera a los servicios sociales para que proporcionen una alternativa habitacional a Sonia.

La defensa sostiene que debe aplicarse el artículo 2.2 del real decreto publicado en el BOE que invoca en su escrito. Según explica el letrado, la norma permitiría solicitar la suspensión del lanzamiento en las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso. Ferreira asegura que ya se habían intentado otras vías para paralizarlo, pero que las suspensiones anteriores habían perdido vigencia y el procedimiento continuó.

“Su situación es francamente angustiosa”, resume el abogado, que considera necesario que se tenga en cuenta la situación de la mujer y la falta de una alternativa habitacional antes de ejecutar el desahucio.

Sonia explica que ha tenido dificultades para obtener el reconocimiento de su vulnerabilidad y que, cuando ha intentado acceder a recursos de vivienda, se ha encontrado con nuevos obstáculos. Afirma que se ha inscrito en una bolsa de pisos, pero que le han comunicado que ocupa una posición muy retrasada porque no dispone de contrato de alquiler.

Mientras tanto, la búsqueda de vivienda continúa sin resultados. Sonia insiste en que no pretende quedarse en el inmueble sin una solución ni prolongar indefinidamente el conflicto, sino disponer del margen necesario para encontrar un hogar para sus tres hijas. “Si no tengo dónde irme, ¿qué hago?”, se pregunta. “No encuentro salida ni nada por ningún lado”.