El Gobierno de Asturias ha valorado este jueves de manera “muy positiva” el dictamen emitido por la Comisión Europea respecto a la prórroga del peaje de la autopista del Huerna, en el que “se considera que el Ejecutivo central vulneró la normativa de contratación pública de la Unión Europea”, y ha vuelto a reclamar la eliminación definitiva del cobro en el principal paso hacia León y el resto del país.
El organismo comunitario ha informado de que continúa con el procedimiento de infracción contra el Estado español por la prórroga hasta 2050 de la concesión de la autopista AP-66 sin licitación pública, al entender que esta medida contravino la legislación europea, ha explicado el Ejecutivo asturiano.
El Principado ha señalado, en un comunicado, que esta decisión refleja las “serias dudas sobre la legalidad de una medida que ha perjudicado gravemente a la comunidad y que fue adoptada de forma unilateral por un gobierno del Partido Popular”.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha calificado de “demoledor” el dictamen de la Comisión Europea, dado que expone hechos “de la máxima gravedad”.
Además, ha emplazado al PP a “asumir la responsabilidad de las decisiones que en su momento tomó su gobierno, aparentemente vulnerando la legislación comunitaria, y provocando un severo daño a Asturias”.
Calvo ha expresado también la disposición del Gobierno de Asturias “a adherirse a cuantos procedimientos puedan derivarse del dictamen europeo”, con el objetivo de lograr la eliminación definitiva del peaje del Huerna, una “demanda histórica” de la ciudadanía.
El Ejecutivo se ha comprometido, asimismo, a poner a disposición de las instituciones comunitarias “toda la información técnica pertinente para contribuir a la resolución del caso”.
La Comisión Europea dio este jueves un ultimátum a España advirtiéndole de llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66, porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública.
España extendió las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos.
Bruselas considera que a ojos de esa normativa y los principios de igualdad de trato y transparencia “estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales que equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación competitivo”, según dijo en un comunicado.