El Ministerio se persona en el expediente de sanción a la concesionaria de la autopista León-Asturias y tensiona el Gobierno
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha personado como “parte y persona interesada” en el expediente sancionador abierto por el Principado contra Aucalsa por mantener sus tarifas pese a las obras que dificultan el tráfico en la autopista León-Asturias, AP-66, llamada del Huerna.
Tras esta decisión, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, gestionada por Izquierda Unida (IU), socios del PSOE en el Gobierno regional, ha mostrado su sorpresa por una medida que evidencia, a su juicio, una falta de coordinación entre administraciones. Una nueva vía de tensión interna entre los socios.
Según el Gobierno asturiano, pero por boca de IU, no está claro si con esta decisión el Ministerio pretende “rescatar a los asturianos” o a la empresa que gestiona la autopista, al tiempo que ha advertido de la paradoja de que Transportes pueda acabar protegiendo a la concesionaria, resalta Efe.
El Servicio de Consumo estudiará la solicitud para determinar su procedencia y viabilidad legal antes de adoptar una decisión, que, según ha precisado la viceconsejera, se basará en criterios técnicos y estará ajustada a derecho.
El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por una presunta infracción “muy grave” en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra “grave” por una deficiente señalización de las obras.
Por la mala señalización de los trabajos, que afectan a casi un 40 por ciento del recorrido, y no informar a los conductores de esa situación antes de coger la autopista, se plantea una multa de cien mil euros, mientras que por no ofrecer el servicio que debería darse se baraja otra de un millón de euros, cantidades que suponen la mayor sanción planteada hasta ahora en materia de consumo en Asturias.
El Principado ha anuncio además un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000, por el úlimo Gobierno de José María Aznar, de prorrogar hasta 2050 el peaje de la autopista León-Asturias y mantiene también abierta la puerta para llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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