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Aucalsa se niega a rebajar el peaje del Huerna y el Gobierno asturiano propone una multa de más de un millón de euros

Aucalsa sigue cobrando íntegra la tarifa del peaje del Huerna, pese a las obras, las deficiencias de la infraestructura y la falta de información a los usuarios.

Pilar Campo

Oviedo/ Uviéu —

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El Gobierno de Asturias ha cifrado en 1,1 millones de euros la cuantía económica con la que va a proponer sancionar a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna, por su negativa a rebajar el coste del peaje pese a las obras, el deterioro de la infraestructura y la falta de información a los usuarios.

No es una novedad que los usuarios de esta autopista siguen sufriendo con impotencia las consecuencias de la falta de mantenimiento de la autopista, mientras sus responsables miran hacia otro lado empecinados en mantener íntegro el cobro del peaje.

Abocados a la sanción

Ni las reclamaciones de las asociaciones de consumidores, ni las peticiones del Gobierno asturiano han hecho mella para que se planteen siquiera la revisión de las tarifas, pero la paciencia de unos y otros tiene límite y se agota.

Ante esta situación, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha puesto sobre la mesa la vía de la sanción para penalizar la actuación de la concesionaria.

De izquierda a derecha, Beatriz González Prieto, Ovidio Zapico y Faustino Zapico, este viernes, durante la rueda de prensa en Oviedo/Uviéu.

Las inspecciones

Ovidio Zapico ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación acompañado del director general de Consumo, Faustino Zapico, y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto para anunciar que el próximo lunes, día 27, elevará al Consejo de Gobierno la propuesta para iniciar un procedimiento sancionador contra Aucalsa.

La propuesta se realiza por la presunta comisión de infracciones en materia de consumo al mantener el cobro íntegro del peaje del Huerna pese al grave deterioro de las condiciones del servicio y no facilitar a las personas usuarias información suficiente sobre el alcance de las obras y las restricciones antes de acceder a la autopista (AP-66).

Zapico ha explicado que esta decisión culmina “meses de trabajo” de la Dirección General de Consumo y de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, que se concretan en las inspecciones realizadas sobre el terreno y los sucesivos requerimientos a la concesionaria.

“Es una auténtica vergüenza”

“Llevamos muchos meses inspeccionando una situación que convierte demasiadas veces la autopista del Huerna en una auténtica ratonera para los asturianos y asturianas. Es la principal vía de comunicación con la Meseta y sigue funcionando en unas condiciones que son una auténtica vergüenza”, ha calificado el consejero.

La propuesta plantea una sanción de 1.100.000 euros, de los que el grueso de la partida -un millón de euros- responde a su responsabilidad en una infracción muy grave por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado de las condiciones del servicio.

Los abusos

Los cien mil euros restantes se corresponderían con una infracción grave al considerar que la información facilitada a las personas usuarias sobre las obras y las restricciones no permite decidir con conocimiento de causa si utilizar la autopista o una vía alternativa.

El titular de Derechos Ciudadanos reconoce que se están produciendo abusos ya que “se están cobrando más de 16 euros por una autopista que, en el mejor de los casos, funciona como una carretera de un solo carril. Entendemos que se están vulnerando los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, ha añadido.

La mayor sanción

Ovidio Zapico ha defendido que la propuesta responde a una cuestión de justicia con las personas usuarias y ha subrayado que se trata de la mayor sanción impulsada por la Dirección General de Consumo: “Lo hacemos con el convencimiento de que es de justicia social poner límites a los agravios que esta concesionaria ejerce sistemáticamente contra los asturianos y asturianas”.

El consejero ha reiterado, además, que la solución definitiva pasa por la desaparición del peaje del Huerna, que ha vuelto a calificar de “injusto e ilegal”.

“El peaje no debería cobrarse”

Además, ha insistido en que la propuesta sancionadora no altera la posición del Gobierno de Asturias sobre el futuro de la AP-66 y ha manifestado que, mientras continúen las obras y las graves afecciones a la circulación, el peaje no debería cobrarse.

“En la situación en la que está hoy la autopista del Huerna, las barreras de los peajes de Villablino y La Magdalena tienen que estar levantadas. No entiendo otro escenario que no sea ese: libre circulación mientras persistan las obras, los atascos, las caravanas y la congestión de la calzada”, ha dicho.

“Lo deseable hubiera sido un acuerdo”

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado que el Gobierno de Asturias ha actuado con Aucalsa como lo hace con cualquier empresa que incumple la normativa de consumo y ha recordado que antes de llegar a esta propuesta se realizaron varios requerimientos para intentar corregir la situación.

La viceconsejera ha señalado que el expediente se ha tramitado respetando todos los plazos legales y la existencia de actuaciones en la Fiscalía no impedía continuar el procedimiento administrativo.

En su opinión, “lo deseable habría sido alcanzar un acuerdo que evitara llegar a este punto, pero la empresa no aceptó los requerimientos formulados por la Dirección General de Consumo”.

La propuesta se elevará al Consejo de Gobierno

El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que el expediente se apoya en las inspecciones realizadas durante los últimos meses, así como en el análisis de las reclamaciones presentadas por usuarios y asociaciones de consumidores.

Una vez que la propuesta de sanción sea analizada y aprobada por el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será notificar el acuerdo a Aucalsa para el caso de que opte por presentar alegaciones.

Si la concesionaria decide alegar, la Administración regional examinaría sus argumentaciones antes de adoptar una resolución firme que, en su caso, pondría fin al procedimiento en vía administrativa. Si la empresa no estuviera conforme con la decisión, podrá recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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