César Alonso Guzman, agente de Medio Natural desde hace casi 30 años, ha reconocido este martes ante la comisión que investiga en el parlamento asturiano el accidente que costó la vida de cinco trabajadores en la mina de Zarréu que la administración “muchas veces avisa con tiempo” de que va a hacer una inspección.
“Si avisan al tío de la mina de que van el miércoles, ese día no habrá actividad”, ha afirmado en una comparecencia en la que ha incidido en que a pesar de que en 2022 se hizo un primer acta que alertaba de actividad no autorizada en la mina de Zarréu (Degaña), “las cosas continuaron por un estilo hasta la desgracia del accidente”, que tuvo lugar el pasado 31 de marzo.
Tras la explosión de grisú registrada ese día en el nivel tercero de la mina, se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón, por lo que la Comisión de Investigación ha llamado a comparecer a varios de estos agentes.
Falta de agilidad
En opinión de Alonso Guzmán, “salta a la vista que no hubo una tramitación suficientemente ágil como para ver qué estaba sucediendo en esa mina, si había actividad y de qué tipo” tras ese acta levantada por un guarda, “la primera notificiación oficial que existe en la administración de que había actividad en esa mina”.
“Con el primer acta que indica que hay actividad, inmediatamente, y sin avisar, hay que personarse allí con la guardia civil o con los agentes de la zona”, ha señalado este agente que trabaja en el área de Vegadeo, que ha reconocido que en su trabajo no ha tenido relación alguna con la mina de Degaña, aunque es amigo del agente que levantó el acta.
Alonso Guzmán ha criticado también abiertamente el funcionamiento del servicio al que está adscrito y la forma en la que se tramitan las actas y denuncias que levantan los guardas, que se las envían al guarda mayor para que éste las dé traslado a Oviedo, “donde es imprevisible saber lo que puede pasar”.
“He gastado más tiempo de mi vida peleando con la administración que con los infractores, y ya lo que espero es jubilarme y perder de vista a toda esta gente”, ha afirmado este guarda de Medio Natural que ha asegurado que “en Oviedo hacen lo que les parece dependiendo del asunto que sea: si es algo que no tiene mucha importancia, se le da una tramitación muy ágil y si es algo un poco serio dicen: dejalo ahí..., vamos a preguntar. Así desde hace 30 años”.
Actuaciones caprichosas
De hecho, ha relatado que él ha tenido que recurrir directamente a la Fiscalía para que no prescribiese una denuncia que habían dejado sin archivar porque “es bastante caprichoso lo que se puede hacer con las denuncias en la administración: puede no hacerse nada, trasladarse al departamento adecuado explicando lo que pasa o directamente acudir al juzgado”.
“A veces se denuncia a una persona o a una empresa y se resuelve sin tramitar la denuncia”, ha afirmado este agente de Medio Natural que ha aclarado que en el caso concreto de la mina de Zarréu no sabe qué sucedió con las actas o si hubo denuncias.
Asimismo, ha asegurado que los guardas cada vez reciben menos información de lo que sucede con las actas y las denuncias que hacen porque en muchos casos “no van a estar conformes y van a intentar aportar más información o acudir a otro estamento”.
En su opinión, hay “una falta de flujo de información, de paralización voluntaria o ralentización” en la tramitación de las actas, y en el caso concreto de la mina de Degaña, ha señalado que “los hechos están ahí; no hay agilidad” porque “cuesta creer que no les diera tiempo en tres años”.
Aunque ha reconocido que hay funcionarios que hacen su trabajo bien, ha señalado que en este caso “nadie parece saber nada” y que confía poco en que la comisión parlamentaria que investiga la mina vaya a provocar dimisiones.
El portavoz socialista en la comisión, René Suárez, ha insistido en que este agente, que en el pasado mayo publicó un artículo de opinión titulado “Legislando para el desastre”, no tiene ninguna relación con la mina de Degaña, que desconoce si se hicieron inspecciones tras las actas o si se estaba extrayendo carbón.
Este martes se celebra la segunda sesión de la comisión de investigación. En la jornada de ayer, declararon otros tres agentes de Medio Natural de los 81 que han sido citados por esta comisión, que tiene fijadas más declaraciones todos los días que restan del mes de julio y que volverá a retomar los trabajos el 1 de septiembre.
El primer testimonio recabado ayer por la comisión de investigación no fue relevante, ya que su trabajo se limitaba a firmar electrónicamente desde Oviedo las actas o denuncias que hacen llegar los guardas mayores y subirlas a una base de datos para que el coordinador del servicio proceda posteriormente a su tramitación.
“Me limito a subirlos y a veces no los leo”, ha señalado esta agente de Medio Natural que ha asegurado no tener información sobre las empresas que explotaron en los últimos años la mina de Zarréu ni sobre la existencia de trabajos en la bocamina.
Lo que sí ha asegurado es que todas las actas o denuncias que les hacen llegar los guardas se tramitan y que no hay problemas de coordinación en su servicio, pero sí algún fallo, como cierta tardanza que, en su opinión, puede estar relacionados con la falta de personal.
Otro agente de Medio Natural que estuvo destinado en Ibias, pero llevó a cabo trabajos puntuales en Degaña, explicó que desconocía la existencia de actividades extractivas o vertidos irregulares en el Grupo Cerredo porque no hizo ninguna actuación ahí, y además no es de la zona “y es ajeno al mundo de la mina”.
Este agente, con 35 años de experiencia, firmó en junio de 2024 un informe sobre el reacondicionamiento y ampliación de una pista en un monte de utilidad pública cercana a la mina de Zarréu, si bien ha señalado que fue llevada a cabo por un particular y que se encontraba en otra ladera distinta a la que alberga la mina.
Al igual que la primera compareciente, ha respaldado el sistema que utilizan para levantar actas, ha asegurado que no hay problemas de coordinación en su servicio y que pueden tramitar con facilidad los documentos.
Carencia de medios
En la sesión de la tarde compareció otro agente de Medio Natural, que actualmente desarrolla su labor en las Brigadas de Investigación de Incendios (Bripas) en siete concejos del suroccidente asturiano, entre ellos Degaña, pero que no ha realizado “ninguna actuación en el entorno de la mina ni alrededores”.
Tras asegurar que desconoce la existencia de actividad irregular en relación a la explotación, más allá de lo conocido a través de los medios de comunicación, ha explicado que sí emitió varias actas sobre la presencia de vertederos de neumáticos en Degaña, aunque dijo “desconocer” que tengan alguna vinculación con la mina.
El agente ha denunciado en su intervención la “carencia” de medios materiales y humanos en su servicio, ha alertado de la “falta” de formación y de protocolos que permitan “agilizar las labores diarias” y también ha dicho desconocer si hay problemas de coordinación entre departamentos, aunque ha apuntado que “no fluctúa” como debería, a su juicio, la información entre el propio cuerpo de agentes.
Listado de 81 comparecientes
La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón de la mina, y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas de Asturias, que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad.
Las comparecencias ante esta comisión se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.
También están citados responsables de la empresa Blue Solving, encargada de la explotación de la mina de Cerredo en el momento del accidente, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas, o los alcaldes de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.