El responsable de seguridad de Zarréu no se presenta a comparecer en la comisión que investiga el accidente
El responsable de la seguridad de la mina de Cerredo en el momento en que se produjo la explosión que costó la vida a cinco trabajadores, José Antonio Fernández Casillas, no ha comparecido este miércoles ante la comisión parlamentaria encargada de depurar responsabilidades políticas por el accidente del pasado 31 de marzo, el más grave registrado en la minería asturiana en tres décadas.
Casillas estaba citado en la Cámara autonómica para las 16:00 horas, pero tras quince minutos de espera, la presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, acordó levantar la sesión “hasta nuevo aviso”.
Desde la presidencia de la comisión se explicó: “No existe certeza de que el señalamiento fuera recibido por el señor Casillas, ya que su tramitación se realizó a través de la Delegación del Gobierno ante la falta de datos postales. En estos momentos, se está procediendo a la confirmación de esta circunstancia. En caso de que se confirme que el señalamiento fue recibido y no se produjo la comparecencia, se actuará —conforme al reglamento— procediendo al traslado a la Fiscalía. Si, por el contrario, se determina que no fue recibido debido a un error técnico, se procederá al reenvío del señalamiento y al establecimiento de una nueva fecha de comparecencia”.
Según el reglamento que regula las comisiones parlamentarias, todos los citados están obligados a comparecer, aunque la obligación puede matizarse según la justificación que presenten. En función de la misma, la comisión puede elevar la incomparecencia a la Fiscalía.
Fernández Casillas había sido citado en su calidad de máximo responsable de la seguridad de la mina en el momento del accidente. La investigación apunta a que la explosión de grisú se produjo en el nivel tercero de la mina, cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón, pese a que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para realizar dicha extracción y solo podía retirar chatarra y acopios antiguos de mineral.
Derechos de explotación de la mina
Casillas, que era y sigue siendo, aunque apartado de sus funciones, secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía, visó uno de los proyectos presentados por Blue Solving, sociedad vinculada al empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como ‘Chus Mirantes’, que tenía los derechos de explotación de la mina. Además, fue el representante de la empresa con el que la entonces exconsejera Belarmina Díaz se reunió en dos ocasiones para tratar sobre la explotación, cuando aún ocupaba la dirección general de Minas.
Tras la explosión, la exconsejera responsabilizó directamente a Blue Solving y a la dirección facultativa de la empresa, señalando que, además de extraer carbón de manera ilegal, habrían incumplido la legislación de seguridad minera y vulnerado las autorizaciones. La compañía había presentado un proyecto de investigación complementario (PIC) para poder extraer hasta 60.000 toneladas de carbón en el nivel uno para aplicaciones no térmicas, como la producción de grafito, condicionado a un plan de labores que nunca llegó a presentar.