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Carlos Mascarell Vilar

Es politólogo, asesor del Consejo Europeo de Municipios y Regiones en Bruselas. Es también profesor del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Llull y participa en debates y análisis para los informativos de France 24 sobre la situación política en Cataluña. Es editor de asuntos europeos para la revista digital Finestra d’Oportunitat.

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La trampa de la legalitat: ¿ni independència unilateral, ni reforma pactada, ni statu quo?

No és molt difícil assegurar, que efectivament, el govern cessat de Catalunya ha trencat el marc constitucional i que l’estat de dret és el que ha de regular que es permet i que no es permet en democràcia. Si bé l’argument de la legalitat pot resultar atractiu en el context actual i tot dirigent hauria d’intentar aconseguir els seus objectius polítics respectant el marc jurídic sota el que actua, la aplicació de l’article 155 i la “judicialització” del conflicte amaguen en realitat i, com en quasi tots els processos d’independència, que l’estat no esta disposat a acceptar la possibilitat de que una part del seu territori s’independitzi per la via legal.

Ens trobem per tant, davant una trampa intel·lectual basada en l’ús del respecte al marc jurídic com a camisa de força i arma política davant una demanda també democràtica, que és poc probable que sigui acceptada dins del marc jurídic en qüestió. Trampa. Una argumentació, que si bé ven molt bé a les cancelleries occidentals del segle XXI (i especialment a la UE post-crisi que busca estabilitat) per què tothom esta d’acord amb que s’ha de respectar el marc jurídic existent, només busca amagar la falta de voluntat de permetre, de forma legal, que Catalunya decideixi el seu futur. Una trampa a més, que tornarem a trobar-nos el 22-D en cas de que una majoria independentista guanyi les eleccions, ja que en cas de que les seves propostes no s’ajustin a la legalitat (i inclús potser en el cas de que ho facin també), el 155 (i la via judicial) tornaran a aplicar-se a Catalunya les vegades que calgui per tal de aconseguir així, l’abandonament definitiu de les pretensions independentistes.

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La trampa de la legalidad: ¿ni independencia unilateral, ni reforma pactada, ni statu quo?

No es muy difícil asegurar, que efectivamente, el depuesto govern de Cataluña ha roto el marco constitucional y que el estado de derecho es el que debe regular que se permite y que no se permite en democracia. Si bien el argumento de la legalidad puede resultar atractivo en el contexto actual y todo dirigente debería intentar conseguir sus objetivos políticos respetando el marco jurídico en el que actúa, la aplicación del artículo 155 y la judicialización del conflicto esconden en realidad y, como en casi todos los procesos de independencia, que el estado no está dispuesto a aceptar la posibilidad de que una parte de su territorio se independice por la vía legal.

Nos encontramos, por tanto, ante una trampa intelectual basada en el uso del respeto al marco jurídico y la legalidad como camisa de fuerza y arma política ante una demanda también democrática, que es poco probable que sea aceptada dentro de dicho marco jurídico. Trampa. Una argumentación, qué si bien vende muy bien en las cancillerías occidentales del siglo XXI (y especialmente en la UE post-crisis que busca estabilidad) porque todo el mundo está de acuerdo en que hay respetar el marco jurídico existente, solo busca esconder la falta de voluntad política de permitir, de forma legal, que Cataluña decida su futuro. Una trampa, además, que volveremos a encontrarnos el 22-D en caso de que una mayoría independentista gane las elecciones, ya que en caso de que sus propuestas no se ajusten a la legalidad (e incluso puede que aunque lo hagan también), el 155 (y la vía judicial) volverá a aplicarse en Cataluña las veces que haga falta para intentar conseguir así, el abandono definitivo de las pretensiones separatistas.

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La desconcordia europea del Egeo

Más de un año después del acuerdo de la UE con Turquía, siguen existiendo serias dudas sobre su legalidad y su efectiva implementación, mientras que la reforma propuesta por la Comisión Europea respecto al reglamento de Dublín, que regula qué Estado es responsable de procesar las demandas de asilo, no parece romper con la dinámica actual.

Según informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la UE puede estar sentando un precedente peligroso en el acuerdo con Turquía y la intención de incorporar su lógica en la reforma de Dublín respecto al derecho de asilo, ya que existen serias dudas de que Turquía sea un país de origen seguro. El principio de país de origen seguro, elemento central del acuerdo, permite declarar la inadmisibilidad en el procesamiento de las solicitudes en caso de que el demandante en cuestión haya llegado a la UE a través un país en el que ya ha recibido protección (artículo 38 de la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión de protección internacional) o en el que podría potencialmente recibir tal protección (artículo 35 de la misma directiva). Si tal fuera el caso, el procesamiento puede hacerse por la "vía rápida", acelerando el retorno en 15 días y sin un análisis riguroso de la solicitud de asilo.  

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La Nueva Agenda Urbana: ¿Qué papel para ciudades y regiones?

Esta semana ha tenido lugar en Quito la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible-Hábitat III (conocida como la Nueva Agenda Urbana o Hábitat III) que reúne cada 20 años a Naciones Unidas para discutir sobre los grandes retos que suponen la urbanización y los asentamientos humanos para el planeta, así como para diseñar una nueva hoja de ruta. A pesar de que el mundo de las relaciones internacionales y de la política en general está aún muy monopolizado por los estados-nación, actores principales en las negociaciones de la declaración de Quito, las ciudades y autoridades sub-nacionales juegan cada vez más un papel determinante en la diplomacia internacional. Lo que se conoce como paradiplomacia.

¿Pero qué nos jugamos exactamente después de la aprobación de la declaración de Quito? ¿Cuáles son las demandas principales de las ciudades de cara al futuro y por qué podemos considerar la Nueva Agenda Urbana como un avance positivo para la paradiplomacia?

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