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Francisco Javier Álvarez García

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III

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'Manada' y estado democrático de derecho

‘Lo’ de la manada habrá sido o no violación (que creo que sí, como explicaré más abajo), pero eso no puede depender de que haya más o menos manifestantes en cualquier concentración, y desde luego mucho menos de las declaraciones, siempre desafortunadas, del Ministro de Justicia. Es decir: eso no está en la mano de una condena popular.

¿Quién debe ser el que decida si los miembros de la “manada” han cometido o no violación? Desde luego no ese peligroso Ministro, ni el Consejo del Poder Judicial a base de expedientes oportunistas, ni los dirigentes políticos: deben serlo los jueces y magistrados. Ellos son los únicos que, en un Estado de Derecho, deben resolver sobre la aplicación de la Ley, y quien no esté de acuerdo con sus resoluciones debe acudir a la vía de los recursos procesales regulares (ya sé que en los últimos tiempos algunos líderes independentistas catalanes opinan que es “el pueblo”, incluso su mero espíritu –que naturalmente ellos representan y configuran-, quienes deciden sobre la aplicación de la Ley y su mismo contenido, pero ese tipo de planteamientos, muy frecuentado en los años 20 y 30 del siglo pasado, sólo es asumible en el seno de movimientos políticos seriamente autoritarios).

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¿Rebelión, sedición o fracaso político?

1. Con los datos que hay sobre la mesa (los que se ponen de relieve en las resoluciones judiciales) no puede afirmarse que los políticos catalanes recientemente procesados por el Instructor del Tribunal Supremo hayan cometido un delito de rebelión. En efecto, el artículo 472 del Código Penal exige que los fines propios de ese ilícito se traten de conseguir mediante un alzamiento violento y público. Así, la violencia debe estar en una determinada relación típica con el alzamiento; es decir, no basta con que aparezcan circunstancialmente episodios violentos en un entorno de, incluso, alzamiento, sino que éste, desde un principio, debe poseer estructuralmente esos tintes violentos; así, se requiere que se haya concebido el dicho alzamiento como violento. No se trata, pues, de la mera acumulación de dos elementos, alzamiento y violencia, sino de un peculiar conjunto: el alzamiento violento. No concurriendo esta caracterización no es posible hablar de rebelión.

Se trata, la de la rebelión, de una configuración delictiva que impide, también, la construcción del tipo con dolo eventual, pues la estructura del precepto exige desde un principio esa configuración violenta del alzamiento en un tipo penal que históricamente se caracterizó, tanto en el Derecho militar como en el común, como de un alzamiento anudado a la traición (que los dirigentes de la rebelión fueran autoridades legítimamente constituidas,) o a la violencia (incluso al combate entre fuerzas): de ahí, precisamente, que la pena prevista para este delito haya sido tradicionalmente la de muerte (para los dirigentes o impulsores de la rebelión).

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Legalidad penal y proceso independentista

Los  abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.

De la conducta observada por diversos integrantes del Parlamento y el Gobierno catalán puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a lo que exige nuestro Ordenamiento Penal.

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