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Jaume Saura

Profesor Titular (Catedrático acreditado) de Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona. Presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya. Profesor visitante de Loyola Law School de Los Angeles y en otras universidades europeas y latinoamericanas. Observador internacional de diferentes procesos electorales (Sudáfrica, Palestina, Bosnia-Herzegovina, Togo, Timor Oriental, Perú, Guatemala). Autor de diversos libros y artículos sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario, uso de la fuerza en las relaciones internacionales, etc. Coordina la clínica de derechos humanos del programa "dret al Dret", así como el programa de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UB.

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La Unión Europea se aleja de la Europa de los Derechos

Artículo en colaboración con el Institut de Drets Humans de Catalunya

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La Carta Social Europea: esa desconocida...

El pasado 29 de enero de 2014, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió sus conclusiones anuales sobre el grado de cumplimiento de la Carta Social Europea por sus Estados parte. En relación con el Reino de España, advirtió con contundencia que la normativa que impide el acceso de los extranjeros en situación irregular (salvo mujeres embarazadas, menores de edad y casos de urgencia) al Sistema Nacional de Salud constituye una vulneración del art. 11.1 de la Carta Social Europea. La nueva reprimenda a las políticas públicas del Gobierno del Partido Popular, que se añade a la que le infligió el informe que en octubre presentó el Comisario Europeo de Derechos Humanos, es una buena ocasión para recordar los límites y potencialidades de esta Carta Social.

Los Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron en 1961 la Carta Social Europea (CSE) o Carta de Turín, el segundo gran instrumento de derechos humanos de esta organización internacional después del Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950). Contiene una lista de 19 derechos sociales en el ámbito principalmente laboral y de la salud. En 1988 se adoptó un Protocolo adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 adoptó un nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea (revisada), hasta alcanzar los 31 derechos sociales.

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Las seis violaciones de la Carta Social Europea por España

Ya hemos explicado en otro lugar qué es la Carta Social Europea (CSE) y cuáles son las funciones de su órgano de supervisión, el Comité Europeo de Derechos Sociales. Señalábamos entonces que, de acuerdo con la obligación que tienen todos los estados parte en la CSE de elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de su articulado, España había presentado en octubre de 2012 el preceptivo informe sobre los derechos del ámbito de la salud y la protección social (artículos 3, 11, 12, 13, 14 de la CSE y art. 4 del Protocolo), que el Comité ha revisado a lo largo de 2013. Las conclusiones del Comité respecto de estos artículos se dieron a conocer el pasado 28 de enero y han causado cierto revuelo al constatar, como venían denunciando numerosas personas y entidades en nuestro país, que la exclusión de las personas extranjeras del Sistema Nacional de Salud por razón de su estatus irregular constituye discriminación y una violación de la CSE.

En realidad, un análisis pormenorizado de las conclusiones del Comité respecto del informe de España permite constatar que en ciertos aspectos nuestros estándares de derechos en el ámbito de la salud son satisfactorios. Así, el Comité valora positivamente nueve obligaciones concretas que se derivan de los artículos citados, como por ejemplo en lo relativo al contenido de la legislación sobre higiene y seguridad en el trabajo (art. 3.1), las medidas adoptadas para la prevención de las enfermedades (art. 11.3), el derecho a la seguridad social (art. 12.2) o la asistencia de urgencia para no residentes (art. 13.4), entre otros.

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La criminalización de la protesta: una visión europea

La semana pasada Aida Guillén explicaba en estas mismas páginas cómo el informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa le sacaba los colores al Gobierno de España en relación con el impacto en materia de derechos sociales que estaban teniendo los recortes presupuestarios en nuestro país, en particular por lo que se refiere a menores de edad y personas con discapacidad. El mismo informe, en su último tercio, abunda en otro de los grandes ejes de la regresión en derechos humanos que estamos sufriendo de un tiempo a esta parte: los abusos del Estado en el marco de su función represiva y la criminalización de la protesta. En particular, cuatro son los temas que preocupan al comisario.

El primero, en absoluto novedoso, es la práctica continuada de la “detención incomunicada”: la mayor parte de las demandas por torturas presentadas contra España en organismos internacionales, dice, “hacen referencia a los malos tratos infligidos por la Guardia Civil a personas que se encontraban bajo detención incomunicada”. En este sentido, el Institut de Drets Humans de Catalunya ha publicado un informe recientemente sobre distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan al Reino de España por falta de investigación de alegaciones creíbles de torturas.

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Autodeterminación y derecho a decidir: reflexiones desde el derecho internacional

La declaración institucional del Parlamento de Cataluña del pasado 23 de enero de 2013 da por supuesto el derecho del pueblo de Cataluña a “decidir”, pues lo que se aprueba es “iniciar el proceso para hacerlo efectivo”; el fundamento del derecho sería que, “por razones de legitimidad democrática”, dicho pueblo tiene “carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Dado el papel que la declaración otorga al “diálogo con la comunidad internacional” (punto cuarto) y al europeísmo (punto sexto) puede resultar interesante analizar el derecho a decidir desde la perspectiva del derecho internacional contemporáneo.

Empecemos diciendo que no existe tal cosa como un “derecho a decidir” en derecho internacional. Se trata de una expresión desconocida y, en consecuencia, sin contenido jurídico. Lo que sí existe es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que supongo que el derecho a decidir quiere soslayar sutilmente. Se ha dicho hasta la saciedad, en distintas opiniones publicadas, que el derecho a la autodeterminación de los pueblos solo alcanza a los “pueblos y países sujetos a dominación colonial” [Resolución de la Asamblea General de la ONU 1514 (XV) de 1960], pero se olvida que la autodeterminación también se ha formulado como un pre-derecho humano de carácter colectivo [artículo 1 común a los Pactos de derechos humanos de 1966] y como un derecho de “todos los pueblos” [Resolución AG 2625 (XXV) de 1970].

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