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Joaquim Bosch

Magistrado. Ingresó en la carrera judicial por oposición en 2002. Ha desempeñado su actividad profesional en los juzgados de Barcelona, Denia, Vinaroz y Massamagrell. Actualmente es juez de primera instancia e instrucción en Moncada (Valencia), en cuyo partido judicial es el magistrado decano. Ha participado como ponente en numerosos congresos, cursos y actividades formativas de ámbito estatal e internacional, sobre materias referentes a la prueba en el procedimiento civil, la regulación legal de la violencia de género, la naturaleza de las partes procesales, la reforma del Código Penal, las rupturas familiares, las ejecuciones hipotecarias o la independencia judicial. Colabora habitualmente como experto en temas jurídicos en La Sexta y Cuatro. Entre 2012 y 2016 ha sido portavoz nacional de Jueces para la Democracia.

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8 claves para entender la sentencia de 'la manada'

1.- Los hechos denunciados en el denominado caso de ‘la manada’ generaron una comprensible indignación de la ciudadanía, que reclamó una condena proporcionada si los mismos quedaban acreditados en un juicio. El relato de la denunciante refería una violación múltiple cometida por cinco hombres, en circunstancias muy humillantes hacia la dignidad de toda persona. Y esas concepciones manifiestamente machistas quedaban acentuadas por la difusión a un grupo de amigos de vídeos de lo ocurrido.

2.- La sentencia ha provocado un enorme descontento social. El tribunal ha condenado a los acusados a 9 años de prisión por abusos sexuales y ha descartado la pena solicitada de 18 años de cárcel por agresión sexual. Sin duda, no ha dado satisfacción a esas expectativas sociales sobre una respuesta judicial ajustada al caso. A veces, las pretensiones ciudadanas no coinciden con lo previsto en el ordenamiento jurídico, aunque no podemos olvidar que los jueces siempre deben aplicar las leyes y no lo que les pide la calle. Sin embargo, creo que en el presente caso las normas sí que ofrecían soluciones adecuadas para una decisión judicial diferente. En concreto, de la propia declaración de hechos probados de la sentencia parece deducirse que concurrió una intimidación más que suficiente para determinar que existió agresión sexual.

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7 claves para entender el conflicto del referéndum catalán

1.- Las razones del malestar. En Catalunya existe una realidad social que no se corresponde con la realidad jurídica. Cerca del 80% de los catalanes no están de acuerdo con su actual sistema de autogobierno. Y esa amplia mayoría querría votar en una consulta legal, a favor de quedarse en España o de optar por la independencia. Esta situación ha sido el resultado del tortuoso camino que desembocó abruptamente en un Estatut que no es sentido allí como propio. Se rompieron las bases del consenso establecido en 1978. No hubo una perspectiva lo bastante amplia desde un Tribunal Constitucional de extracción partidista, ni tampoco desde concepciones estatales incapaces de comprender la pluralidad territorial de nuestro país.

2.- El referéndum del 1-O. En esa discordancia entre realidad y derecho debe ubicarse la convocatoria de la consulta sobre la independencia. Se trata de un referéndum contrario a la Constitución y a las leyes españolas, como admiten sus propios promotores. También contradice los criterios de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que marca unos plazos mínimos de vigencia de las leyes reguladoras de una consulta (para que pueda producirse un debate ciudadano suficiente) y unos criterios reglados compatibles con el ordenamiento jurídico. Pero se ha promovido sin contar con competencias. Ni tampoco con suficiente legitimidad social, pues ni siquiera ha sido aprobado por la mayoría de dos tercios del parlamento autonómico que permite iniciar una modificación estatutaria. Además, se han vulnerado trámites parlamentarios básicos. La ciudadanía catalana no puede tomar una decisión de trascendencia vital para su futuro en menos de un mes, sin un conocimiento adecuado de las normas aprobadas y a través de un proceso sin garantías. Por eso al referéndum del 1-O no se le puede otorgar reconocimiento jurídico.

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Internet y las redes sociales te roban los derechos

La revolución digital ha originado relevantes transformaciones sociales. Todo lo virtual suele valorarse de manera positiva y como un signo de modernidad que nos aporta progreso, prosperidad y comodidades. Sin embargo, una mirada más atenta nos puede mostrar que las luces placenteras de la red también van acompañadas de numerosas sombras, entre ellas en materia de derechos.

Internet ha generado monopolios globales muy poderosos, que se han convertido en impresionantes fábricas de datos de dimensiones desconocidas hasta ahora. Google, Amazon y las redes sociales lo saben todo sobre nosotros. Su ingente negocio consiste en gran parte en mercadear con dicha información. Cada paso que damos en el territorio virtual queda almacenado. Y estos datos, que integran nuestra privacidad más esencial, se suministran embalados a terceros sin ningún tipo de control, ni análisis sobre los conflictos de derechos existentes. Diversos organismos han expresado que las condiciones de uso sobre cesión de datos serían abusivas, al ser confusas, no negociadas y contrarias a las normas europeas.

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Un pacto anticorrupción que tranquiliza a los corruptos

En estos días aún veraniegos de negociación, ruedas de prensa e intentos de investidura se ha hecho público un pacto contra la corrupción. De salida, debe elogiarse cualquier iniciativa que ponga freno a la actuación de las tramas corruptas. Esta forma de delincuencia se encuentra muy peligrosamente integrada en nuestro sistema institucional. Y está distorsionando las reglas del juego democrático. Además, ha causado un daño económico gravísimo a la sociedad, pues los estudios más solventes nos indican que la factura de la corrupción supera a la del rescate bancario.

Sin embargo, la lectura del citado pacto nos lleva a la conclusión de que se centra en diversas cuestiones periféricas, pero no incide en los problemas centrales que permitirían atajar realmente la corrupción. El acuerdo no propugna reformas legales efectivas para acabar con la enorme arbitrariedad con la que las administraciones públicas realizan sus contrataciones, que es lo que facilita el desvío ilegítimo de millones de euros a bolsillos privados a través de mordidas escandalosas. Tampoco aporta medidas concretas que permitan a los juzgados de instrucción llevar adelante sus investigaciones en plazos razonables y con instrumentos adecuados. Ni apuesta por el endurecimiento de las penas para los corruptos, que siguen disfrutando de un tratamiento punitivo bastante benévolo, lo cual contrasta con la enorme severidad con la que se castigan en nuestro país casi todos los delitos.

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La corrupción como sistema

En una de tantas escenas memorables de la película Casablanca, el prefecto francés Renault ordena el cierre del café de Rick, ante las presiones de los nazis. Cuando el personaje interpretado por Bogart le pregunta por el motivo, el policía le contesta: "Estoy sorprendido. Me he enterado de que en este tugurio se juega". En ese momento un empleado del local llega y le entrega al prefecto un fajo de billetes y le dice: "Sus ganancias, señor".

Los indicios por corrupción detectados en nuestro país por numerosos magistrados y por abundantes informaciones periodísticas nos pueden llevar a situaciones igualmente delirantes. Y quizás ya no nos extrañemos si, en mitad de una rueda de prensa, nos encontramos con algún cargo público lanzando diatribas contra la corrupción, mientras algún croupier pasa a toda velocidad y le entrega un sobre o una caja de puros de contenido inconfesable.

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