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Joaquim Bosch

Magistrado. Ingresó en la carrera judicial por oposición en 2002. Ha desempeñado su actividad profesional en los juzgados de Barcelona, Denia, Vinaroz y Massamagrell. Actualmente es juez de primera instancia e instrucción en Moncada (Valencia), en cuyo partido judicial es el magistrado decano. Ha participado como ponente en numerosos congresos, cursos y actividades formativas de ámbito estatal e internacional, sobre materias referentes a la prueba en el procedimiento civil, la regulación legal de la violencia de género, la naturaleza de las partes procesales, la reforma del Código Penal, las rupturas familiares, las ejecuciones hipotecarias o la independencia judicial. Colabora habitualmente como experto en temas jurídicos en La Sexta y Cuatro. Entre 2012 y 2016 ha sido portavoz nacional de Jueces para la Democracia. Actualmente es portavoz territorial de esta asociación profesional en la Comunidad Valenciana.

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El virus, el balcón y las golondrinas que no volverán

Hace poco estábamos celebrando la entrada en 2020. Si observamos esas fotografías aún recientes, nos veremos alegres, algo despreocupados de cara al futuro, empapados de ilusión ante la llegada del año recién estrenado. Eran frecuentes las alusiones a unos nuevos "felices años 20". No podíamos sospechar una ruptura en nuestras rutinas diarias como la irrupción de una pandemia que nos encarcelaría en nuestras viviendas y nos haría temer por nuestros seres queridos. La realidad supera a la ficción y también la inspira.

Nos ha asaltado una especie de pesadilla inexplicable, entre una nebulosa confusa de impotencia, perplejidad e incertidumbre. Al mismo tiempo, son reiteradas las arengas de las más variadas autoridades que nos aseguran un pronto retorno a la normalidad. Pero eso no es cierto. O solo se trata de una verdad a medias. Sin duda, el coronavirus será controlado por los conocimientos científicos, los generosos esfuerzos individuales y la capacidad organizativa de la especie humana. En cambio, nos autoengañaremos si confiamos en que regresaremos a la situación anterior. La imposible erradicación completa del virus en pocas semanas y la magnitud global del zarpazo a la actividad económica van a generar obligatoriamente un impacto muy negativo a nivel internacional.

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A quienes no morirán por coronavirus

La pandemia de gripe de 1918 mató en España a más de 300.000 personas de todas las edades e infectó a cerca de 8 millones, en un país con menos de la mitad de la población actual. En todo el mundo murieron al menos 40 millones de habitantes (aunque algunos cómputos elevan bastante más esa cifra), entre ellos el pintor Gustav Klimt, el escritor Edmond Rostand o el arquitecto Otto Wagner.

Nuestras autoridades impulsaron entonces medidas urgentes que ahora nos resultan familiares. Se cerraron teatros, centros de enseñanza y recintos deportivos. Se acordaron aislamientos y cuarentenas. Las calles fueron regadas periódicamente. Se impartieron consejos sobre higiene e instrucciones para impedir el contagio. Se prohibieron las aglomeraciones y los cortejos fúnebres. Todas estas prevenciones tuvieron cierto seguimiento en los sectores sociales más acomodados. Sin embargo, fracasaron por completo en los barrios más humildes de numerosas ciudades, cuyos habitantes se habían educado en el analfabetismo y malvivían en condiciones insalubres, hacinados en covachas minúsculas, sin agua potable ni alcantarillado, ni tampoco recursos para pagar servicios médicos.

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Retrato del machista recalcitrante

Como cada año, ante la proximidad del 8 de marzo, volvemos a escuchar una pregunta profundísima que esgrimen machistas muy agraviados: "¿por qué las mujeres tienen un día internacional y los hombres no?". Nos quieren hacer creer que el machismo se ha evaporado en nuestro país de la noche a la mañana, como una especie de milagro sociológico. Ya nadie admite ser machista. Pero resulta fácil detectarlo en abundantes afirmaciones públicas. Y últimamente anda algo desbocado, como si se hubiera tomado unas copas de más y se le hubiera soltado la lengua o el nerviosismo.

El machista recalcitrante asegurará sin datos que no observa que las mujeres trabajen principalmente en los empleos más precarios, en las ocupaciones con mayor temporalidad, en las labores a tiempo parcial, en las oscuridades de la economía sumergida. Tampoco se dará cuenta de la brecha salarial por razón de género, ni de una consecuencia tan negativa como que las mujeres perciban pensiones de cuantía notablemente inferior a los varones en la etapa final de su vida. No advertirá que ellas siguen soportando la mayor carga de los cuidados y de las tareas domésticas, incluso en situaciones de similitud laboral en la pareja. Menos aún reconocerá que ellas acceden en porcentajes muy bajos a los espacios directivos públicos y privados.

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Ofender sentimientos religiosos, ideológicos y deportivos

¿Por qué un estado aconfesional debe proteger penalmente los sentimientos religiosos y no los ideológicos o deportivos? Un creyente fervoroso contestará que su fe es mucho más trascendente. Pero yo conozco a bastantes personas para las que su partido político o su equipo de fútbol son tan sagrados o más que la religión para los devotos. Afirmar el carácter preeminente de una creencia religiosa sobre otras perspectivas existenciales (y pretender que el estado convalide ese enfoque) nos lleva a la idea de una religión oficial, contraria a nuestra Constitución. Lo cierto es que carece de sentido constitucional que haya ofendidos de primera división y otros de categorías inferiores.

Un jurista piadoso quizás responda a la pregunta afirmando que en esos casos la salvaguarda de los sentimientos está vinculada con la libertad religiosa. Sin duda, se trata de un bien jurídico relevante, que debe protegerse penalmente. Esa necesaria protección se consigue castigando a quienes pretendan impedir que una persona profese una religión o practique cualquiera de los actos propios de la misma. Sin embargo, la ofensa a los sentimientos religiosos no impide a nadie la práctica de su religión, ni coarta su libertad. Cualquier ofendido puede rezar, ir a misa o salir en procesión, por lo que el castigo penal en esos casos no resultaría justificado.

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Cinco claves para entender la sentencia de la justicia europea sobre Junqueras

1.- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) supone una clara desautorización jurídica al Tribunal Supremo español. Esta resolución cuestiona diversas decisiones judiciales adoptadas en relación con Junqueras, pero además puede provocar consecuencias de enorme relevancia en otros ámbitos. Lo que indica la justicia europea es que Junqueras gozaba de inmunidad desde que fue proclamado eurodiputado electo. Y ello implicaba que el Tribunal Supremo debería haberle permitido su toma de posesión y los trámites de incorporación al Parlamento Europeo, sin perjuicio de solicitar ante dicha cámara la suspensión de su inmunidad.

2.- El Tribunal Supremo deberá responder ahora a una pregunta fundamental, que se deriva directamente de la sentencia del TJUE y que ya se ha planteado en las actuaciones. ¿Cómo pudo ser condenado alguien que gozaba de una inmunidad que impedía dicha condena? Además, fue condenado sin que nuestro alto tribunal esperase la respuesta a una cuestión prejudicial que él mismo había formulado al órgano judicial europeo. Según la letra de la resolución del tribunal de Luxemburgo, la respuesta jurídica más literal lleva a la declaración de nulidad del fallo condenatorio contra Junqueras. No podía haber sido condenado, según el ordenamiento jurídico vigente, por lo que se habrían vulnerado reglas esenciales de procedimiento que habrían causado indefensión a Junqueras.

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Desmontemos el bulo de las denuncias falsas

Los bulos suelen tener un origen, una finalidad y unos propagandistas. Estas características también concurren en la leyenda urbana sobre las hipotéticas denuncias falsas masivas de mujeres en el ámbito de la violencia de género. Se trata de un infundio que no resiste el contraste con los datos oficiales. Además, no debemos olvidar que mentir al presentar una denuncia no supone solo una conducta éticamente reprochable. Denunciar en falso es un delito. Y las infracciones penales están registradas en las estadísticas oficiales.

La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado ha vuelto a confirmar que las denuncias falsas en el ámbito de la violencia machista son numéricamente muy escasas. En concreto, las condenas por este delito se sitúan cerca del 0,01 % del total de denuncias presentadas.

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Sedición: ¿se estaban alzando quienes protestaban sentados?

El Tribunal Supremo ha condenado a algunos de los principales dirigentes independentistas a elevadas penas de prisión. Habrá tiempo para analizar el alcance de los delitos concurrentes según la sentencia, como la malversación o la desobediencia. Sin embargo, una primera aproximación a la resolución nos permite abordar los problemas jurídicos que presenta la condena por sedición, eje central de la argumentación judicial. Por ello, intentaría aportar algunas reflexiones estrictamente personales, sobre los riesgos para nuestro sistema de libertades que puede generar la perspectiva de la sentencia. Las decisiones del Tribunal Supremo deben respetarse y acatarse, pero ello resulta compatible con las valoraciones jurídicas constructivas que se puedan aportar, con la finalidad de contribuir a un debate que siempre es positivo para la sociedad.

De salida, resulta relevante que nuestro alto tribunal haya descartado la comisión de un delito de rebelión, con una argumentación que supone desautorizar la interpretación jurídica sobre los mismos hechos que habían realizado la Fiscalía y el propio magistrado instructor. La concurrencia de rebelión exigía en este caso un alzamiento violento para declarar la independencia. Sin embargo, como ya habíamos indicado bastantes juristas, la sentencia señala acertadamente que los actos violentos que se llevaron a cabo fueron muy puntuales, sin funcionalidad para imponer el propósito secesionista, y no estaban vinculados estructuralmente a los propósitos de los acusados.

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La cúpula judicial española como anomalía en Europa

La justicia no solo debe actuar imparcialmente, sino que además ha de parecer que lo hace. Sin embargo, se están reiterando episodios que evidencian las potenciales presiones externas sobre nuestros altos tribunales, a causa de una configuración estructural peligrosamente vinculada a los intereses del poder político. La gestión del Tribunal Supremo en el impuesto de las hipotecas ha sido un inquietante ejemplo. Y los males de nuestro frágil sistema de separación de poderes se han visto confirmados con el reciente anuncio de un nuevo pacto entre los principales partidos para repartirse por cuotas los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para designar al presidente del Tribunal Supremo.

El CGPJ es el órgano de gobierno de la judicatura. Cuenta con importantes atribuciones, como la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y de otros cargos judiciales de indudable relevancia. También ejerce las competencias que le permiten premiar y castigar a los jueces. Y dispone de facultades para integrar provisionalmente juzgados y tribunales. Por ello, se trata del máximo garante de la independencia judicial, lo cual habría de resultar incompatible con la instrumentalización política de su funcionamiento.

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8 claves para entender la sentencia de 'la manada'

1.- Los hechos denunciados en el denominado caso de ‘la manada’ generaron una comprensible indignación de la ciudadanía, que reclamó una condena proporcionada si los mismos quedaban acreditados en un juicio. El relato de la denunciante refería una violación múltiple cometida por cinco hombres, en circunstancias muy humillantes hacia la dignidad de toda persona. Y esas concepciones manifiestamente machistas quedaban acentuadas por la difusión a un grupo de amigos de vídeos de lo ocurrido.

2.- La sentencia ha provocado un enorme descontento social. El tribunal ha condenado a los acusados a 9 años de prisión por abusos sexuales y ha descartado la pena solicitada de 18 años de cárcel por agresión sexual. Sin duda, no ha dado satisfacción a esas expectativas sociales sobre una respuesta judicial ajustada al caso. A veces, las pretensiones ciudadanas no coinciden con lo previsto en el ordenamiento jurídico, aunque no podemos olvidar que los jueces siempre deben aplicar las leyes y no lo que les pide la calle. Sin embargo, creo que en el presente caso las normas sí que ofrecían soluciones adecuadas para una decisión judicial diferente. En concreto, de la propia declaración de hechos probados de la sentencia parece deducirse que concurrió una intimidación más que suficiente para determinar que existió agresión sexual.

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7 claves para entender el conflicto del referéndum catalán

1.- Las razones del malestar. En Catalunya existe una realidad social que no se corresponde con la realidad jurídica. Cerca del 80% de los catalanes no están de acuerdo con su actual sistema de autogobierno. Y esa amplia mayoría querría votar en una consulta legal, a favor de quedarse en España o de optar por la independencia. Esta situación ha sido el resultado del tortuoso camino que desembocó abruptamente en un Estatut que no es sentido allí como propio. Se rompieron las bases del consenso establecido en 1978. No hubo una perspectiva lo bastante amplia desde un Tribunal Constitucional de extracción partidista, ni tampoco desde concepciones estatales incapaces de comprender la pluralidad territorial de nuestro país.

2.- El referéndum del 1-O. En esa discordancia entre realidad y derecho debe ubicarse la convocatoria de la consulta sobre la independencia. Se trata de un referéndum contrario a la Constitución y a las leyes españolas, como admiten sus propios promotores. También contradice los criterios de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que marca unos plazos mínimos de vigencia de las leyes reguladoras de una consulta (para que pueda producirse un debate ciudadano suficiente) y unos criterios reglados compatibles con el ordenamiento jurídico. Pero se ha promovido sin contar con competencias. Ni tampoco con suficiente legitimidad social, pues ni siquiera ha sido aprobado por la mayoría de dos tercios del parlamento autonómico que permite iniciar una modificación estatutaria. Además, se han vulnerado trámites parlamentarios básicos. La ciudadanía catalana no puede tomar una decisión de trascendencia vital para su futuro en menos de un mes, sin un conocimiento adecuado de las normas aprobadas y a través de un proceso sin garantías. Por eso al referéndum del 1-O no se le puede otorgar reconocimiento jurídico.

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