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José María Ruiz Soroa

Doctor en Derecho y Licenciado en CC. Políticas. Profesor titular (jubilado) en la Universidad País Vasco. Abogado especializado en Derecho Marítimo.

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Las dos utopías

La modernidad occidental ha estado marcada desde hace ya siglos por la competencia entre dos utopías rivales, escribe Pierre Rosanvallon. La una es la utopía de la sacralización de la voluntad humana, la otra el deseo apremiante de regulaciones impersonales; ambas compiten entre sí porque la función de la utopía es siempre crítica, y ambas limitan nuestro mundo mental y nuestras posibilidades. Podrían caracterizarse como la utopía liberal y la utopía democrática.

El pensamiento político liberal sueña con una sociedad que esté regulada por normas generales, abstractas, impersonales y anónimas. Es decir, un mundo en que mande la ley ( rule of law) y no manden las personas. El fin perseguido es el de proteger a éstas de los excesos de los príncipes (las bestias sin bridas como las llamaba Montesquieu) y para ello sujetar al poder a normas anónimas, puros mecanismos de imparcialidad y contención. El liberalismo no cree que sea posible corregir las pasiones del ser humano, las ve como algo irreformable; tampoco cree que sea prudente intentar corregirlas o esperar un cambio en el modelo antropológico de ser humano; lo que sí cree es que es posible limitar sus efectos dañinos para la convivencia, y que esa limitación adviene mediante mecanismos o instrumentos. Entre ellos descuellan los mecanismos de decisión anónimos del tipo de un Estado de Derecho auténtico.

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El superior valor moral de los oprimidos

Va de sentencias. La más sonora la de la sociedad. Dice algo así: las denunciantes de abusos o agresiones sexuales deberán ser creídas mientras los agresores no demuestren su inocencia. Cualquier indagación o examen crítico de la veracidad de la denunciante debe ser considerado como un caso de revictimización y evitado cuidadosamente. Las defensas de los acusados no podrán recurrir a medios de prueba que cuestionen la veracidad de la denunciante mediante el examen de su comportamiento pasado o posterior. Y, desde luego, como siempre, hay que aumentar las penas, al mono leña.

Luigi Ferrajoli escribe en más de un lugar de su monumental obra que si en 1789 se hubieran puesto a votación popular los derechos del hombre que en aquella fecha se promulgaron nunca hubieran salido. Pues eso. Hoy tampoco saldría adelante la presunción de inocencia en delitos oprobiosos. Los derechos fundamentales son los derechos del débil, y aunque suene a sarcasmo el débil en Pamplona 2018 eran los de 'la manada'. E impopulares, claro. ¿Derechos para ellos? ¿Está de broma? ¿O tiene un problema, que diría nuestro ministro?

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Tapar un error con otro

El 23 de Junio de 2005 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2005 de modificación del Código Penal en la que, entre otras cosas, se suprimía su art. 506 bis. Este precepto  castigaba en aquel momento con penas de prisión de tres a cinco años a la autoridad pública que convocara consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello. Se suprimió. Se despenalizó esa conducta. Deliberada y conscientemente. Lo pidió al gobierno el PNV y éste accedió de plano: ese artículo es "superfluo e innecesario" dijo su Presidente. Así de sencillo.

Las Cortes sabían perfectamente de qué estaban hablando y sobre qué estaban resolviendo. Sabían que ese precepto estaba pensado para los referéndums independentistas promovidos por los nacionalistas. No había duda al respecto. Pero lo suprimieron. Y explicaron muy bien el por qué de su decisión en la Exposición de Motivos: tal artículo, dice ésta, "se refiere a conductas que no tienen suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión. El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad… y no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que ello sea estrictamente imprescindible. En nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la vía penal. Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal. En suma, la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas… y las conductas en cuestión no presentan las notas exigidas para proceder a su incriminación" (cursiva nuestra).

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Números y razones

Resulta un dato apabullante en su desnudez: a igualdad de esfuerzo fscal y para unas competencias homogéneas, el sistema foral de concierto procura un nivel de financiación pública que es el doble del que procura el sistema común a una región con un nivel de riqueza similar o superior. En concreto, y tomando como 100 la media de todas las CC. AA. españolas para 2011, al País Vasco su sistema le procuraba 4.225 euro por habitante (205%), mientras que a la más rica región de la Comunidad Autónoma de Madrid el suyo que es el común le aportaba 2.010 euro (103,6%).

Y no es un dato de un año aislado o particular,sino que la sobre financiación vasca y navarra se produce año tras año, se tome el período de tiempo que se tome, con la única variable de que es cada vez mayor (en 2002 era de alrededor del 160%,en 2011 ha llegado al 200%). Se trata de un desvío tan clamoroso que infringe claramente el principio de equidad o imparcialidad ante la ley, puesto que ésta trata en forma desigual situaciones iguales.

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Y sigue la ronda

La reciente negociación entre el PNV y el PP de determinados flecos pendientes en la liquidación del Cupo vasco de pasados años ha vuelto a colocar al particular sistema de financiación de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra en el centro de la atención pública, aunque sea de manera efímera y superficial. A primera vista, un sistema que, a igualdad de competencias a financiar y a igualdad de esfuerzo fiscal, garantiza a dos Comunidades Autónomas concretas el doble de financiación pública per cápita que las de la media del resto de Comunidades Autónomas (CCAA) debería llamar la atención mucho más de lo que hace, debería provocar un auténtico clamor de indignación. No es así porque no existe interés político en airearlo y porque, todo hay que decirlo, el sistema está protegido por una tupida red de seudoargumentos y seudojustificaciones que valen para satisfacer a una opinión pública perezosa ante los detalles complicados.

De ellos queremos ocuparnos en estas líneas, movidas sólo por un deseo de pulcritud intelectual en torno a este curioso fenómeno.

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Libertad y paternalismo

El poder público interviene en ocasiones sobre la conducta de los individuos para prohibirles o imponerles determinados comportamientos que, en principio, parecería que atañen sólo a la vida privada de esos mismos individuos. Se trata de comportamientos que no causan daño a ningún otro miembro de la sociedad, y por ello la causa de la intervención del Estado es sólo el propio bien del individuo afectado. Se le obliga a hacer algo (usar el cinturón de seguridad, contribuir a su futura pensión) o se le impide hacer algo (usar burka, consumir drogas) por su propio bien. Es la componente paternalista del poder que, por mucho que el nombre de paternalismo no sea del gusto contemporáneo, tiene un ámbito de aplicación bastante amplio.

En principio, el paternalismo atenta al principio de libertad individual que de manera señera definió John S. Mill al decir que el propio bien de una persona nunca es causa bastante para que los demás le impongan una conducta positiva o negativa. Teniendo muy en cuenta, añadía, que nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que daña o no daña los propios intereses, de manera que ni la humanidad completa puede decir a nadie que, porque conoce su interés mejor que él mismo, debe obedecer una norma dictada para su bien.

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Nuevos centristas laxos

Ramiro Cibrián acaba de publicar un libro, la versión aligerada de su tesis doctoral en sociología política presentada en la Universidad de Yale (la última dirigida por el maestro Juan J. Linz en su vida), libro que lleva a cabo un sólido análisis politológico de la sociedad vasca actual, de las bases sobre las que está montada su relativa estabilidad política en la etapa posviolenta, y de la fragilidad de estas bases de cara al futuro dada la persistencia de un independentismo irredento.

“Nacionalismo, violencia política y la ciudad democrática”, que tal es su título, es un estudio particularizado de las élites políticas, empresariales y profesionales de San Sebastián a través de una serie de entrevistas en profundidad a significados integrantes de ellas, pero que tiene la virtud de que la mayoría de sus conclusiones son perfectamente extrapolables al conjunto de la sociedad vasca, como lo demuestra su más que aceptable correlación con los resultados de encuestas más amplias.

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El verdadero cambio

La política no consiste al final sino en gestionar conflictos sociales. Por ello, para una buena política es muy útil y esclarecedora la clasificación que Albert O. Hirchsman hizo de en dos categorías o tipos ideales: los divisibles y los no-divisibles. Los primeros son conflictos que se estructuran en torno a las demandas que pueden describirse como de “más/menos”, los segundos en torno a las de “esto/lo otro”.

Los conflictos divisibles se caracterizan porque pueden descomponerse y satisfacerse en partes, las demandas que hay detrás de ellos pueden ser atendidas o negadas parcialmente. Los socioeconómicos son el tipo ideal de esta clase de conflictos, que por su propia definición posibilitan la negociación, el arreglo, el pacto y el juego de suma positiva que supone un resultado intermedio al originariamente perseguido por las partes en liza. Los conflictos no-divisibles se plantean, en cambio, como juegos de suma cero, en los que una parte gana todo y la otra pierde también todo, porque sólo admiten resultados extremos de sí o no. Los conflictos sobre la identidad o los religiosos tienden a ser de este tipo.

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Lo que predicen las reglas

Hay veces que conviene sacar un poco la cabeza del fragor de la batalla y, en lugar de analizar la realidad desde las preferencias de valor de cada cual, recurrir a la reflexión sobre los problemas concretos desde un punto de vista más desapasionado y técnico. Por ejemplo, pensar sobre el sudoku de cómo hacer un gobierno en España como si fuera tan sólo un juego entre varios actores, que deben ponerse de acuerdo para obtener ese resultado. Para ponerlo en marcha hay que precisar cuáles son las reglas de ese juego, porque las reglas determinan en gran manera la distinta probabilidad de los resultados posibles. Es lo que les propongo hacer en las líneas que siguen acerca del problema real en que están inmersos nuestros partidos políticos a la hora de formar gobierno. Analizarlo como un juego, para lo cual es esencial tener en cuenta las reglas que lo regulan.

Para simplificar, tenemos a cuatro partidos (A, B, C y D) que ocupan sucesivamente un espacio monotónico que va del extremo derecho al izquierdo. Para formar gobierno, dados los votos que posee cada uno, se precisa en primera instancia la conjunción de tres de ellos (mayoría absoluta) o, en segunda votación, que a esa conjunción de dos de los jugadores se una la abstención voluntaria de los otros dos (mayoría relativa).

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España: una mala salud de hierro

En los últimos decenios ha gozado de amplio predicamento entre historiadores y politólogos enfocar el estudio de las naciones desde una perspectiva “constructivista” o “inventista”, es decir, verlas no como esencias primordiales sino como realidades culturales e históricas construidas por el propio discurso que las afirma (Gellner, Anderson, Hobsbawm), fundamentalmente por el discurso llevado a cabo por los Estados liberales decimonónicos a la hora de legitimar un nuevo poder y construir una economía capitalista. Pues bien, entre los que han adoptado este enfoque entre nosotros una de las afirmaciones más repetidas es la de que el Estado (“el gran truchimán de la nación moderna”) fracasó en los siglos XIX y XX en su tarea de crear o inventar una nación llamada España, porque no fue capaz de difundir y asentar en la sociedad con firmeza el sentimiento de adhesión nacional que, por el contrario, consiguió la vecina República francesa.

Es el paradigma intelectual del fracaso del proceso nacionalizador español desde el que escriben Borja de Riquer, Alvárez Junco (por lo menos el de “Mater dolorosa”) o una socióloga como Elena Béjar, por citar algunos exponentes autorizados, y cuya demostración más evidente sería, hoy en día, la pujanza de sentimientos nacionales antagónicos en señaladas porciones territoriales del reino. Recordemos lo que exponía como “estado de la cuestión” y con notable concisión Juan José Linz en el “IV Informe Foessa” allá por los años de la muerte de Franco: “España es un Estado para todos los españoles, una nación-estado para gran parte de la población, y solo un Estado y no una nación para minorías importantes”.

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