Números y razones

Resulta un dato apabullante en su desnudez: a igualdad de esfuerzo fscal y para unas competencias homogéneas, el sistema foral de concierto procura un nivel de financiación pública que es el doble del que procura el sistema común a una región con un nivel de riqueza similar o superior. En concreto, y tomando como 100 la media de todas las CC. AA. españolas para 2011, al País Vasco su sistema le procuraba 4.225 euro por habitante (205%), mientras que a la más rica región de la Comunidad Autónoma de Madrid el suyo que es el común le aportaba 2.010 euro (103,6%).

Y no es un dato de un año aislado o particular,sino que la sobre financiación vasca y navarra se produce año tras año, se tome el período de tiempo que se tome, con la única variable de que es cada vez mayor (en 2002 era de alrededor del 160%,en 2011 ha llegado al 200%). Se trata de un desvío tan clamoroso que infringe claramente el principio de equidad o imparcialidad ante la ley, puesto que ésta trata en forma desigual situaciones iguales.

Los concertistas, que por aquí son legión, aducen que estos números tan sorprendentes no se deben a ningún defecto del sistema de Concierto o en el cálculo del Cupo, sino a una serie de “razones” que –según ellos- justifcarían de sobra el pingüe resultado que para el País Vasco y Navarra se deriva de su sistema particular. Nada de privilegio, dicen, el País Vasco se ha ganado y se gana con esfuerzo esa diferencia por las siguientes razones: porque es más rico, porque paga más impuestos, porque gestiona más eficientemente su Hacienda, porque asume un riesgo unilateral, y porque siempre ha sido así.

Analizando, que es gerundio.

“Porque es más rico”. Obviamente falso: la Comunidad Autónoma de Madrid es más rica que el País Vasco en la actualidad, luego la diferencia de fnanciación no puede deberse al índice de riqueza regional. Además, claro, el argumento choca frontalmente con el principio de equidad que defiende que todos los ciudadanos (aisladamente tomados o como colectivos territoriales) tienen derecho a las mismas prestaciones públicas básicas con independencia de su riqueza o pobreza relativa. Si alguna excepción cabe hacer a este principio será siempre a favor del más necesitado, no al revés (Rawls).

“Porque paga más impuestos”. No es cierto. Los impuestos en la CAV son en general más bajos que en el territorio español común, tanto en IRPF como en Sociedades (Zubiri 2007 y 2016).Otra cosa es que, debido a la progresividad del sistema fiscal, unos tipos efectivos más bajos produzcan unos ingresos fiscales muy superiores, algo lógico al aplicarse en regiones con mayor riqueza. Los rendimientos fiscales de la CAV son, en este sentido,superiores en un 40% a los del territorio común, igual que sucede en otra región rica como la de Madrid. Es lo mismo que pasa a nivel individual:los ricos pagan más que los pobres simplemente porque son más ricos, no porque efectúen un mayor esfuerzo fiscal. La diferencia significativa entre el sistema foral y el común es que en las regiones ricas del territorio común (Madrid) el exceso de recaudación se destina a la solidaridad interterritorial, mientras que el sistema foral hace que el País Vasco se quede para sí mismo todo ese exceso. La diferencia no está en el nivel de impuestos que soportan las Comunidades forales o las comunes,sino en el destino que se da al exceso de recaudación que obtienen indefectiblemente las más ricas: quedárselo para sí o transferirlo a otras.

Primero, no existe evidencia disponible que sustente esa mayor eficiencia que se afirma como dogma (por cierto,un dogma teñido de la lamentable superioridad moral que exhiben los Epulones ante los derroches de los pobres). Segundo, puede suponerse que efectivamente en el País Vasco se produce una mayor eficacia fiscal, pero ello sería debido a tres razones: el tamaño reducido de la región por comparación al territorio común (es más fácil gestionar los impuestos sobre un área territorial más pequeña), el hecho de que los salarios (el tipo de renta más fácilmente fiscalizable) son relativamente más importantes en la CAPV que en el territorio común, y, sólo en tercer lugar, por una mejor gestión de las Haciendas Forales. La evidencia disponible acerca del tamaño de la economía sumergida (Zubiri, Gallastegui y Fernández Macho, 2016) permite una aproximación indirecta al asunto de tal gestión.

Efectivamente, desde 1990 a 2014, la economía oculta al fisco en la CAPV fue del 17,4% del PIB, cinco puntos menos que la media española, lo cual es un indicio a favor de una mejor gestión en Euskadi. Pero, importante, resulta que: a) en la Comunidad de Madrid es incluso inferior a la vasca, un 13,6%, luego no puede estar aquí la razón de los resultados divergentes en financiación pública, y b) esos cinco puntos de diferencia con la media española se traducirían en base a las cifras del estudio citado en una mayor recaudación de alrededor de 340 millones de euros, cifra que está lejísimos de la sobrefinanciación que obtiene el País Vasco a través del Cupo y que supera los 4.000 millones.

El riesgo consistiría en que el País Vasco, si las cosas le fueran mal y su recaudación se desplomase, no podría acogerse a la “sopa boba” del papá Estado, como gráficamente se ha descrito por un exconsejero del Gobierno (de nuevo el supremacismo moral), sino que tendría que seguir pagando el mismo Cupo. Es un riesgo por el que se le estaría compensando de momento con la sobrefinanciación. ¿Cierto? Valoremos el riesgo: para que esa situación hipotética se produjera sería necesario que se diera un shock asimétrico en España (Monasterio,2015), es decir, que la economía vasca se hundiera manteniéndose sin embargo constante la economía española. Porque si lo que se da es una crisis con empobrecimiento colectivo de toda España (como ha sucedido en el pasado decenio), entonces las posiciones relativas se mantienen y no hay problema para el País Vasco, que sigue sobrefinanciada (como ha sucedido de hecho en las crisis de los ochenta y de este siglo). La posibilidad de que se produzca un tal desastre asimétrico, estando como está la economía vasca tan intrincada en la española, es más bien remota. De hecho nunca se ha producido. Incluso durante la crisis de la reconversión industrial en los 80 y 90, mucho más fuerte en Euskadi que en otras zonas, la CAPV mantuvo su riqueza superior a la media española (116% fue el índice peor en 1995).

Por tanto,vista la estabilidad con que Euskadi se mantiene por encima de la riqueza media a lo largo de toda la modernidad, el riesgo actuarial de un shock asimétrico es el mismo de que caiga un meteorito destructor sólo sobre su territorio, manteniendo incólume al resto del país. Vamos, que no.

El único meteorito que cayó sólo por aquí fue el terrorismo de ETA y, ¡mira qué casualidad!, los enormes costes económicos asociados, el cierre de Lemoniz incluido,fueron soportados a escote por todos los españoles (Diaz Morlán, 2017). Pero es que “las cosas siempre han sido así”. El País Vasco y Navarra siempre han gozado de un régimen de privilegio. Esto es cierto: gracias a sus amistades políticas en Madrid y a la tenaz habilidad en la gestión de su imagen, así como su relativa pequeñez económica, las Provincias antes y la Comunidad ahora han gozado de un régimen escandaloso de favor (el califcativo es de Alonso Olea y se refere a principios del siglo XX). Ahora bien, la Constitución se hizo precisamente para poner coto a los privilegios territoriales, por lo menos eso se dice en ella.

¿Entonces? ¿Vamos a caer en el sofsma de Jellinek que dotaba de fuerza normativa a los hechos, o vamos a reconocer que la única fuente de normatividad es la conciencia crítica?