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Laia Ortiz

Teniente de Alcaldesa de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

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Derecho a la ciudad y acceso a la energía

Estamos a las puertas de otro frío invierno y la pobreza energética sigue sin solucionarse. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad aprobada en la cumbre de Hábitat III, que busca recoger los compromisos y medidas para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades, incluye el acceso a la energía y suministros entre los derechos a proteger. La Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, con reconocida trayectoria en la lucha contra el cambio climático y participación en los foros internacionales, conoce bien las exigencias de la agenda urbana y la Carta por el derecho a la ciudad.

En las últimas semanas se han impulsado reformas en materia de autoconsumo y la eliminación del impuesto al sol, que son avances claros para poner fin al despropósito de la política energética del PP contra las renovables y la soberanía energética. Pero más allá de enmiendas al Gobierno de Mariano Rajoy, necesitamos dar un giro de 180 grados a la regulación impulsada durante décadas por el bipartidismo. El marco regulatorio eléctrico aprobado por el PP y PSOE ha permitido especular con un bien común como la energía, provocando un incremento de precios insaciable para el consumidor, un 36% desde 2014 por ejemplo, siendo el mercado más caro de Europa y con un diferencial de precios mayor entre pequeño y gran consumidor. Es decir, penalizando el acceso a la energía doméstica.

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Hablemos de prioridades: unos presupuestos sociales

Los presupuestos suelen ser la decisión más relevante de un gobierno. Es allí donde realmente se definen prioridades, el resto puede quedarse sólo en palabras. Dime qué presupuestos haces y te diré quién eres. Pues bien, si echamos un vistazo al proyecto de presupuestos presentados por el gobierno municipal de Barcelona creo que no hay duda: la apuesta de este ayuntamiento para la transformación social es evidente. Si los presupuestos nos definen, claramente confirman el compromiso con el que llegamos al gobierno: el cambio social, promover lo común frente a los privilegios de unos pocos, combatir las causas de las desigualdades sociales y ensanchar derechos y bienestar.

La priorización de esta Área dentro del conjunto del Ayuntamiento fue evidente desde el primer momento. Actuamos para responder a la situación de emergencia, con un conjunto de acciones urgentes que configuraban el Plan de Choque contra la emergencia social que aún se mantiene hoy. Así, el gasto ordinario en el primer año y medio de mandato aumentó inmediatamente de 223 a 314 millones de euros.

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Parlem de prioritats: uns pressupostos socials

Els pressupostos acostumen a ser la decisió més rellevant d’un govern. És allà on realment es defineixen prioritats, la resta pot quedar-se només en paraules. Diga’m quins pressupostos fas i et diré qui ets. Doncs bé, si fem una ullada al projecte de pressupostos presentats pel govern municipal de Barcelona crec que no hi ha dubte: l’aposta d’aquest ajuntament per la transformació social és evident. Si els pressupostos ens defineixen, clarament confirmen el compromís amb el que vam arribar al govern: el canvi social, promoure allò que és comú front els privilegis d’uns pocs, combatre les causes de les desigualtats socials i eixamplar drets i benestar.

La priorització d’aquesta Àrea dins el conjunt de l’Ajuntament va ser evident des del primer moment. Vam actuar per respondre a la situació d’emergència, amb un conjunt d’accions urgents que configuraven el Pla de Xoc contra l’emergència social que encara es manté avui. Així, la despesa ordinària en el primer any i mig de mandat va augmentar immediatament de 223 a 314 milions d’euros.

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Un dret com una casa

Tradicionalment, a l’Estat espanyol, el dret a l’habitatge ha estat considerat, amb honroses excepcions com la Llei pel Dret a l’Habitatge del 2007 del Govern del tripartit, o la legislació del País Basc, com un dret de segona categoria. Se’l mirava només com un factor d’enriquiment econòmic, i no com un dret essencial que calia preservar de la voràgine especulativa.

El resultat és prou conegut i patit: la pervivència dramàtica dels desnonaments, uns 50 a la setmana a Barcelona; de persones sense llar, unes 3.000 segons el darrer recompte; i un nombre cada cop major de persones que veuen gairebé impossible poder accedir a un habitatge per l’augment desorbitat dels lloguers. Joves i persones grans es veuen forçades a abandonar els pisos de tota la vida per l’augment de la pressió del mercat. A Barcelona, l’habitatge s’ha convertit en una mercaderia especialment atractiva per als inversos, que acaparen un 40% de les compres, exercint una forta pressió a les àrees d’alta atracció turística.

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Un derecho como una casa

Tradicionalmente, en España, el derecho a la vivienda ha sido considerado, con honrosas excepciones como la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 del Gobierno del tripartito, o la legislación del País Vasco, como un derecho de segunda categoría. Se le consideraba sólo un factor de enriquecimiento económico, y no un derecho esencial que había que preservar de la vorágine especulativa.

El resultado es bastante conocido y sufrido: la pervivencia dramática de los desahucios, unos 50 a la semana en Barcelona; de personas sin hogar, unas 3.000 según el último recuento; y un número cada vez mayor de personas que ven casi imposible poder acceder a una vivienda por el aumento desorbitado de los alquileres. Jóvenes y personas mayores se ven forzadas a abandonar los pisos de toda la vida por el aumento de la presión del mercado. En Barcelona, la vivienda se ha convertido en una mercancía especialmente atractiva para los inversores, que acaparan un 40% de las compras, ejerciendo una fuerte presión en las áreas de alta atracción turística.

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El deber de hacer todo lo posible

Los ayuntamientos nos hemos convertido en uno de los objetivos de las políticas de austeridad. El hecho de que se encuentren asfixiados y maniatados provoca que lo estén la educación pública, la salud, los servicios sociales o el derecho a la vivienda. La culpa no la tiene la crisis. La crisis es el problema, cierto. Pero gobiernos como el del ayuntamiento de Barcelona sabemos cómo hacerle frente a la vez que reforzamos los derechos sociales y combatimos la desigualdad. Y en ello estamos. Los obstáculos en el camino son muchos, pero el principal es el despropósito de política económica y fiscal del PP y la recentralización administrativa.

Para ser justos debería añadir también a CDC, pues juntos votaron a favor de la ley de estabilidad presupuestaria, o ley Montoro, que establece una regla de gasto que impone recortes (mal llamados “austeridad”) y que permite a dicho ministro imponer límites en la inversión (techo de gasto), lo que, como decía al inicio, impide a los ayuntamientos dar respuesta a la grave situación social que sufrimos.

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