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Luis Sanz Menéndez

Luis Sanz Menéndez es doctor por la Universidad Complutense de Madrid e investigador sobre políticas de ciencia, innovación y educación superior; es profesor de investigación en el CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del que ha sido director. Entre 2007 y 2015 fue presidente del Comité de Política Científica y Tecnológica (CSTP) de la OCDE

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¿Son suficientes las reformas de la gestión de la ciencia recién aprobadas por el Gobierno?

Hace un par de meses describíamos en esta sección algunos indicios de cambio en la ciencia española, centrándolos en el caso del CSIC, una de sus instituciones de referencia. Hacíamos el análisis como resultado de una iniciativa de colaboración entre científicos, políticos y gestores que comenzó hace ya más de cinco años, destinada a implementar las reformas que necesita la gestión de la ciencia española (y de la que hemos dado cumplida cuenta en este foro; 1, 2, 3, 4). En paralelo se han desarrollado nuevas iniciativas por parte de otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs), varias Fundaciones, la COSCE, la CRUE y la SOMMa, entre otros, que llegan a conclusiones similares y que se pueden resumir en un decálogo. Este decálogo representa el conjunto de normas y consejos básicos necesarios para el desarrollo de la I+D pública española.

La necesidad de implementar todos los puntos de este decálogo no implica necesariamente que haya que aplicarlos todos a la vez. Hay procedimientos y prácticas organizativas, generalmente relacionadas con la interpretación de las normas, que deben cambiarse con urgencia para evitar el colapso del sistema. Un ejemplo claro es la intervención previa de las inversiones y gastos en los OPIs, que retrasa y dificulta la gestión eficaz de los recursos económicos en el entorno competitivo y cambiante de la actividad científica, lo que acaba asfixiándola. Algunas soluciones en este sentido se incluyen en el Real Decreto Ley 3/2019 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero. La aprobación de este Real Decreto Ley (RD-L) representa, sin embargo, una oportunidad perdida para modificar otras Leyes (por ejemplo la de subvenciones, la de Régimen Jurídico del Sector Público o la general presupuestaria), cuya aplicación severa es lo que realmente asfixia el sistema español de I+D. El contexto político actual no favorece, desde luego, el desarrollo de normas de calado, que exigen debates extensos, consensos amplios y compromisos a largo plazo. De hecho, un aspecto clave que no se ha abordado en este RD-L son las dificultades de funcionamiento y de autonomía presupuestaria de Agencia Estatal de Investigación (AEI) encargada de la financiación competitiva de la actividad científica. Esta Agencia, que debería contar con una estructura de gestión independiente, tiene problemas para asegurar una agenda de convocatorias de proyectos y personal que sea estable y predecible para los grupos de investigación. Planificar la investigación a medio plazo en estas condiciones es como avanzar por un videojuego de puentes movedizos, que pueden desaparecer cuando más se les necesita: ¡Game over!

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¿Cambiará el CSIC? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Si uno atiende a los titulares y a las declaraciones, soplan vientos de cambio en la ciencia española. Tenemos de nuevo, tras una verdadera travesía en el desierto en un Ministerio de Economía que ni entendía ni apoyaba la ciencia y la innovación, un Ministerio propio: el de “Ciencia, Innovación y Universidades”. Se ha constituido una comisión parlamentaria con el mismo nombre. Y la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque nombrada por el gobierno anterior, hace gala de escuchar a sus investigadores, a los que ha citado la pasada semana en unas jornadas multitudinarias dedicadas a “afrontar los retos de la institución”. 

A pesar de la dificultad de organizar un verdadero intercambio de ideas entre más de mil participantes en una sola jornada, fue ilusionante ver cómo esta nueva Presidencia se conjuraba para potenciar algunas de las mejores virtudes de la ciencia moderna: la libre circulación de la información y la discusión abierta.  Por desgracia, tal vez por lo apresurado de las fechas (reconocido por los propios convocantes), las jornadas estuvieron dominadas por sucesivas presentaciones del equipo de gobierno del CSIC, salpimentadas por breves períodos en que una presentadores seleccionaba dos o tres preguntas de una encuesta apresurada a la que habían contestado varios cientos de científicos, con poco margen para el resumen y las conclusiones de la misma. Por la tarde, los participantes se distribuyeron en cuatro sesiones paralelas donde la intención de fomentar la discusión quedó una vez más diluida por las presentaciones institucionales. No obstante, hubo presentaciones valientes en sesiones como la de “¿Evolución o revolución?) que no quedaron del todo ahogadas por el discurso corporativo. 

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