¿Son suficientes las reformas de la gestión de la ciencia recién aprobadas por el Gobierno?

Hace un par de meses describíamos en esta sección algunos indicios de cambio en la ciencia española, centrándolos en el caso del CSIC, una de sus instituciones de referencia. Hacíamos el análisis como resultado de una iniciativa de colaboración entre científicos, políticos y gestores que comenzó hace ya más de cinco años, destinada a implementar las reformas que necesita la gestión de la ciencia española (y de la que hemos dado cumplida cuenta en este foro; 1, 2, 3, 4). En paralelo se han desarrollado nuevas iniciativas por parte de otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs), varias Fundaciones, la COSCE, la CRUE y la SOMMa, entre otros, que llegan a conclusiones similares y que se pueden resumir en un decálogo. Este decálogo representa el conjunto de normas y consejos básicos necesarios para el desarrollo de la I+D pública española.

La necesidad de implementar todos los puntos de este decálogo no implica necesariamente que haya que aplicarlos todos a la vez. Hay procedimientos y prácticas organizativas, generalmente relacionadas con la interpretación de las normas, que deben cambiarse con urgencia para evitar el colapso del sistema. Un ejemplo claro es la intervención previa de las inversiones y gastos en los OPIs, que retrasa y dificulta la gestión eficaz de los recursos económicos en el entorno competitivo y cambiante de la actividad científica, lo que acaba asfixiándola. Algunas soluciones en este sentido se incluyen en el Real Decreto Ley 3/2019 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero. La aprobación de este Real Decreto Ley (RD-L) representa, sin embargo, una oportunidad perdida para modificar otras Leyes (por ejemplo la de subvenciones, la de Régimen Jurídico del Sector Público o la general presupuestaria), cuya aplicación severa es lo que realmente asfixia el sistema español de I+D. El contexto político actual no favorece, desde luego, el desarrollo de normas de calado, que exigen debates extensos, consensos amplios y compromisos a largo plazo. De hecho, un aspecto clave que no se ha abordado en este RD-L son las dificultades de funcionamiento y de autonomía presupuestaria de Agencia Estatal de Investigación (AEI) encargada de la financiación competitiva de la actividad científica. Esta Agencia, que debería contar con una estructura de gestión independiente, tiene problemas para asegurar una agenda de convocatorias de proyectos y personal que sea estable y predecible para los grupos de investigación. Planificar la investigación a medio plazo en estas condiciones es como avanzar por un videojuego de puentes movedizos, que pueden desaparecer cuando más se les necesita: ¡Game over!

A petición de los parlamentarios de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, organizamos una jornada sobre modelos de organización de los centros públicos españoles de investigación. Su objetivo fue debatir las claves del éxito (o el fracaso) de su gestión, de su gestión y las dificultades y la burocratización creciente consecuencia de los años de crisis. Asistieron los responsables de las iniciativas autonómicas CERCA, IKERBASQUE e IMDEA, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),  el vicepresidente de investigación del CSIC, representantes parlamentarios de la Comisión, e investigadores convocantes del CSIC. El documento adjunto resume las conclusiones alcanzadas, y la propuesta de reformas y actividades a corto, medio y largo plazo, elaboradas por los gestores de la ciencia española, justo antes de la publicación del RD-L. Disponemos, por tanto, de una magnífica oportunidad para comparar las conclusiones de la jornada y este RD-L.

Los problemas de la ciencia han sido debatidos y analizados con intensidad y frecuencia en la última década, lo cual ha permitido identificar soluciones, especialmente en lo que se refiere a reformas urgentes a corto plazo. En este sentido, el RD-L incluye la eliminación temporal de la intervención previa en los OPIs, la revisión de la normativa laboral de contratación temporal, la modificación de la ley de contratos para flexibilizar los límites de gasto en contratos menores, la ampliación del plazo de vigencia de los convenios,  y la demora en el pago de los intereses de la deuda resultante de la creación de Parques científicos y tecnológicos. Incluye incluso un punto referido a la Agencia Estatal de Investigación, pero no centrado en su autonomía o su presupuesto, sino en la dotación de medios suficientes para cumplir sus deberes burocráticos de control.

La reacción general de la comunidad científica ante el RD-L ha sido la de un moderado optimismo, a pesar de las ambigüedades de redacción que pueden limitar su alcance. Las medidas que se aprobaron en el RD-L pueden contribuir a evitar el colapso administrativo de varias instituciones científicas, especialmente de los OPIs. Cabe esperar que estas buenas noticias se confirmen y se mejoren en la nueva legislatura, con independencia del color del gobierno. Sin embargo, no todo son luces, sino que también hay sombras en este RD-L. El Real Decreto Ley se queda muy corto ya que ni siquiera contempla cuatro aspectos considerados urgentes en el debate general:

Tampoco se mencionan en el RD-L los objetivos a largo plazo para la ciencia, sino que simplemente se destaca que estas medidas suponen mejoras frente a la situación actual. Este recurso, tan habitual en el lenguaje político, de no referirse a un objetivo futuro sino a una situación pasada, es preocupante para actividades como la ciencia que requieren de una planificación estratégica a largo plazo. En este contexto, es destacable que la Agenda del Cambio 2030, liderada por el Ministerio de Economía y Empresa, señale que: “España debe aumentar sustancialmente su inversión en ciencia básica para mantener el buen nivel actual, estabilizando el sistema desde el punto de vista presupuestario y de personal cualificado, y fomentando su actividad de transferencia al tejido productivo”.

No es posible juzgar la eficacia potencial de las medidas del RD-L , que deben someterse aún a convalidación en el Congreso de los Diputados, sin tener una referencia de los objetivos a alcanzar, cuyo debate y desarrollo, sin ser tan angustiosamente urgente como las medidas adoptadas, es sin embargo esencial para asegurar el funcionamiento de la I+D española. Unas nuevas elecciones, y la formación de un nuevo gobierno y los difíciles equilibrios de poder, tampoco ayudan a asentar el trabajo realizado durante los últimos años en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Es de agradecer que esta Comisión haya pretendido, en estos meses de trabajo, alcanzar un consenso político sobre las medidas a largo plazo que deberían facilitar que la I+D española sea tratada, por fin, como política de estado.

No se debe perder de vista la necesidad de reformas estructurales que favorezcan la sostenibilidad de la política científica y que eviten la necesidad de reformas urgentes, a corto plazo y puntuales como las aquí analizadas. Es más eficiente promover una Ley de la Ciencia que aborde de forma integral los problemas generales y que simplifique la enorme burocratización que ahoga la actividad científica que continuar parcheando otras leyes. Las ideas generales sobre la naturaleza de estas reformas están en gran medida recogidas en los informes y propuestas elaboradas a lo largo de estos años de crisis por varias instituciones. Va siendo tiempo de concretar las medidas, y, sobre todo, de ponerlas en práctica. Sólo así podremos seguir compitiendo en la primera división de la ciencia, en la que ya estamos por rendimiento, pero aún no por la calidad institucional de nuestros centros y organizaciones de investigación.